Pymes en riesgo por multas anticipadas, alertan contadores

Un fallo de la Sala Constitucional obligaría a las empresas a pagar o garantizar un pago en 30 días, en caso de que, al ser auditadas por Tributación, se descubra que las ganancias reportadas son menores a la realidad.
Actualmente, cuando esto sucede, la empresa apela el cobro de Tributación ante un juez, lo que le permite ganar tiempo en un proceso legal que toma varios años, en la mayoría de los casos.
Si la Sala IV encuentra que no hay ninguna violación en el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, tendría las facultades para hacer estos cobros, que en muchas ocasiones son sumas millonarias.
Sin embargo, este cobro significaría la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas.
En muchos casos, las multas resultan impagables para pequeños negocios, que apenas cuentan con la liquidez necesaria para la compra de insumos y pago de salarios.
Los empresarios, al no pagar, podrían ser embargados de sus inventarios, cuentas, maquinaria, lo que podría significar el cierre de la compañía.
“Este sería un problema que afecta a toda la economía del país, recordemos que más del 80% de las empresas son pymes, 30 días es muy poco tiempo y no puede ser que se ejecuten cobros administrativos, que incluso serán apelados para que sea un juez quien tenga la última palabra al respecto”, dijo Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos.
La Sala dejó la norma sin efecto desde hace dos años, pero en los últimos días, el Ministerio de Hacienda ha estado presionando para que se emita un criterio al respecto, según contadores y abogados tributarios.
“Ellos dicen que sin esta potestad el país va a quebrar, eso no es cierto, ya han pasado casi dos años —que se cumplen en agosto— y la situación fiscal no mejora, pero no por estas razones, no se debe ejecutar acciones sin una sentencia de un juez”, dijo Ovares.
Por las preocupaciones que existen respecto a esta norma, el Colegio de Contadores Públicos realizó ayer una mesa redonda para analizar lo que podría pasar si la Sala mantiene las potestades administrativas de cobro.
A la actividad se acercaron principalmente algunos representantes de empresas, casas auditoras, expertos en temas contables y abogados tributarios, que desde hace dos años han dado a conocer su opinión.
“La Administración Tributaria, como institución pública que es, debe cumplir con lo que disponga la ley y en este caso particular cumpliremos con lo que al respecto disponga la Sala Constitucional", comentó Carlos Vargas, director general de Tributación.

Proceso lesivo
Si la Sala Constitucional permite que la administración tributaria pueda cobrar o solicitar las garantías de pagos de algún cobro luego de una fiscalización, muchas empresas podrían tener problemas contables que significarían el cierre de sus operaciones. Este sería el proceso si se continúa realizando:

Empresa es auditada por Tributación en una fiscalización.
Tributación emplaza un cobro (con multas) y notifica a la empresa.
Empresa tiene 30 días para realizar pago y garantizarlo, aunque apele el monto.
Antes de que un juez dicte sentencia, ya sea confirmando o absolviendo a la empresa del pago, ya esta tuvo que cancelar el cobro, incluso años atrás. Si es absuelta, Tributación debe devolver el dinero.