Productos falsificados reducen competitividad nacional
“A veces el consumidor no asocia que un producto falsificado puede venir de actividades ilegales como el trabajo infantil o narcotráfico”, expresó Guiselle Reuben, experta en propiedad intelectual de BLP. Esteban Monge/La República
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Costa Rica se está convirtiendo en uno de los países más susceptibles a la venta de artículos falsificados a nivel latinoamericano, esta situación puede provocar que pierda competitividad frente a otros mercados y aleje a nuevos inversionistas.

Comercializar artículos piratas estaría ahuyentando a los empresarios que buscan invertir en el país, pues no hay suficiente protección a los derechos de propiedad intelectual de las marcas, y bajo ese escenario, la rentabilidad no sería suficiente para las compañías.

Los bienes o servicios que provienen de la piratería siguen en auge en el país, debido a que el consumidor no está dispuesto en ocasiones a cancelar el precio del artículo original y tener acceso a uno falsificado es cada vez más sencillo.

La oferta va desde ropa y cosméticos hasta licores, sin embargo, recientemente se ha diversificado hacia software, dispositivos tecnológicos y medicamentos, a un precio mucho más bajo que el de los originales.

La comercialización de estos insumos genera un desbalance fiscal en el país, puesto que al ser falsificados, no pagan impuestos y eso hace que las autoridades no pueden tener control de las ventas ni sobre los responsables de distribuirlos.

“Cambiar la cultura del consumidor costarricense es importante para detener la piratería, si no hay demanda los productos irán desapareciendo poco a poco de circulación”, dijo Guiselle Reuben, especialista en propiedad intelectual de la firma BLP.

Recientemente, la Oficina de Control Comercial de Estados Unidos publicó una “lista negra” de países que no están protegiendo de forma sólida las creaciones comerciales; entre ellos destacan Costa Rica y otras nueve naciones latinoamericanas.

Lo preocupante de aparecer en esta lista es que allí están las naciones que más violan la propiedad intelectual, esto si no se soluciona a tiempo traerá consecuencias negativas para la imagen del país, añadió Reuben.

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que obtiene una persona o empresa cuando crea cualquier producto o servicio, para poder comercializar con él y que prohíbe que terceras personas puedan beneficiarse con esa creación sin consentimiento.

Cuando los gobiernos no aseguran esas garantías a emprendedores o compañías consolidadas, de alguna forma están frenando la innovación y el crecimiento económico, por ello los esfuerzos del Estado deben ser más fuertes para controlar la falsificación de productos.

“La innovación atrae inversión y beneficios para la sociedad, pero debe ir de la mano con la protección al esfuerzo de los empresarios”, comentó Monserrat Guitart, directora del departamento de Propiedad Intelectual y Tecnologías de Dentons Muñoz.

Parte de las acciones que el Gobierno realiza para tratar de salir de la lista negra ha sido destinar más fondos para investigaciones sobre usurpaciones de marcas y más cooperación entre entes estatales y gobiernos locales.

Sin embargo, los avances no han sido suficientes pues falta mayor control de las ventas en línea y fortalecer el marco jurídico que castigue estos delitos, así como educar al consumidor sobre las consecuencias de comercializar artículos falsos.

 


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