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Procomer y Cinde solicitan al gobierno que se emita reglamento de nómadas digitales

Allan Madriz allanmadriz.asesor@larepublica.net | Miércoles 16 marzo, 2022 09:15 am

nómadas digitales
Archivo / La República


Por ser muy importante para la reactivación de la economía del país, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) se sumaron al llamado de que se emita el reglamento de la Ley de Nómadas Digitales.

A través de una misiva enviada a Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, y Michael Soto, ministro de Seguridad, se unieron a la petición que viene realizando el sector turístico desde hace varios meses, debido al atraso en la elaboración de la normativa.

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Aunque reconocen que la materia migratoria es de alta complejidad, consideran que el reglamento es la oportunidad para potenciar la posición de Costa Rica como un destino atractivo para los trabajadores remotos.

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“Justamente desde esa perspectiva y tomando en consideración la necesidad de reactivar la economía nacional, es que consideramos de mucha importancia la emisión del Reglamento en cuestión, sobre todo por la urgente necesidad de aprovechar la oportunidad que representa para el país atraer personas con un perfil alto de consumo de bienes y servicios”, indica la carta.

Asimismo, son conscientes que la larga estancia de un trabajador remoto en el país es una oportunidad para generar una documentación simple y reducir la tramitología.

“La activación de la figura de los nómadas digitales es de especial interés para Procomer y Cinde, ya que sin duda alguna contribuye a la promoción activa de la Marca País Esencial Costa Rica, lo cual podría traer grandes réditos a corto o mediano plazo para nuestro país”, agrega la nota.

Las entidades consideran que las autoridades de Migración deben realizar cambios en temas de apostillado en la documentación de los extranjeros y sus familias, y establecer requisitos puntuales para esta nueva categoría de estancia en el país.

Además, sugieren que el gobierno puede valorar requisitos diferenciados “en función de la nacionalidad de las personas interesadas en la nueva categoría legal de estancia para trabajadores o prestadores remotos de servicios”.

Aunque las autoridades de Migración tuvieron tres meses para elaborar el reglamento, el plazo venció desde noviembre del 2021 y múltiples sectores continúan a la espera de la normativa, vital para regular una actividad que generará grandes réditos para la economía del país.


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