Regímenes salariales crean elite laboral

Privilegios públicos cuestan ¢2 billones al año

Burócratas ganan un 50% más que los trabajadores del sector privado

Los incentivos que reciben los funcionarios públicos les cuestan a los contribuyentes cerca de ¢2 millones de millones al año, según la Contraloría.
Esos privilegios crean una elite de trabajadores, que devenga hasta un 50% más de salario, si se les compara con sus homólogos del sector privado.
Los responsables de la disparidad entre empleados públicos y privados, son las convenciones colectivas y los regímenes especiales de salarios, que brindan derechos por encima del Código de Trabajo.
Para este año se tiene presupuestado gastar unos ¢5 billones en remuneraciones para pagar el salario en todas las instituciones públicas, incluidos gobierno central, universidades, banca, municipalidades e instituciones autónomas.
Un 40% de ese monto lo constituyen los incentivos que reciben los burócratas, que van desde la dedicación exclusiva y la carrera profesional, hasta el pago de 24 años de cesantía y elevados montos por antigüedad.
Actualmente hay 20 instituciones públicas y 51 municipalidades que gozan de los privilegios de las convenciones colectivas.
Sin embargo, eso no significa que el resto de las 200 empresas públicas no tengan incentivos, pues muchas de ellas tienen sus propios regímenes de salarios y sus propios privilegios.
Es el caso de la Caja y el Poder Judicial por ejemplo, que pagan la totalidad del salario a los empleados que se incapacitan, ya sea por enfermedad o maternidad.
El peso de los incentivos es una preocupación de Luis Guillermo Solís y la oposición en el Congreso, quienes ya tienen en la mira el tema de los privilegios, que crean una fuerte presión sobre las finanzas del Estado.
El Gobierno ya tiene un déficit cercano al 6% del valor de la producción nacional, si se incluye a todo el sector público la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, asciende al 12% de la producción.
Una propuesta para resolver el problema sería una ley de empleo público, bajo la cual cualquier nuevo funcionario entre a laborar bajo un régimen de salario comedido.
Por otra parte, el Movimiento Libertario ha pedido a la Defensoría que elabore un estudio sobre los abusos en las convenciones colectivas, con el objetivo de impugnar posteriormente los artículos en cuestión ante la Sala IV.
Mientras tanto, los oficialistas quieren una combinación de reducción de gastos, y una mayor recaudación.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR