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Un juez federal de Seattle bloqueó el jueves la aplicación por parte del gobierno del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva que recorta el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos.
El juez federal John Coughenour, a instancias de cuatro estados liderados por demócratas, emitió una orden de restricción temporal que impide a la administración aplicar el decreto que el presidente republicano firmó el lunes durante su primer día en el cargo.
"Es una orden descaradamente inconstitucional", dijo el juez a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump.
La orden ejecutiva busca evitar que los niños nacidos en EE.UU. cuyos padres sean indocumentados o tengan visas temporales puedan gozar automáticamente de la ciudadanía de ese país.
La medida ya se ha convertido en objeto de cinco demandas por parte de grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 estados, que la califican de violación flagrante de la Constitución de Estados Unidos.
El de Seattle es el primer juez en pronunciarse en lo que se perfila como una larga batalla legal sobre la política de inmigración de la nueva administración de Donald Trump.
Los fiscales generales de 22 estados de EE.UU. presentaron demandas para bloquear la orden ejecutiva que limitaba el derecho a la ciudadanía.
Se trata de un derecho centenario que se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza que los niños nacidos en Estados Unidos serán ciudadanos independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La orden de Trump, titulada "Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense", estipula que la administración ya no reconocerá la ciudadanía automática a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización, siempre y cuando ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
En su primer mandato, Trump amenazó con tomar medidas similares, pero no las llevó a cabo.
La demanda en el tribunal de Seattle fue presentada por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington.
La primera demanda, presentada en Massachusetts por una coalición de 18 estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York y California, alega que la orden ejecutiva de Trump viola los derechos constitucionales de miles de niños.
Agrega que ésta "impone costos indebidos" a las jurisdicciones locales que perderían la financiación federal vinculada a los seguros médicos infantiles.
La demanda acusa a Trump de intentar eliminar un "principio constitucional bien establecido y de larga data".
"El presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o una ley debidamente promulgada. Tampoco está facultado por ninguna otra fuente de derecho para limitar quién recibe la ciudadanía estadounidense al nacer", afirma la demanda.
A esta demanda también se sumaron el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco.
La primera frase de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense establece el principio de "ciudadanía por derecho de nacimiento":
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen".
La 14ª enmienda se adoptó en 1868, tras el final de la Guerra Civil. La 13ª enmienda había abolido la esclavitud en 1865, mientras que la 14ª resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos.
Decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Dred Scott contra Sandford en 1857, habían establecido que los afroamericanos nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. La 14ª enmienda anuló esa decisión.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes.
Los partidarios de la línea dura en materia de inmigración adoptada por Trump argumentan que la política es un "gran imán para la inmigración ilegal" y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente "turismo de natalidad" o tener un "bebé ancla".
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
"Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales", señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. "Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta".
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