PLN exige a Rodrigo Chaves “transparencia” con acuerdo Escudo de las Américas

De manera inmediata, sin ambigüedades y con total transparencia, el gobierno de Rodrigo Chaves debería hacer público el documento que firmó junto a Donald Trump y Estados Unidos llamado Escudo de las Américas, de acuerdo con Miguel Guillén, secretario general del PLN.

El dirigente liberacionista agregó que el país tiene derecho a conocer los alcances del compromiso internacional asumido por el Poder Ejecutivo.

“Exigimos al Poder Ejecutivo —al presidente Rodrigo Chaves Robles y al canciller de la República— que hagan público, de manera íntegra y sin ambigüedades, el documento suscrito por el presidente Donald Trump y que, según lo ha manifestado públicamente el propio mandatario costarricense, fue respaldado por él en la reunión celebrada en Doral, Florida, el pasado 7 de marzo”, indicó Guillén.

Según el secretario del PLN, mantener en reserva un acuerdo de esta naturaleza resulta incompatible con los principios democráticos del país.

“En una democracia madura, ningún compromiso internacional que pueda tener implicaciones en materia de seguridad, defensa o cooperación militar puede mantenerse en la penumbra”, sostuvo.

Guillén también recordó la tradición histórica del país en materia de seguridad y defensa, marcada por la abolición del ejército en 1948.

“Costa Rica posee una tradición institucional única en el mundo: la abolición del ejército en 1948 y la consagración constitucional de un modelo de seguridad civilista, sustentado en el derecho internacional, la diplomacia y la cooperación entre Estados. Precisamente por esa singularidad histórica, cualquier acto del Poder Ejecutivo que pueda comprometer al país en esquemas de seguridad hemisférica de naturaleza militar exige el máximo nivel de transparencia, deliberación pública y control democrático”, afirmó.

El dirigente añadió que el contenido del documento es clave para determinar si los compromisos adquiridos por el gobierno se ajustan al marco constitucional.

“El país tiene derecho a saber con exactitud a qué compromisos fue vinculado por las actuaciones del presidente Rodrigo Chaves Robles y del ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero. Solo conociendo el contenido íntegro de ese documento podremos determinar si sus alcances son compatibles con la Constitución Política”, concluyó.

Sala IV analiza legalidad del acuerdo

El debate sobre el llamado Escudo de las Américas llegó a la Sala Constitucional, luego de que los magistrados acogieran para estudio un recurso de amparo que cuestiona la participación de Costa Rica en esa iniciativa.

Los jueces deberán determinar si la incorporación del país al programa contraviene la Constitución Políticay los derechos fundamentales de los costarricenses.

El plan es una política de acción conjunta hemisférica liderada por Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Según sus críticos, la iniciativa permitiría a ese país realizar operativos en territorio nacional con apoyo de fuerza militar.

Además de Costa Rica, otras 15 naciones se habrían sumado al acuerdo regional.

De acuerdo con la Sala Constitucional, los recurrentes sostienen que la declaración firmada por el ministro de Seguridad vincularía al país con una concepción de seguridad hemisférica de carácter militar, lo que, a su juicio, sería incompatible con el ordenamiento jurídico costarricense.

Chaves defiende el plan

El presidente Rodrigo Chaves Robles defendió esta semana el acuerdo y aseguró que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar el avance del crimen organizado.

Según el mandatario, para que Costa Rica pueda luchar “de tú a tú” contra las organizaciones criminales requiere apoyo externo.

Chaves también lanzó críticas contra quienes han cuestionado la iniciativa y han acudido a la Sala Constitucional.

“Nunca falta un borracho en una vela. Nunca falta gente como Miguel Guillén yendo a, sin saber qué fue lo que se discutió con exactitud, a poner recursos constitucionales a la Sala IV”, dijo el mandatario al referirse a dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad presentados contra el plan.