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Tras advertir que el Gobierno no tiene los recursos para proteger las 3 mil hectáreas de Crucitas y que los diputados no han querido aprobar un proyecto para explotar de manera controlada el oro de la zona, Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, destacó que es mentira que los diputados salientes no tengan culpa del desastre actual.
La legisladora también advirtió sobre la posible migración de 15 mil personas de Nicaragua a suelo nacional para robarse el oro, tal y como lo ha mencionado Mario Zamora, jerarca de Seguridad.
Es por ello que la diputada insistió en aprobar un proyecto de ley que permita subastar el oro por medio de una empresa privada.
“No es cierto que los diputados de esta Asamblea Legislativa no tengamos responsabilidad sobre lo que está pasando en Crucitas. ¿Qué puede detener o cómo podría mejorar la situación en la zona si aprobamos este proyecto de ley? Sería un cambio radical. Desde el momento de la adjudicación a una empresa, esa empresa empezará con el cerramiento perimetral del lugar”, dijo Cisneros.
La propuesta de ley se basa en un mecanismo de “subasta a la alza”, que parte de una tarifa mínima por onza de oro, con el fin de maximizar los rendimientos económicos para el país.
El proyecto fue construido con el apoyo de especialistas en geología y minería y busca que la explotación se realice de forma ordenada y adecuada a las características propias de la zona; sin embargo, no ha avanzado a pesar de que se presentó en octubre del año pasado.
De aprobarse, la iniciativa permitiría al Gobierno fijar una tarifa mínima para la onza de oro, que serviría como base para la subasta en la que podrían participar interesados nacionales e internacionales, con el objetivo de alcanzar mayores rendimientos económicos para Costa Rica.
Por otra parte, Mario Zamora, ministro de Seguridad, pidió a la Asamblea Legislativa tomar acciones cuanto antes.
El jerarca compareció este lunes ante diputados para exponer un escenario que, a su criterio, podría materializarse en el corto plazo si Costa Rica no actúa con rapidez frente a los cambios que se están dando en la franja fronteriza norte.
Según explicó, las recientes concesiones mineras otorgadas en territorio nicaragüense podrían generar un fuerte impacto colateral en suelo costarricense.
Y es que las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua de entregar amplias áreas cercanas a la frontera a compañías extranjeras crean las condiciones para un desplazamiento masivo de personas hacia Costa Rica.
“Cuando las empresas chinas ubicadas en el borde fronterizo, a las cuales se les ha otorgado 10 kilómetros de frontera, empiecen a explotar de manera monopólica el oro y los miles de ciudadanos nicaragüenses que en esa zona de ese país no tengan fuentes de empleo, es predecible una ola migratoria sobre nuestro territorio que todavía generaría más daño del que hemos conocido hasta el día de hoy”, dijo Zamora.
