Pérdidas por amnistía para pozos ilegales superarían los ¢1.600 millones

La amnistía para las explotaciones ilegales impulsadas por el Gobierno mediante un decreto, representaría pérdidas económicas para la administración ambiental, calculadas hasta en ¢1.651 millones, según estimaciones de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Fecon).

Esto considerando que el canon de aprovechamiento de aguas se paga desde el 2006.

El cálculo se basó en un número aproximado de pozos ilegales que habrían entrado en operación entre 2002 y 2009, calculado en 5.872 para ese período, a razón de 2.5 pozos ilegales por cada pozo inscrito legalmente, según la información existente.

Para la estimación se tomó como referencia el 2002, porque fue el año en que se estableció el Reglamento para Perforación y Exploración de Aguas Subterráneas.

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No se contaron las demás explotaciones con pozos anteriores a 2002, que de igual forma comenzaron a operar fuera de la legalidad.

Tampoco se contabilizaron pozos artesanales para uso doméstico.

La extracción de aguas subterráneas mediante perforación ilegal de pozos genera mayor estrés hídrico en zonas sobreexplotadas, además de pérdidas millonarias para el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), reclamó Fecon.

También reclaman que el departamento de aguas del Minae no sepa con exactitud cuántos pozos ilegales existen actualmente.

Entre 2007 y 2009 se aprobaron 783 nuevos pozos para usos en turismo, agroindustrial, riego y sector industrial, de acuerdo con datos de Estado Nación.

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Cada uno pagó en promedio ¢180 mil anuales de canon.

Otra preocupación de la Fecon es “que la amnistía premia injustamente la ilegalidad con la que las empresas perforadoras y grandes consumidores de agua realizan sus extracciones de agua subterránea”.