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Martes, 15 de junio de 2021



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Pedro Muñoz: “Perdimos el tiempo en un proyecto ilegal para resolver empleo público”

Esteban Arrieta [email protected] | Jueves 03 junio, 2021 10:45 am

Pedro de frente, al fondo una bandera de la Unidad.
Pedro Muñoz, precandidato de la Unidad. Archivo/La República.


Tras conocer el informe de la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de empleo público, Pedro Muñoz, diputado y precandidato de la Unidad, pidió a los legisladores no perder más tiempo con la propuesta del gobierno PAC.

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Regular el empleo público y cortar a futuro el gasto en remuneraciones debe ser una prioridad, según Muñoz.

Y es que la Corte Suprema de Justicia determinó este miércoles, que la iniciativa en cuestión violentaría el principio de división de poderes, al establecer al Ministerio de Planificación como ente rector en materia de empleo y contratación.

Asimismo, los magistrados cuestionaron el establecimiento de un salario único.

El proyecto en cuestión pretende congelar los aumentos salariales y los pluses salariales, para todos los funcionarios que tengan una remuneración por encima del salario estándar que establezca la ley.

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“La Corte Plena confirma lo que advertí desde el principio, el proyecto del PAC es inconstitucional. Perdimos tiempo en un mamarracho de ley. Pido a los diputados que aprobemos una reforma de empleo público de verdad, seria, que ponga orden e impacte de verdad la salud de las finanzas públicas”, dijo Muñoz.

Regular el empleo público es importante porque el 50% de los ingresos que recauda el Ministerio de Hacienda se utiliza para pagar el salario de los empleados públicos todos los años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Club de los Países Ricos.

Este gasto implica que Costa Rica es el país que más dinero invierte porcentualmente en la OCDE para pagar a su aparato estatal.

Esto, porque en el conocido Club de los Países Ricos, el promedio es de un 25%.

El dato cobra relevancia en momentos en que la Asamblea Legislativa tramita una reforma al empleo público, que promete ahorrarle al país unos ¢300 mil millones al año.


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