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Domingo, 28 de febrero de 2021



NACIONALES


Municipalistas, universidades y sindicatos presionan por exclusión

Reforma de empleo público en riesgo de ser un parche, advierten empresarios

Ahorro anual sería de ¢300 mil millones al año si no hay cambios

Esteban Arrieta [email protected] | Viernes 19 febrero, 2021

Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio
“Desde la Cámara, consideramos prioritario no postergar más estas decisiones”, dijo Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio. Archivo/La República.


La reforma al empleo público que busca racionalizar el gasto en remuneraciones y ordenar los diferentes esquemas salariales, podría culminar en un parche, si los diputados se dejan presionar por diversos sectores que buscan no ser incluidos.

La iniciativa establece un mismo salario para todos los trabajadores estatales con iguales responsabilidades, sin importar si laboran para un ministerio, para una institución autónoma como la Caja, una municipalidad o algún banco o universidad estatal.

Y es que al calor del debate legislativo en la comisión de gobierno y administración, se aprobaron varias mociones para hacer excepciones con las empresas públicas en competencia como el ICE y el INS y además, hay un movimiento impulsado por Paola Vega del PAC y el independiente Dragos Dolanescu, para exonerar a las universidades públicas.

Aunque algunos diputados abogan por no dejar a ninguna institución por fuera, la presión de diversos sectores crece poco a poco. Al cierre de edición, los diputados discutían cambios al proyecto.

Por otra parte, ayer por ejemplo, estudiantes universitarios y funcionarios de casas de enseñanza estatal marcharon hacia el Congreso.

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Mientras tanto, el grupo Rescate Nacional que dirigen Célimo Guido y Albino Vargas, amenazaron con protestas para oponerse a la ley de empleo público.

El sector municipal también se manifestó en contra de la iniciativa y se considera el más afectado, ya que el salario promedio es de ¢840 mil, a diferencia del resto de trabajadores estatales quienes devengan más de ¢1,2 millones en promedio.

En ese sentido, todavía se pueden hacer cambios al proyecto de ley, y las dudas entre los diputados de Liberación, y algunos de la Unidad, persisten antes de la discusión y votación en primer debate.

“Enfatizamos la necesidad de realizar cambios al régimen de empleo público para que sean acorde con la realidad y las posibilidades actuales del Estado y del país en general, de lo contrario, este sistema estará condenado a fracasar y volverse insostenible”, dijo Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio.

La iniciativa establecería un salario estándar y los trabajadores que ganen más de ese salario, no tendrían nuevos aumentos por conceptos de pluses.

Asimismo, sus aumentos ordinarios serían congelados mientras la deuda pública supere más del 70% del PIB, de acuerdo con la regla fiscal.

El proyecto tiene el potencial de ahorrar más de ¢300 mil millones al año, según las proyecciones iniciales que hace el Ministerio de Planificación.

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Ordenar las remuneraciones es importante al considerar que el 50% de los ingresos que recauda el Ministerio de Hacienda se utilizan para pagar el salario de los empleados públicos todos los años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Club de los Países Ricos.

Este gasto implica que Costa Rica es el país que más dinero invierte porcentualmente en la OCDE para pagar a su aparato estatal, ya que sus otros integrantes invierten un 25%.


Oportunidad


La ley de empleo público brinda una oportunidad única para racionalizar el gasto en remuneraciones.

Julio Castilla

Presidente
Cámara de Comercio


Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica apoyamos la urgente necesidad de contar con una ley de empleo público que sea lo suficientemente robusta, coherente, equitativa, transparente y moderna, que asegure la eficiencia en la prestación de los bienes y servicios públicos y garantice una disminución en el costo del mismo.
Enfatizamos la necesidad de realizar cambios al régimen de empleo público para que sean acorde con la realidad y las posibilidades actuales del Estado y del país en general, de lo contrario, este sistema estará condenado a fracasar y volverse insostenible.
Desde la Cámara, consideramos prioritario no postergar más estas decisiones.

Enrique Egloff

Presidente
Cámara de Industrias


En la Cámara de Industrias de Costa Rica consideramos que todas las organizaciones, instituciones públicas e instituciones autónomas deben tomarse en cuenta en la ley marco de empleo público, así como también fueron incluidas y deben cumplir sin exclusiones las obligaciones establecidas en la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas.
Debemos velar porque Costa Rica invierta en educación de calidad e investigación que responda a las necesidades presentes y futuras del país.

José Álvaro Jenkins

Presidente
UCCAEP


El primer capítulo para un acuerdo con el FMI, es la Ley de Empleo Público y por ello es sumamente importante que esta iniciativa se blinde. El peor mensaje que podría enviar nuestro país es que este proyecto llegué a contener vicios que pongan en peligro su aprobación final.


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