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Carlos Alvarado confía en aprobación de ley de empleo público antes de que termine abril

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 30 marzo, 2021 10:48 a. m.


Carlos Alvarado, presidente
Carlos Alvarado, presidente. Archivo/La República


La ley de empleo público se aprobaría antes de que termine el mes de abril, según la expectativas del presidente Carlos Alvarado.

Para el mandatario, lograr esta meta sería suficiente para los primeros meses del año, al considerar que la reforma del empleo público es una tarea pendiente desde hace años.

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No obstante, eso dependerá de la voluntad de los diputados que no han terminado de discutir las mociones pendientes del proyecto de empleo.

“Esto lo requiere el país”, dijo Alvarado.

Lea más: Exclusiones en ley de empleo público son rechazadas por la Unidad y Restauración

Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.

El ahorro se generaría al congelar los pluses salariales de las mejores remuneraciones del sector público, ya que los funcionarios que tengan un salario por encima del sueldo estándar, no podrán recibir aumentos de ningún tipo.

En los casos en que el trabajador gane menos que el salario único, existirá la posibilidad de hacer un ajuste hacia arriba, por lo que el Estado tendrá que invertir ¢32 mil millones para incorporar al salario global a los 28 mil funcionarios que hoy ganan menos de la remuneración estándar que se fijará.

Sin embargo, este traslado no implicaría un impacto en las finanzas públicas, ya que el Gobierno aplicará a partir del 2021 y por 12 años, la regla fiscal que prohíbe el aumento por costo de vida en las remuneraciones para todo el sector estatal, cuando la deuda pública supere el 60% del PIB.

De esta forma, los salarios públicos quedarían congelados hasta 2033, cuando se prevé que haya un retroceso en el nivel de la deuda.


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El proyecto forma parte de las propuestas que hace el mandatario al Fondo Monetario Internacional (FMI) y así lograr un ajuste estructural.







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