PAC le zafa la tabla al proyecto de empleo público

Ya sea por convicción, ideología o simplemente porque ponderan un elevado costo político para el partido antes de las elecciones presidenciales de 2018, la mayoría de los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), no están dispuestos a validar una vía rápida para debatir la ley de empleo público, la cual cortaría algunos de los pluses salariales que hoy reciben los burócratas.

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Esto, sin importar que el propio gobierno de Luis Guillermo Solís está impulsando el controvertido proyecto de ley.

Sin el respaldo de los legisladores del PAC, Zapote no podría sumar los 38 votos que se requieren en el Plenario, para votar la vía rápida, la cual establece una fecha de votación para concluir el debate del tema y votar el proyecto.

De los 13 congresistas oficialistas, al menos nueve no estarían dispuestos a votar la moción que valida este mecanismo de excepción, o bien, ponen condiciones muy difíciles de cumplir, como que los sindicatos estén dispuestos a recortar los pluses salariales que hoy disfrutan.

Se trata de Víctor Morales, Marcela Guerrero, Marvin Atencio, Javier Cambronero, Franklin Corella, Emilia Molina, Henry Mora, Nidia Jiménez y Marco Redondo.

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El que sí está a favor de discutir el tema cuanto antes es Ottón Solís, quien asevera que las decisiones necesarias para el país deben tomarse sin importar el costo político.

Los mismos legisladores rojiamarillos reconocen que sin la validación de ese mecanismo de excepción, el plan de empleo público no tiene posibilidades de votarse en primer debate.

Esto, porque la fracción del Frente Amplio estaría dispuesta a presentar miles de mociones al proyecto y con ello, nunca saldría de la comisión respectiva.

Por otra parte, a buena parte de los diputados del PAC tampoco les inquieta que con su actitud estarían enterrando cualquier posibilidad de aprobar nuevos impuestos a través del IVA y la renta, y así contener el déficit fiscal.

Esto, porque Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana ponen como condición a la aprobación de nuevos tributos, que se recorte el gasto en salarios del sector público.

Ayer, el colectivo de sindicatos Bussco, que agrupa a los gremios de educación y salud, anunció que a partir de febrero iniciaría una huelga indefinida, afectando el inicio de clases, si el gobierno no retira el proyecto de empleo de la corriente legislativa.

Mientras tanto, Albino Vargas, secretario de Patria Justa, aseveró en una entrevista con LA REPÚBLICA, que el PAC pagaría un alto costo en las elecciones venideras, con el voto de los burócratas, si insistía en impulsar “ese nefasto proyecto”.

Voces rojiamarillas

Los diputados oficialistas del PAC están desafiando al gobierno, al no querer debatir la ley de empleo público.

Nidia Jiménez
Legisladora
PAC
No puedo decir que apoyaría una vía rápida aun cuando me lo pidan desde Casa Presidencial.
Tenemos que ver el momento histórico del país, que es año político y que no podemos entrar en confrontación social con los sindicatos. Hay que analizar el costo político de una decisión de ese tipo.

Marvin Atencio
Legislador
PAC
Como líder sindical que fui, yo estoy en contra de una ley que viene a desproteger a los empleados públicos y así se lo dije al gobierno en las últimas semanas.
Los esfuerzos para reducir el déficit fiscal deben estar enfocados en contener la evasión.

Marco Redondo
Legislador
PAC
No podemos aprobar una vía rápida que sea un cheque en blanco.
Hay que construir una propuesta en la que estén involucrados los sectores afectados que son los trabajadores del sector público, ese es el reto.

Revisión de pluses

Los incentivos que hoy reciben los funcionarios públicos se encuentran bajo el escrutinio de los legisladores.

• Ley de empleo público regirá para todo el sector público, incluidas instituciones autónomas, universidades y municipalidades, salvo empresas públicas en competencia como ICE e INS
• Salario máximo en función pública no será superior a ¢5 millones
• Dedicación exclusiva se pagará solo a profesionales y no a cualquier funcionario como ahora
• La disponibilidad ya no será de hasta un 70% del salario y se limitará a un 35%
• Anualidad oscilará entre el 1,9% y el 2,5% en vez del 5% o el 7% anual
• Tope de cesantía será de ocho años y no de 20 años como en algunos casos
Fuente Proyecto de ley