Pago de anualidades está fuera de control
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Las anualidades que se pagan a los empleados del Gobierno central están fuera de control, ya que en los últimos 11 años han aumentado un 58% más que los salarios.

Para 2017, cada burócrata recibirá en promedio unos ¢2 millones anuales por este plus, de acuerdo con el presupuesto.

En comparación, el valor de la anualidad para 2006 era en promedio de ¢950 mil, una vez descontada la inflación.



Se trata de un incremento promedio durante ese lapso del 114% por empleado, mientras los salarios crecieron solo el 72%, en términos reales.

El impacto de las anualidades en las finanzas públicas también es grande, ya que el tamaño de la fuerza laboral del Gobierno ha crecido.

El valor total de este beneficio para el año entrante será de ¢281 mil millones, lo cual representa un incremento del 184% desde 2006.

Entretanto, el monto de los salarios creció en solo un 129%.

Para frenar esta bola de nieve, la oposición legislativa pretende limitar el pago del incentivo a uno de cada dos trabajadores, dependiendo de una evaluación de resultados.

Este grupo está conformado por los diputados de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Libertarios y otros, que suman unos 33 legisladores.

Acción Ciudadana podría unirse a este iniciativa, con el objetivo de conseguir el respaldo de esos partidos para aprobar nuevos impuestos.

El movimiento sindicalista por su parte se opone a esta medida, incluso ha amenazado con huelgas para frenarla, ya que percibe el plus salarial como un derecho adquirido.

En este momento, cada trabajador del Gobierno central suele recibir este aumento cada año.

En teoría, se otorga únicamente a los empleados que tienen un buen desempeño; sin embargo, la tendencia de muchos años es que se dé de forma automática.

El monto de la anualidad es el 2% de su salario.

 


MAYOR VELOCIDAD


Las anualidades que se pagan en el Gobierno central aumentaron a un ritmo del 58% mayor que el salario en los últimos 11 años (cifras para todo el año, en millones de colones corrientes 2016 para salario base y anualidad, aumento en porcentaje).

  Salario Anualidad
2006 4,10 0,95
2007 4,40 0,97
2008 4,30 0,95
2009 5,94 1,08
2010 5,84 1,31
2011 6,31 1,50
2012 6,21 1,52
2013 6,33 1,67
2014 6,40 1,65
2015 6,64 1,98
2016 7,07 2,03
2017 7,06 2,02
Aumento % 72 114

Fuente Ministerio de Hacienda



GASTO ELEVADO


Las anualidades para el año entrante serán de ¢281 mil millones, tomando en cuenta el impacto del incremento en la cantidad de trabajadores en el Gobierno central (cifras de empleados en miles, salarios básicos y anualidades en miles de millones de colones corrientes 2016, aumento en porcentaje).

  Empleados Salario Anualidad
2006 104 429 99
2007 109 480 106
2008 113 489 107
2009 119 709 128
2010 123 723 162
2011 124 784 187
2012 125 782 191
2013 128 815 215
2014 133 851 219
2015 135 900 268
2016 136 966 278
2017 139 982 281
Aumento % 25 129 184

Fuente Ministerio de Hacienda


PRESIÓN


El debate sobre los pluses salariales y las anualidades, genera controversias entre los diversos sectores y actores políticos.

Luis Paulino Mora

Viceministro
Presidencia

Hay diputados que quieren aplicar una vía rápida a la ley de empleo público, pero eso es algo que aún estamos negociando con la oposición.
En todo caso, es necesario plantear una solución para frenar el crecimiento de algunos pluses salariales, tal y como lo han señalado la Contraloría y la OCDE anteriormente.
Sin embargo, para tener unas finanzas públicas sanas, también es necesario contener el gasto del sector público, aprobar ciertas reglas fiscales, aumentar la recaudación y luchar contra el fraude fiscal, así como aprobar IVA y Renta.
El Gobierno está negociando la posibilidad de aprobar una vía rápida en la Asamblea Legislativa, para aprobar varios proyectos en los próximos meses.
Lo destacable acá, es que sabemos la importancia de tomar decisiones para contener el déficit fiscal, ya que de lo contrario los ajustes serán aún mayores en los próximos años si no hacemos algo.
Nos preocupa que no se hagan las cosas antes de que caliente la campaña política.

Enrique Egloff

Presidente
Cámara de Industrias

No es posible que el sector privado sea el único que cargue con la responsabilidad de evitar el deterioro fiscal, cuando la culpa ha sido del excesivo gasto público.
En ese sentido, abogamos por la revisión y racionalización de pluses salariales, los cuales, han venido creciendo considerablemente.
No apostamos por medidas para reducir de golpe la planilla del Estado, sino a un gasto fiscalmente sostenible, que prevenga recortes abruptos ante un deterioro fiscal de grandes proporciones, a lo que se podría llegar si no se toman medidas correctivas y para eso hay que ver los pluses.
Estamos dispuestos a impulsar reformas al impuesto sobre las ventas, transformándolo en un Impuesto al Valor Agregado, así como una nueva ley que modernice el impuesto sobre la renta, pero también pedimos que el Gobierno ponga de su parte, que regule el gasto público y mejore la recaudación.

Sandra Piszk

Diputada
Liberación Nacional

Si no se toman medidas con los pluses salariales, va a pasar en Costa Rica lo mismo que en Grecia y España.
La situación fiscal del país no permite ir hacia el alza de ninguna manera, eso está claro.
En el Gobierno central, las anualidades son del 1,9% y sin embargo, hay un aumento importante en el gasto de este plus salarial en los últimos años, mientras que en instituciones como la Caja, algunas municipalidades y universidades, se paga hasta un 5% o 7% al año.
Hay grandes disparidades en el sector público.
El proyecto que hemos presentado contempla el Gobierno central y queremos racionalizar ese gasto.
Este miércoles iniciamos en la Comisión de Asuntos Sociales, la primera etapa de un proyecto para revisar algunos pluses, incluidas las anualidades.
El proceso se hará con absoluta transparencia y analizando los distintos criterios que se expondrán en la Comisión.
Es de suma importancia aclarar que pretendemos excluir a los empleados del MEP, cuerpos policiales y a quienes tienen los salarios más bajos de la administración pública.
En forma paralela, se analizarán los salarios de altos jerarcas del sector público a fin de establecer topes máximos de ingreso.

NO

Albino Vargas

Secretario
ANEP

El déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos. Punto. Lo hemos demostrado hasta la saciedad y nadie nos ha desmentido.
Se le ha ocultado a la sociedad que una enorme cantidad de segmentos laborales del empleo público tienen salarios bajos y condiciones ocupacionales precarias.
Estamos conscientes de las situaciones abusivas, totalmente excepcionales pero la generalización odiosa no permite una discusión sana.
La campaña político-mediática desarrollada contra el empleo público ha sido una espesa y densa cortina de humo para ocultar la realidad de un sistema tributario altamente regresivo.
Ajustamos ya casi 30 meses en defensa del empleo público, mediando sólidos argumentos de nuestra parte con responsable estudio y planteamientos sumamente justificados, sin tener que emplear la consigna sindical hueca, la ofensa insultante o la mediocridad de un panfleto espurio.

Edgardo Araya

Jefe de fracción
Frente Amplio

No daremos nuestros votos para facilitar una vía rápida ni ningún otro procedimiento legislativo para favorecer la ley de empleo público.
Por el contrario, haremos una férrea oposición a cualquier iniciativa que pretenda retroceder en materia de derechos laborales.
Algunos partidos y lamentamos que el PAC esté entre ellos, negocian un combo de iniciativas fiscales regresivas, que incluyen también impuestos para la clase trabajadora, sin reparar en que existe una alta defraudación fiscal.
Es una traición por parte del Gobierno y la bancada de ese partido.
Pretender echar la culpa a los empleados públicos del alto déficit fiscal es un grave error, que lo único que haría es empobrecer a la clase trabajadora, mientras que algunas empresas siguen defraudando miles de millones de colones al año.
Lo que sí queremos que se apruebe cuanto antes es el impuesto a las sociedades anónimas, así como los cambios a la renta.

 


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