Oposición no tendrá la más mínima oportunidad de oponerse a los ajustes al gasto que proponga Rodrigo Chaves

Debido a su clara inferioridad numérica en la Asamblea Legislativa, los 26 diputados de oposición no tendrán la más mínima oportunidad de oponerse a los ajustes al gasto que proponga Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, durante los siguientes cuatro años.

Y es que, por sí sola, la bancada oficialista de Pueblo Soberano, con sus 31 diputados, podrá dictaminar y aprobar todos los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, tanto en comisión como en plenario. La única excepción es que se rompa la línea de fracción.

Esto significa que no solo el gobierno central tendrá que amarrarse la faja con el gasto, sino también el Poder Judicial, los diputados, la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes y las universidades públicas.

La medida de contención de gasto se mantendría durante todo el gobierno de Laura Fernández.

De hecho, este miércoles, Chaves anunció en conferencia de prensa que viene un ajuste a la baja para el presupuesto extraordinario de este año, a la vez que ya se prepara un plan de gastos para el 2027 que está alineado con la disciplina fiscal y la eficiencia del gasto público.

“Nosotros no le estamos solicitando a esos poderes una reducción para este año ni para el siguiente, les estamos informando, con mucho respeto y atención a la separación de poderes y a la Constitución, que les estaremos enviando a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para lo que queda del año 2026, con un recorte de este año del 5%”, dijo Chaves.

La advertencia se da a pocos meses de que arranque el debate en torno al presupuesto de la República y en medio de un contexto en donde, al cierre del primer trimestre del año, los ingresos totales experimentaron una disminución de 0,2% del PIB de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

En términos nominales, los ingresos alcanzaron ¢1.959.163 millones, lo que representó una baja acumulada neta de ¢70.855 millones en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se situó en ¢2.030.018 millones.

“Se acabó la alcahuetería, la faja nos la vamos a amarrar todos los que trabajamos en el Estado costarricense, el Estado costarricense, incluyendo al Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo (…) Aquí vienen cortes para todos. Aquí no hay ticos con corona”, dijo Chaves.

FEES también se verá afectado

La disciplina fiscal también se aplicaría al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que es el dinero que se reparten las universidades todos los años para financiar sus gastos.

En este caso, la presidenta Laura Fernández y Chaves anunciaron que el aumento del FEES para el 2027 será de 0%, a menos de que haya una redistribución del dinero a favor de las universidades que brindan carreras con mayor demanda laboral. Esto le quitaría recursos a la Universidad Nacional y a la UCR.

En 2026, las universidades públicas se repartieron unos ¢590 mil millones.

Preocupación opositora

El anuncio del jerarca de Hacienda ya generó una ola de críticas por parte de los diputados de oposición, quienes critican la visión supuestamente fiscalista del Estado y manifiestan su preocupación por áreas clave como la seguridad.

Y es que este martes, durante su audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Carlo Díaz, fiscal general, informó que solo seis fiscales están asignados a la investigación del lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado en toda Costa Rica, y para el Frente Amplio este punto es fundamental para detener a los grupos criminales.

“El Ministerio Público nos confirmó que solo seis fiscales investigan todo el lavado de dinero del narcotráfico en el país. Con esa cifra sobre la mesa, queda clara la improvisación de este Gobierno en seguridad: mucho discurso y casi ninguna inversión en lo que realmente golpearía a las estructuras criminales, que es perseguir su dinero”, señaló el diputado José María Villalta, del Frente Amplio.

Mientras tanto, Claudia Dobles, diputada de Agenda Ciudadana, se refirió al tema señalando que hay áreas que no pueden tener una menor inversión.

“Me preocupa mucho el anuncio que se hizo para recortar el gasto público, sobre todo aquellos relacionados con el Poder Judicial, especialmente en momentos en que tenemos una crisis de seguridad. El Ministerio Público tiene un déficit de recursos a nivel general que afecta sus funciones; le faltan peritos contables, tecnología y otros. Si vamos a combatir el narco y el crimen organizado, tenemos que priorizar la inversión en esas áreas. Un recorte en esas áreas solo beneficia al narcotráfico”, dijo Dobles.