Es camino arduo y empinado, pero se puede recorrer con éxito si los políticos se dedican con diálogo responsable a las políticas públicas y no a los ataques personalistas
 

Disyuntivas
Oportunidad para solución fiscal

Los cambios en los últimos días han abierto una oportunidad para eliminar el peligro fiscal. No es fácil, pero es posible si los actores se conducen con moderación y realismo.
El camino ha sido difícil desde la crisis de los ochenta. Hubo que cambiar de ruta y buscar acuerdos en medio de las normales confrontaciones de intereses, ideologías y ambiciones políticas. En el campo fiscal —como en otros— no hemos terminado el recorrido, y tiene especial urgencia evitar una nueva crisis financiera.
El liderato del presidente Solís con un equipo parcialmente renovado, y la nueva dirección multipartidista de la Asamblea Legislativa comprometida con una agenda, pueden resolver el pendiente que tenemos desde que no se abrieron los monopolios estatales ni se cambió la composición de los activos públicos a fines del siglo pasado. Ni la reforma tributaria de los exministros de Hacienda creada en mi gobierno e impulsada en la Administración Pacheco, ni la impulsada en el gobierno de doña Laura lo lograron.
El Gobierno enfrenta su compromiso de campaña de no poner nuevos impuestos en los dos primeros años, y el costo añadido por haber rechazado la reducción de gasto por la que lucharon diputados de su propio partido y de la oposición.
Los partidos que conforman el nuevo Directorio Legislativo se han comprometido con reformar el reglamento legislativo para que el Ejecutivo y las fracciones puedan proponer un número de proyectos que deban ser votados en un plazo prefijado. También señalan que primero se debe ordenar el gasto gubernamental y sus disparadores y evitar que un incremento como el de 2008-2009 lo vuelva a tornar infinanciable.
Esas circunstancias marcan el camino. Primero la reforma reglamentaria. Luego los proyectos de ley para limitar las pensiones con cargo importante en el erario público, y sus incrementos anuales; poner orden en la contratación, evaluación y remuneración de los empleados públicos; eliminar en lo posible los gastos obligados por ley y los impuestos con destino fijo, establecer control legislativo sobre el impacto macroeconómico de los presupuestos descentralizados y de las transferencias corrientes del Gobierno central y asegurar una evaluación transparente de la gestión pública.
Simultáneamente, se podrían conocer los proyectos para mejorar los procesos de recaudación tributaria y combate al contrabando y la evasión fiscal, con debido respeto a las instancias judiciales de protección de los ciudadanos.
Después las reglas de orden presupuestario que desde los ochenta llamé Garantías Económicas, con necesidad de una mayoría calificada para no cumplirlas en situaciones especiales.
Finalmente, se conocerían con plazo para su votación —ya aprobado por la reforma reglamentaria— los cambios en los impuestos necesarios para que en ese nuevo marco de gasto y reglas fiscales se alcance un superávit primario y un déficit financiero menor al más pequeño de estos dos límites: 1.- El 3% del PIB (norma de la zona del euro) o 2.- La suma mayor que asegure que no crece la relación deuda pública a PIB.
Este camino es arduo y empinado, pero se puede recorrer con éxito si los políticos se dedican con diálogo responsable a las políticas públicas y no a los ataques personalistas.

Miguel Ángel Rodríguez

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