OIJ denuncia que alguien borró 300 archivos en medio de allanamientos por caso Barrenador

Al menos 4 elementos incluidos en OneDrive y preliminarmente unos 300 archivos fueron eliminados por un alto funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) el lunes anterior, en medio de los allanamientos del caso Barrenador que realizaba el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

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La denuncia la hizo esta mañana Randall Zúñiga, director del OIJ, a la vez que señaló que esta acción demuestra que no se podía simplemente citar a las personas a una audiencia y que era necesario hacer los 27 allanamientos que derivaron en ocho detenciones, incluida Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS.

“Este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República y que no es posible en estos casos de presunta corrupción citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar pruebas como ya sucedió lamentablemente en este caso”, dijo Zúñiga.

Los allanamientos arrancaron el lunes a las 7:00 a.m. en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la CCSS, en la cual se inició el respaldo de las cuentas electrónicas de las personas imputadas en el caso Barrenador.

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A solicitud de las autoridades judiciales, se deshabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios imputados en esta causa.

“Al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente este miércoles 25 de septiembre, se encontró que en una de las cuentas, perteneciente a uno de los masculinos, se generaron errores en la sincronización de archivos, siendo que al revisar la bitácora, se observó que había 4 elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico. Al revisar lo sucedido, se determinó que el correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo”, explicó Zúñiga.

El funcionario no estaba trabajando por estar en vacaciones, por lo que se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas.

La revisión interna de los IPs apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago.

“El Organismo de Investigación Judicial va a trabajar con todas las herramientas forenses que tiene a su disposición para recuperar esos correos y archivos, y en caso de no contar con la tecnología disponible se solicitará asistencia internacional para que no quede impune este tipo de situaciones”, dijo Zúñiga.

Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, este lunes.

La acción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó allanamientos en la sede central de la CCSS, casas de habitación, cooperativas y oficinas por los presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias.

Se confirmaron 8 detenciones. Se trata de altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS.

“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ.

La decisión implicaría un perjuicio económico para la CCSS de más de ¢12 mil millones al año, según la fiscalía.