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Fiscalía acusa a presidente Rodrigo Chaves de desviar la atención en caso Barrenador

Ministerio Público no es ningún organismo político como indicó el mandatario

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 26 septiembre, 2024 07:35 a. m.


Carlo Díaz, fiscal General. Cortesía/La República.
Carlo Díaz, fiscal General. Cortesía/La República.


Tras advertir que la fiscalía no es ningún órgano político, Carlo Díaz, fiscal General, criticó duramente las declaraciones brindadas por Rodrigo Chaves, presidente de la República, durante la conferencia de prensa del miércoles, asegurando que sus comentarios buscan desviar la atención del proceso judicial que actualmente se sigue en el llamado Caso Barrenador.

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El jerarca del Ministerio Público manifestó que no cederá a ningún tipo de presión por parte del Ejecutivo y que su institución continuará ejerciendo sus funciones de manera independiente.

“No claudicaremos en perseguir el delito, independientemente de la persona que se investigue, ni tampoco cederemos ante ninguna presión indebida que nos pretenda debilitar”, afirmó Díaz.

El Fiscal General aclaró que la independencia del Ministerio Público es fundamental para la democracia y que sus decisiones no están sujetas a la intervención de ninguna otra autoridad, excepto la de los Tribunales de Justicia.

Subrayó que las detenciones y medidas adoptadas por la Fiscalía han sido avaladas por un juez, conforme a la normativa vigente.

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Díaz desmintió, además, varias de las aseveraciones realizadas por el mandatario. En particular, calificó de “falsa” la afirmación de que la licitación en la que se basa la causa penal esté en revisión por parte de la Contraloría General de la República.

Según el Fiscal, dicho proceso ya está en firme, y solamente una de las 10 líneas adjudicadas está sujeta a apelación.

“Desde la perspectiva de la Fiscalía y de la Ley de Contratación Administrativa, la afectación a la Hacienda Pública se encuentra consumada”, indicó.

Asimismo, Díaz rechazó categóricamente que las actuaciones de la Fiscalía hayan sido un “show”, como lo insinuó Chaves.

“Calificar de esa forma nuestras actuaciones no es más que una manera de desviar la atención del fondo y la relevancia de lo que se investiga, especialmente cuando se trata de la seguridad social costarricense, una de las mayores conquistas históricas de nuestro país”, sentenció.

Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, este lunes.

La acción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó 27 allanamientos en la sede central de la CCSS, casas de habitación, cooperativas y oficinas por los presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias.

Se confirmaron 8 detenciones. Se trata de altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS.

“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ.

La decisión implicaría un perjuicio económico para la CCSS de más de ¢12 mil millones al año, según la fiscalía.


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