Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Mejorar la productividad del Estado a través de un salario único para todos los trabajadores, así como un efectivo sistema de evaluación, son algunas de las recomendaciones que hace Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, al referirse a la nueva Ley de Empleo Público.
El debate de este tema quedó congelado hasta diciembre porque los diputados rechazaron el primer proyecto que envió el presidente Carlos Alvarado al Congreso.
Otra de las recomendaciones consiste en reestructurar el Estado para acabar con la duplicidad.
¿Cuáles elementos debe incluir la Ley de Empleo Público?
Uno de los objetivos primordiales debe ser la mejora en la productividad del Estado y la eficiencia con la que este presta sus servicios.
Por otro lado, deben buscarse esquemas de retribución basados en la productividad, así como la unificación del sistema de remuneración. Debe avanzarse hacia un salario único, que implique a trabajo igual, igual remuneración.
La propuesta inicial del Gobierno establece un ahorro de unos ¢55 mil millones al año, a partir del año 18 de vigencia de la ley, según el Ministerio de Planificación. ¿Es aceptable una propuesta así?
Una Ley de Empleo Público debe apuntar a una reestructuración del sistema de contratación, remuneración y evaluación del desempeño de los trabajadores del sector público. Se trata de resolver un problema estructural para hacer más eficiente la prestación de servicios del sector público.
Lea más: Salario único acabaría con disparidades en empleo público
¿Debe haber recorte de personal en el sector público y eliminación de instituciones duplicadas?
Lo que conviene es una reestructuración para evitar la duplicación y fomentar la productividad. Esto implica un gran plan de capacitación para los empleados públicos en nuevas competencias y habilidades para el desempeño de nuevos ocupaciones que se requieren.
También, es necesario promover reformas institucionales a fin de mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
¿Cuáles?
Existen varias áreas que han sido consideradas objeto de reforma institucional como lo son las referidas a la construcción de obra pública, incluyendo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo Nacional de Concesiones y el Consejo de Seguridad Vial.
Por otra parte, toda el área de asistencia social con más de 23 instituciones manejando programas, también en el sector público relacionado con vivienda Ministerio de Vivienda, Banhvi, INVU deben darse revisiones.
Lea más: Plan de salario único en el Gobierno tendría nueva propuesta
En cuanto al sector productivo, se tendría que avanzar con posibles reformas institucionales en el sector agropecuario (MAG, CNP, Incopesca, Inder).
En términos de ahorro para las finanzas del Estado, ¿qué esperaría?
Que los recursos necesarios para el pago del sector público no restrinjan la inversión pública en otros rubros, sobre todo en el mediano y el largo plazo.
Ahora, para hacer ahorros en el corto plazo lo que corresponde es hacer modificaciones en los incentivos o pluses existentes (es decir, en los sistemas de remuneración actual), como los que ya se incorporaron en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que ya empezaron a dar frutos.
La propuesta inicial establecía que un funcionario con dos notas menores a 70 durante dos años consecutivos sería despedido después de un proceso administrativo, ¿cree que esa propuesta debe mantenerse?
La propuesta debe de mantenerse y ser complementada con planes de mejora para la obtención de un buen resultado, y por supuesto, la idoneidad de los funcionarios.
