No falseen las bases de nuestra república

No falseen las bases de nuestra república

Si una familia o una persona quiebra los valores que la sustentan y definen se expone a muy serios problemas. Igual pasa con un país. Tenemos ejemplos palpables de nuestro tiempo y en nuestro continente, que nos señalan los resultados caóticos que se producen cuando se actúa de esa manera.

Ahora la Asamblea Legislativa está muy cerca de actuar de esa forma destructiva.

Está a punto de ser aprobado el proyecto de Ley de Extinción de Dominio que viola de manera grave e irreparable el derecho básico a un debido proceso, incumple la garantía a no ser condenado sin juicio previo en el que se demuestre la culpabilidad del imputado, atropella la presunción de inocencia, niega el derecho a ser juzgado por juez natural, invierte la carga de la prueba y viola groseramente el derecho de propiedad. Lo defienden argumentando que es un proceso contra los bienes, pero quien los pierde es una persona.

No dudo de las magníficas intenciones de sus promotores y de quienes lo apoyan, aunque talvez algunos que entienden los enormes vicios y peligros de esa pretendida legislación, no se le oponen por temor a que los identifiquen como defensores del crimen organizado. Pero siempre debemos tener el valor de defender nuestros más fundamentales valores, que se han venido acrisolando paulatinamente desde antes de nuestra independencia para construir nuestra democracia como un Estado de derecho. Hay que enfrentar y vencer al crimen organizado, pero no podemos hacerlo poniendo en peligro la libertad, los derechos humanos y la propiedad de nuestros habitantes honestos. Y no hay necesidad de hacerlo, como no lo hacen países ejemplares en su sistema de justicia.

Este proyecto simplemente pretende que el Estado pueda arrebatar a una persona los bienes de su propiedad, si se le sigue el proceso especial que esta normativa quiere establecer. Ello podría darse aunque la persona no haya sido condenada por delito alguno, y sin que siquiera tenga que estar sometida a un juicio penal.

Para cumplir con ese objetivo este peligrosísimo proyecto define una actividad como ilícita sin necesidad de que haya así sido declarada en juicio penal, e incluso sin necesidad de que exista un trámite en esa vía. La buena fe que en general se presume en el derecho de un estado democrático, ahora se tiene que demostrar. Las normas de esta peligrosa y oprobiosa legislación tienen prioridad sobre las que protegen a los ciudadanos en el Código Procesal Penal. Establece como causa de arrebato del dominio el incremento patrimonial, e invierten la carga de la prueba obligando al propietario a comprobar la licitud de su aumento de riqueza. Mientras se investiga y se juzga caben medidas cautelares que quiten la posesión a su dueño y autoriza a disponer de los bienes. Si se archiva un caso se puede volver a abrir en los siguientes tres años sin que se haya dado un proceso penal. Quienes sean falsamente procesados no tienen derecho a compensación alguna. Los bienes sobre los que se tramita extinción de dominio se pueden vender por el Instituto Costarricense de las Drogas (ICD), y si resulta “inocente” la persona sujeta a este arbitrario trámite, se le entrega el remanente. El ICD estaría directamente interesado en declarar la extinción de dominio porque mayoritariamente pasarían los bienes a su propiedad.

A las palabras se les cambia el significado para que el lector entienda una cosa distinta a la que se está diciendo. Así el proyecto invoca el principio de dignidad humana, el derecho de propiedad, el respeto a la Constitución Política, y se llama a los operadores de esta presunta ley a ser objetivos, pero en su articulado viola groseramente todos esos valores. Si esos valores se cumpliesen no se podría nunca aplicar este inconstitucional proyecto.

Todos los que deseamos vivir en paz, en libertad, como personas dignas y disfrutar de la propiedad debemos oponernos a este destructivo proyecto.