Nicaragua demanda a Grupo Barceló
| Jueves 26 junio, 2008
Nicaragua demanda a Grupo Barceló
El gobierno nicaragüense pide en su demanda 30 millones por incumplimiento de contrato
Managua
EFE
El Gobierno de Nicaragua presentó ayer ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) una demanda por $30 millones contra el grupo hotelero español Barceló, por supuesto incumplimiento de contrato.
Hernán Estrada, procurador general de Nicaragua, en rueda de prensa declaró que el Gobierno de su país acudió ante este centro de arbitraje, con sede en Washington, consciente de que en el CIADI “se dirimen y se favorecen intereses ajenos a los intereses populares”.
El alto cargo afirmó que la demanda es para que el Grupo Barceló pague al Estado de Nicaragua una deuda, cuyo monto no precisó, a pesar de que se le preguntó varias veces a cuánto asciende la misma.
El pasado 5 de junio en una comparecencia ante la Comisión de Turismo del parlamento, Estrada se refirió a una deuda de $1,45 millones, más intereses por un monto no precisado, que sería pagada en 10 cuotas, a partir de 1996, según indicó la prensa local en esa fecha.
Ejecutivos de Barceló negaron que ese grupo tenga deudas con el Estado nicaragüense y criticaron al Gobierno de Daniel Ortega por tratar a la empresa hotelera como “delincuentes” y de mantener un acoso contra esta corporación.
Según Estrada, el monto mínimo de los $30 millones es lo que el Estado nicaragüense invirtió en los años 80 en la construcción del centro turístico Montelimar, ubicado 55 kilómetros al oeste de Managua.
El procurador, pese a todo, aclaró que al tomar la iniciativa de la notificación de la demanda presentada ayer ante el CIADI, otorga al Grupo Barceló un período de gracia de seis meses para negociar una solución a esta controversia.
Estrada advirtió que si en ese período no hay conciliaciones o mediaciones “no hay duda que el arbitraje va en el CIADI, que es el tribunal que a ellos (Grupo Barceló) más les gusta”.
Recordó que antes de la notificación al CIADI la institución solicitó ante un juez de Managua un embargo preventivo contra el Grupo Barceló, para reclamar la deuda a favor del Estado, pero no ha solicitado interventor en los bienes de la corporación española.
Un juez de Managua aplicó un “secuestro preventivo” a comienzos de mayo pasado contra el hotel Barceló Montelimar Resort & Casino a petición de la Procuraduría, que depende directamente de Ortega.
El representante legal y asesor jurídico de Barceló en Nicaragua, Tomás Delaney, a su vez afirmó que ese embargo preventivo no está basado en demanda alguna concreta y ni siquiera conocen el expediente que se levantó en los tribunales de Nicaragua.
Delaney señaló que el acoso por parte del Gobierno de Ortega comenzó a raíz de que el Grupo Barceló anunció el proyecto de construir un nuevo hotel en Managua de 147 habitaciones.
Estrada sostuvo ayer que la empresa española sólo pagó el 26 de mayo de 1993 una prima por $3.030.000 y que no ha cancelado otras diez cuotas anuales consecutivas, a partir de un plazo que se venció el 30 de junio de 2006.
El representante legal del grupo Barceló explicó que esa corporación obtuvo ese centro turístico a través de una licitación pública, en la que presentaron la oferta más alta.
Agregó que el precio, de tres millones de dólares, lo valoró una firma de auditoría estadounidense.
“Barceló pagó lo que le dijeron que valía en ese entonces”, añadió Delaney, quien observó que en 1993, tras la primera derrota electoral del sandinista Ortega, que gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, “no había turismo” en este país.
El Hotel Barceló Montelimar es una antigua residencia del dictador Anastasio Somoza reconvertida en hotel en los años ochenta.
El contrato firmado entre el Grupo Barceló y el Gobierno de Nicaragua, que encabezaba entonces Violeta Chamorro, contemplaba un primer pago de $3 millones y un segundo pago a calcular cuando fuera superado determinado nivel de ocupación.
Walter Martino, gerente general de Barceló Montelimar, por su parte, dijo el mes pasado que han pagado a Nicaragua $28,9 millones en impuestos de 1994 a 2007, y han generado hasta 20.502 plazas de trabajos, directos e indirectos, durante ese período.
Más poder
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, otorgó nuevas facultades de mando institucional a su esposa, Rosario Murillo, convirtiéndola virtualmente ahora en jefa del gabinete social, según decreto publicado en el diario oficial “La Gaceta”.
Las nuevas disposiciones amplían las funciones de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía (vocería presidencial que Murillo dirige), agregándole la facultad de “coordinar todos los programas del ámbito social de las instituciones del Estado”.
La referida Secretaría, que en adelante se llamará “para el desarrollo Social”, también tendrá a su cargo la “creación, implementación, diseño de políticas, planes, programas y acciones del Sistema Nacional de Bienestar Social (...) y organizar su ejecución en todo el territorio nacional”, publicó periódico “El Nevo Diario”.
Lo anterior coloca a la omnipresente primera dama, como “la virtual jefa del gabinete social” ya que coordinará “todos los programas sociales del gobierno y la supervisión del Sistema Nacional de Bienestar Social”, señaló el rotativo.
Destacó que con esta reforma, el presidente Ortega “fusiona la conducción política” de los polémicos Consejos de Poder Ciudadano (CPC, dirigidos por Rosario Murillo con adeptos al partido sandinista) con la ejecución de emblemáticos programas sociales del Estado.
Entre estos programas figuran Hambre Cero, Usura Cero, Calles para el Pueblo, Casas para el Pueblo, “muchos de ellos doblemente financiados con el Presupuesto del Estado y los fondos de ALBA-Caruna”, una empresa financiera ligada al gobierno que recibe millonarios recursos del gobierno de Venezuela.
El gobierno nicaragüense pide en su demanda 30 millones por incumplimiento de contrato
Managua
EFE
El Gobierno de Nicaragua presentó ayer ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) una demanda por $30 millones contra el grupo hotelero español Barceló, por supuesto incumplimiento de contrato.Hernán Estrada, procurador general de Nicaragua, en rueda de prensa declaró que el Gobierno de su país acudió ante este centro de arbitraje, con sede en Washington, consciente de que en el CIADI “se dirimen y se favorecen intereses ajenos a los intereses populares”.
El alto cargo afirmó que la demanda es para que el Grupo Barceló pague al Estado de Nicaragua una deuda, cuyo monto no precisó, a pesar de que se le preguntó varias veces a cuánto asciende la misma.
El pasado 5 de junio en una comparecencia ante la Comisión de Turismo del parlamento, Estrada se refirió a una deuda de $1,45 millones, más intereses por un monto no precisado, que sería pagada en 10 cuotas, a partir de 1996, según indicó la prensa local en esa fecha.
Ejecutivos de Barceló negaron que ese grupo tenga deudas con el Estado nicaragüense y criticaron al Gobierno de Daniel Ortega por tratar a la empresa hotelera como “delincuentes” y de mantener un acoso contra esta corporación.
Según Estrada, el monto mínimo de los $30 millones es lo que el Estado nicaragüense invirtió en los años 80 en la construcción del centro turístico Montelimar, ubicado 55 kilómetros al oeste de Managua.
El procurador, pese a todo, aclaró que al tomar la iniciativa de la notificación de la demanda presentada ayer ante el CIADI, otorga al Grupo Barceló un período de gracia de seis meses para negociar una solución a esta controversia.
Estrada advirtió que si en ese período no hay conciliaciones o mediaciones “no hay duda que el arbitraje va en el CIADI, que es el tribunal que a ellos (Grupo Barceló) más les gusta”.
Recordó que antes de la notificación al CIADI la institución solicitó ante un juez de Managua un embargo preventivo contra el Grupo Barceló, para reclamar la deuda a favor del Estado, pero no ha solicitado interventor en los bienes de la corporación española.
Un juez de Managua aplicó un “secuestro preventivo” a comienzos de mayo pasado contra el hotel Barceló Montelimar Resort & Casino a petición de la Procuraduría, que depende directamente de Ortega.
El representante legal y asesor jurídico de Barceló en Nicaragua, Tomás Delaney, a su vez afirmó que ese embargo preventivo no está basado en demanda alguna concreta y ni siquiera conocen el expediente que se levantó en los tribunales de Nicaragua.
Delaney señaló que el acoso por parte del Gobierno de Ortega comenzó a raíz de que el Grupo Barceló anunció el proyecto de construir un nuevo hotel en Managua de 147 habitaciones.
Estrada sostuvo ayer que la empresa española sólo pagó el 26 de mayo de 1993 una prima por $3.030.000 y que no ha cancelado otras diez cuotas anuales consecutivas, a partir de un plazo que se venció el 30 de junio de 2006.
El representante legal del grupo Barceló explicó que esa corporación obtuvo ese centro turístico a través de una licitación pública, en la que presentaron la oferta más alta.
Agregó que el precio, de tres millones de dólares, lo valoró una firma de auditoría estadounidense.
“Barceló pagó lo que le dijeron que valía en ese entonces”, añadió Delaney, quien observó que en 1993, tras la primera derrota electoral del sandinista Ortega, que gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, “no había turismo” en este país.
El Hotel Barceló Montelimar es una antigua residencia del dictador Anastasio Somoza reconvertida en hotel en los años ochenta.
El contrato firmado entre el Grupo Barceló y el Gobierno de Nicaragua, que encabezaba entonces Violeta Chamorro, contemplaba un primer pago de $3 millones y un segundo pago a calcular cuando fuera superado determinado nivel de ocupación.
Walter Martino, gerente general de Barceló Montelimar, por su parte, dijo el mes pasado que han pagado a Nicaragua $28,9 millones en impuestos de 1994 a 2007, y han generado hasta 20.502 plazas de trabajos, directos e indirectos, durante ese período.
Más poder
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, otorgó nuevas facultades de mando institucional a su esposa, Rosario Murillo, convirtiéndola virtualmente ahora en jefa del gabinete social, según decreto publicado en el diario oficial “La Gaceta”.
Las nuevas disposiciones amplían las funciones de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía (vocería presidencial que Murillo dirige), agregándole la facultad de “coordinar todos los programas del ámbito social de las instituciones del Estado”.
La referida Secretaría, que en adelante se llamará “para el desarrollo Social”, también tendrá a su cargo la “creación, implementación, diseño de políticas, planes, programas y acciones del Sistema Nacional de Bienestar Social (...) y organizar su ejecución en todo el territorio nacional”, publicó periódico “El Nevo Diario”.
Lo anterior coloca a la omnipresente primera dama, como “la virtual jefa del gabinete social” ya que coordinará “todos los programas sociales del gobierno y la supervisión del Sistema Nacional de Bienestar Social”, señaló el rotativo.
Destacó que con esta reforma, el presidente Ortega “fusiona la conducción política” de los polémicos Consejos de Poder Ciudadano (CPC, dirigidos por Rosario Murillo con adeptos al partido sandinista) con la ejecución de emblemáticos programas sociales del Estado.
Entre estos programas figuran Hambre Cero, Usura Cero, Calles para el Pueblo, Casas para el Pueblo, “muchos de ellos doblemente financiados con el Presupuesto del Estado y los fondos de ALBA-Caruna”, una empresa financiera ligada al gobierno que recibe millonarios recursos del gobierno de Venezuela.