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Jueves, 26 de noviembre de 2020



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Menos iguales ante la ley que otros

Felipe Guadamuz Flores [email protected] | Martes 26 mayo, 2020

Guadamuz

El artículo 33 de la Constitución Política establece que todos somos iguales ante la ley, excepto por las municipalidades. A pesar de la oposición de la Contraloría General de la República, del Banco Central y del Ministro de Hacienda, el Presidente de la República dio el visto bueno de la “Adición de un inciso D) al artículo 6 del Título IV ‘Responsabilidad fiscal de la República’, Capítulo I ‘Disposiciones generales objeto, ámbito de aplicación, definiciones y principios’, de la Ley N.° (sic) 9635 ‘Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas’ de 4 de diciembre de 2018”. Esto no es conveniente ni adecuado porque abre el portillo para que más instituciones y dependencias pidan ser eximidas de la regla fiscal.

Es de todos conocido que las finanzas públicas no pasan por un buen momento, hecho que se ha venido generando por varias administraciones pero que se agravó con la Administración Solís Rivera por el muy deficiente manejo de las finanzas públicas. La reforma fiscal que llevó más de veinte años para aprobarse dio un respiro levísimo, pero respiro al final de cuentas, a las finanzas públicas, pero bajo un pretexto de que las municipalidades realmente casi no reciben fondos del gobierno central, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley antes 21 494 aduciendo que por ese motivo debería flexibilizarse la regla fiscal, dado que las corporaciones municipales generan más del 80% de sus recursos por medio de patentes, permisos, entre otros.

Los señores diputados se enfocaron en el árbol y no en el bosque, porque en la justificación del proyecto de ley se echa de menos un análisis global para entender que el tema no se trata de las finanzas manejadas por el gobierno central solamente sino de las finanzas públicas en general. En ningún momento aportaron datos que analizaran como la burocracia excesiva en las municipalidades genera efectos negativos sobre los munícipes. Muchos de esos recursos que las municipalidades generan por sí solas constituyen trámites burocráticos que entorpecen la labor de emprendimiento y encarecen los costes de los servicios urbanos, precisamente por la burocracia que los munícipes deben mantener.

En un análisis de 34 páginas, el Ministerio de Hacienda presenta una exposición muy clara del por qué las municipalidades tienen que respetar la regla fiscal, a lo cual el Presidente de la República hizo caso omiso, enviando un mensaje a la ciudadanía que no todos son iguales ante la ley y que de hecho existen unos menos iguales que otros.

El proyecto de ley es lo que en lógica se conoce como una falacia de datos incompletos y los diputados que votaron por el proyecto han demostrado completa falta de compromiso con el país y con las finanzas públicas, pues por un lado votaron el proyecto de ley que se terminó convirtiendo en la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero por otro lado votan otro proyecto para eximir a las municipalidades. El mensaje de inconsistencia de la Asamblea Legislativa es claro y contundente y pone en entredicho la credibilidad de los diputados.

Mientras tanto, los funcionarios de Hacienda continúan realizando traslados de cargos y cobrándole a los contribuyentes en el medio de una crisis, mientras el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sigue con la miopía ideológica donde incluye trámites que no venían contemplados originalmente en la ley para reducir las jornadas laborales.

Es cierto que los gobiernos municipales son los más cercanos a la ciudadanía, pero precisamente por ese motivo es que deberían ser más conscientes y más eficientes que el gobierno central. Esto no es obstáculo para eximir al gobierno central de actuar de manera eficiente y eficaz, pero claro está que la mayoría de las trabas que un emprendedor encuentra al iniciar están en las municipalidades. Con la ineficiencia con la que actúan y el clientelismo político, flaco favor le han hecho los diputados y el Presidente de la República a la ciudadanía eximiendo a las municipalidades mientras los contribuyentes tendremos que asumir esas cargas excesivas.






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