Megaplanta eléctrica enfrenta rechazo
Gabriela Masis gmasis@larepublica.net | Jueves 30 septiembre, 2010
Sectores contrarios a Diquís anuncian lucha para evitar su construcción
Megaplanta eléctrica enfrenta rechazo
El proyecto hidroeléctrico Diquís apenas está en su fase de estudio y ya levanta la oposición de sectores que lo ven como una amenaza al ambiente y sus comunidades.
Grupos ambientalistas, indígenas y vecinos de las localidades adelantaron que obstruirán el proyecto eléctrico para evitar que se lleve a cabo en la zona sur.
Diquís se plantea como la salvación para abastecer de energía al país y evitar apagones en el mediano plazo, ya que produciría 650 megavatios, una tercera parte de la capacidad actual.
Las estimaciones apuntan a que la construcción de la planta se iniciará en 2013, para ponerlo en servicio en 2018. Se proyecta que dentro de una década la demanda eléctrica será el doble de la actual.
“Desde el pueblo nos hemos organizado y estamos decididos a que el proyecto no se lleve a cabo; tenemos absolutamente claro que esta energía que pretenden explotar no la necesita el país”, dijo Gustavo Oreamuno, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.
Las implicaciones en los sistemas ecológicos y económicos, o en las comunidades por sus desplazamientos, son el principal detonante de grupos organizados de la zona sur, principalmente de las inmediaciones del Térraba, Buenos Aires y Osa.
Los representantes indígenas sustentan su afirmación diciendo que para 2016 la capacidad de generación será dos veces mayor a la demanda estimada para ese año, por lo que producir más energía para consumo local no se justifica.
A lo que se suma la preocupación manifestada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas al Gobierno de Costa Rica, sobre la situación que enfrentaría el pueblo indígena de Térraba, ante la inminente construcción de la planta hidroeléctrica.
Un proyecto de esa envergadura no se puede realizar sin efectuarse una consulta previa a las comunidades indígenas de la zona, tal como lo establece el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas, dijo José María Villalta, diputado del Frente Amplio.
No obstante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se mantiene firme en el impulso de la obra.
“Un proyecto de esta complejidad siempre presentará inquietudes y cuestionamientos, para los que estamos preparados y así atenderlos oportuna y responsablemente”, manifestó Gravin Mayorga, gerente de Electricidad del ICE, al ser consultado sobre las recientes manifestaciones de los activistas.
El proyecto, el más grande a desarrollar por el ICE, busca reducir la generación de energía dependiente de combustibles fósiles y a la vez bajar la emisión de gases de efecto invernadero.
“Parece que el proyecto provocará una afectación seria desde la perspectiva ambiental, por lo que espero que el ICE presente estudios serios y profundos”, argumentó Villalta.
La obra tiene un costo superior a $2 mil millones y suplirá la demanda de consumo para más de 1 millón de habitantes.
A la fecha la reanudación del plan hidroeléctrico representa una inversión acumulada de $50 millones en la cobertura de gastos para el mantenimiento de un campamento con 850 funcionarios, estudios de factibilidad, adquisición de terrenos y estudios de viabilidad ambiental, entre otros.
La nueva opción Diquís se concibe como parte de la estrategia hidroeléctrica del proyecto Mesoamérica para abastecer a la región.
También para satisfacer los faltantes de electricidad que se dan en la época seca, que impactan las tarifas residenciales como las de empresas.
Los inconvenientes de orden social y ambiental tratan de ser superados con la nueva propuesta Diquís, que contará con un embalse de una extensión cercana a las 6,8 mil hectáreas, la mitad de la propuesta inicial, pero con mayor viabilidad financiera y económica, según el ICE.
Para la construcción de la obra será necesario inundar 3,6 kilómetros de la Carretera Interamericana y 734 hectáreas de suelo indígena.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net
Megaplanta eléctrica enfrenta rechazo
El proyecto hidroeléctrico Diquís apenas está en su fase de estudio y ya levanta la oposición de sectores que lo ven como una amenaza al ambiente y sus comunidades.
Grupos ambientalistas, indígenas y vecinos de las localidades adelantaron que obstruirán el proyecto eléctrico para evitar que se lleve a cabo en la zona sur.
Diquís se plantea como la salvación para abastecer de energía al país y evitar apagones en el mediano plazo, ya que produciría 650 megavatios, una tercera parte de la capacidad actual.
Las estimaciones apuntan a que la construcción de la planta se iniciará en 2013, para ponerlo en servicio en 2018. Se proyecta que dentro de una década la demanda eléctrica será el doble de la actual.
“Desde el pueblo nos hemos organizado y estamos decididos a que el proyecto no se lleve a cabo; tenemos absolutamente claro que esta energía que pretenden explotar no la necesita el país”, dijo Gustavo Oreamuno, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.
Las implicaciones en los sistemas ecológicos y económicos, o en las comunidades por sus desplazamientos, son el principal detonante de grupos organizados de la zona sur, principalmente de las inmediaciones del Térraba, Buenos Aires y Osa.
Los representantes indígenas sustentan su afirmación diciendo que para 2016 la capacidad de generación será dos veces mayor a la demanda estimada para ese año, por lo que producir más energía para consumo local no se justifica.
A lo que se suma la preocupación manifestada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas al Gobierno de Costa Rica, sobre la situación que enfrentaría el pueblo indígena de Térraba, ante la inminente construcción de la planta hidroeléctrica.
Un proyecto de esa envergadura no se puede realizar sin efectuarse una consulta previa a las comunidades indígenas de la zona, tal como lo establece el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas, dijo José María Villalta, diputado del Frente Amplio.
No obstante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se mantiene firme en el impulso de la obra. “Un proyecto de esta complejidad siempre presentará inquietudes y cuestionamientos, para los que estamos preparados y así atenderlos oportuna y responsablemente”, manifestó Gravin Mayorga, gerente de Electricidad del ICE, al ser consultado sobre las recientes manifestaciones de los activistas.
El proyecto, el más grande a desarrollar por el ICE, busca reducir la generación de energía dependiente de combustibles fósiles y a la vez bajar la emisión de gases de efecto invernadero.
“Parece que el proyecto provocará una afectación seria desde la perspectiva ambiental, por lo que espero que el ICE presente estudios serios y profundos”, argumentó Villalta.
La obra tiene un costo superior a $2 mil millones y suplirá la demanda de consumo para más de 1 millón de habitantes.
A la fecha la reanudación del plan hidroeléctrico representa una inversión acumulada de $50 millones en la cobertura de gastos para el mantenimiento de un campamento con 850 funcionarios, estudios de factibilidad, adquisición de terrenos y estudios de viabilidad ambiental, entre otros.
La nueva opción Diquís se concibe como parte de la estrategia hidroeléctrica del proyecto Mesoamérica para abastecer a la región.
También para satisfacer los faltantes de electricidad que se dan en la época seca, que impactan las tarifas residenciales como las de empresas.
Los inconvenientes de orden social y ambiental tratan de ser superados con la nueva propuesta Diquís, que contará con un embalse de una extensión cercana a las 6,8 mil hectáreas, la mitad de la propuesta inicial, pero con mayor viabilidad financiera y económica, según el ICE.
Para la construcción de la obra será necesario inundar 3,6 kilómetros de la Carretera Interamericana y 734 hectáreas de suelo indígena.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net