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Viernes, 19 de julio de 2024



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Marta Acosta rechaza “desafío” del presidente Rodrigo Chaves para participar en debate por TV sobre referéndum

Discusión debe darse en Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones, según funcionaria

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 20 junio, 2024 10:45 a. m.


Marta Acosta, contralora general. Cortesía/La República
Marta Acosta, contralora general. Cortesía/La República


Un día después de que el presidente Rodrigo Chaves desafiara públicamente a un debate televisado sobre el referéndum, Marta Acosta, contralora general de la República, anunció que no participará.

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En su lugar, la discusión sobre este tema debe darse en las instancias legales pertinentes.

“Ante consultas de medios de comunicación, nos permitimos indicar que el debate sugerido sobre el referéndum ya se realiza en las instancias institucionales que corresponden: la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones. La Contraloría atenderá allí los procedimientos establecidos en las leyes que regulan ese debate formal, como corresponde en una democracia como la nuestra”, indicó la Contraloría en una nota enviada a los medios.

Tras aseverar que Acosta difunde un puñado de mentiras en torno al referéndum que planea el gobierno, el presidente desafió a la funcionaria a un debate televisado.

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“Yo la desafío públicamente para que tenga un debate público con la ministra de Planificación, transmitido por televisión, bien moderado por un árbitro imparcial, con un abogado constitucional y así, el pueblo de Costa Rica sabrá quién miente y quién dice la verdad”, dijo Chaves.

El referéndum que propuso el presidente hace un par de semanas debilitaría la fiscalización que realiza la Contraloría para evitar actos de corrupción, según Acosta. En un pronunciamiento público dado a conocer el martes, Acosta señaló que la propuesta desmantelaría a la Contraloría.

“Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles”, dijo Acosta.

Para Acosta, el Poder Ejecutivo, bajo la guía del presidente, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, “escogiendo justamente uno que sea débil y con menor alcance”.

“El panorama es bastante claro: se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, dijo Acosta.

La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional que presentó el presidente Chaves en días pasados implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centrará solo en un puñado de temas. Se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.


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