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Tras aseverar que Marta Acosta, contralora general, señaló un puñado de mentiras en torno al referéndum que planea el gobierno, el presidente Rodrigo Chaves desafió a la funcionaria a un debate televisado.
En los próximos días se hará la invitación formal por escrito, pero la idea es que ella y un asesor legal de su confianza debatan de manera abierta con Laura Fernández, ministra de Planificación, y un abogado constitucionalista del gobierno.
“Yo la desafío públicamente para que tenga un debate público con la ministra de Planificación, transmitido por televisión, bien moderado por un árbitro imparcial, con un abogado constitucional y así, el pueblo de Costa Rica sabrá quién miente y quién dice la verdad (…) Mañana o pasado, vamos a hacerle llegar copia al pueblo de Costa Rica de una carta abierta donde la invitamos al debate”, dijo Chaves.
El referéndum que propuso el presidente hace un par de semanas debilitaría la fiscalización que realiza la Contraloría para evitar actos de corrupción, según Marta Acosta, jerarca de esa institución.
En un pronunciamiento público dado a conocer el martes, Acosta señaló que la propuesta desmantelaría a la Contraloría.
“Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles”, dijo Acosta.
Para Acosta, el Poder Ejecutivo, bajo la guía del presidente, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, “escogiendo justamente uno que sea débil y con menor alcance”.
“El panorama es bastante claro: se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, dijo Acosta.
La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional que presentó el presidente Chaves en días pasados implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centrará solo en un puñado de temas. Se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General. El plan no incluye la venta del BCR, ni las jornadas 4x3, ni tampoco una revocatoria de mandato o reelección presidencial.
En caso de que la Asamblea no le dé los 29 votos que se requieren para avanzar con la consulta, se hará el referéndum por medio del mecanismo de iniciativa popular, por lo que se buscará la firma del 5% del padrón electoral. En este caso, el gobierno estaría en una carrera contra el tiempo para avanzar con el plan.
