Magisterio desmiente datos y atiza guerra por pensiones

Dimes y diretes entre el Gobierno y el Magisterio Nacional —cada uno con “datos contundentes”— avivan la guerra por las pensiones del Magisterio Nacional, en la cual ya se involucraron los sindicatos, partidos políticos, candidatos y sectores productivos.

Mientras que Casa Presidencial denuncia la pérdida de ¢52 mil millones en el IVM de la Caja y un gasto adicional del Estado de hasta ¢30 mil millones anuales para sostener el régimen jubilatorio de los maestros, los gremios hablan de “premisas espurias”, “mala intención” y “discusión tendenciosa y desorientada” desde Zapote y la prensa.

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La manzana de la discordia es un proyecto de ley que se aprobó en primer debate hace una semana y que permitiría a miles de docentes —también hay discrepancia sobre la cantidad— dejar de cotizar para el IVM de la Caja y trasladarse al sistema del Magisterio Nacional, el cual permitiría a los beneficiarios retirarse a los 58 años en vez de 62 o 64 años dependiendo del género y un menor número de cuotas.

Todo ello, a costillas de los contribuyentes, ya que el régimen de pensiones del Magisterio se financia en un 90% con los impuestos, mientras que el resto lo fondean los educadores con un aporte de hasta el 16% de su salario.

Para medir el impacto que tendría el proyecto, el Ministerio de Hacienda efectúo diversos estudios técnicos, a partir de una base de datos de la Caja, con lo que estimó un impacto mínimo anual de ¢11 mil millones y ¢30 mil millones máximo.

De esta forma, se aumentaría el déficit fiscal y los diputados borrarían el impacto positivo que propiciaron al reducir las pensiones de lujo de los exlegisladores el año pasado, dijo Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda.

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La votación del proyecto en segundo debate quedó pospuesta hasta la otra semana, mientras que Liberación Nacional y el PUSC estudian el proyecto a profundidad, y teniendo en cuenta la oposición de los candidatos presidenciales Antonio Álvarez y Rodolfo Piza.

No obstante, el beneficio no sería automático para todo docente que quiera regresar al régimen del Magisterio Nacional, dijo Gilberto Cascante, presidente de ANDE.

Por otra parte, el gasto para el Estado no sería superior a los ¢1 mil millones.

Esto, porque los interesados deberían pagarle al Ministerio de Hacienda, con su propio patrimonio, la diferencia entre lo cotizado en el IVM y lo que debieron haber aportado al Magisterio.

Esto implicaría entre ¢4 millones y ¢125 millones de acuerdo con la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), ya que a la Caja el trabajador le brinda entre el 2,05% y el 2,84% de su salario mensual, mientras que con el Magisterio se habría cotizado entre un 10% y un 16%.

De esta forma, el número de potenciales beneficiarios se reduciría drásticamente, añade Cascante.

Por otra parte, el proyecto establece como requisito que los interesados en trasladarse coticen un mínimo de diez años en el régimen de pensiones del Magisterio.

Posiciones encontradas

El Gobierno y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional se mantienen enfrentados por el número de beneficiarios y el costo que implicaría para el IVM de la Caja y para el Estado, el permitir el traslado de un indeterminado número de educadores.

Fuente Gobierno y Jupema   

Dos visiones

La votación en segundo debate del proyecto que divide a los sectores, se pospuso hasta la otra semana.

Fernando Rodríguez

Viceministro

Hacienda

Nos sorprende la decisión tomada, contraria a la dirección de las reformas a los regímenes de pensiones con cargo el presupuesto que se aprobaron al año anterior.

Hacemos nuevamente un llamado a los señores diputados para avanzar en la aprobación de los proyectos de ley que favorecen las finanzas del Estado y a rechazar aquellos que repercuten negativamente en la situación fiscal actual y futura.

A partir de una base de datos que suministró la Caja, se determinó que el impacto para el fisco sería de entre ¢11 mil millones y ¢30 mil millones al año, ya que actualmente, el 90% de las pensiones de los educadores se financia vía presupuesto.

Henry Mora

Diputado

PAC

No puedo pretender recibir una pensión por la que no he cotizado, que otros paguen la diferencia por mí, y menos aún, dañar a nuestra querida Caja... la misma que cuidó de papá hasta su muerte; la misma que le devolvió a mamá su capacidad de caminar.

Qué fácil es para el PLN y PUSC cambiar de posición en tiempos electorales y estando en la oposición. El cálculo político se ha impuesto al bien común.

¿Les saldrá el tiro por la culata? En una democracia de ciudadanos informados y críticos, no me cabe duda que ese sería el caso.

Enrique Egloff

Presidente

Cámara de Industrias

Hemos seguido con especial atención las decisiones relacionadas con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de las últimas semanas y consideramos que las decisiones en este Régimen deben tomarse desde un punto de vista técnico.

En ese sentido, vemos con mucha preocupación que la Asamblea Legislativa haya aprobado en primer debate pasar 6 mil miembros del sector educativo que han cotizado para el régimen de IVM al del Magisterio, en una decisión que le va a significar una erogación anticipada al régimen de IVM de cerca de ¢52 mil millones, y un monto de más de ¢30 mil millones anuales al Gobierno.

Edgardo Araya

Candidato

Frente Amplio

La Junta de Pensiones del Magisterio estima que este traslado costaría a Hacienda cerca de ¢200 millones en el primer año, asumiendo que todas las personas se trasladen al mismo tiempo.

En cambio, Hacienda recibiría por las personas que se trasladen, no menos de ¢800 millones.

Por su parte, la erogación por parte del IVM sobre esa cantidad de personas no sería actuarialmente significativa, por lo que no afectará la estabilidad del régimen ni las finanzas de la Caja.

Gilberto Cascante

Presidente

ANDE

Los trabajadores de la educación, como se ha dicho hasta el cansancio, históricamente han pagado y continúan pagando las cotizaciones para disponer de una pensión digna, no obstante, los gobiernos nunca conformaron el fondo de pensiones para atender esas obligaciones y por ello, se encuentran con cargo al presupuesto.

Los costos reflejados por el Ministerio de Hacienda se ven inflados debido a los parámetros que utilizan, en donde se parte de premisas espurias y alejadas de la realidad.

Rosibel Ramos

Diputada

PUSC

Estoy segura de que cuando expliquemos a nuestro líder Rodolfo Piza los datos del Magisterio Nacional, él recapacitará sobre su opinión en torno a este proyecto.

Esto, porque el impacto que ha señalado el Gobierno no es tan alto, sino que por el contrario, es muy escaso.

Para trasladarse al régimen de pensiones del Magisterio, los interesados deberán pagar por lo menos unos ¢13 millones para compensar las cuotas que tienen que pagar.