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Han pasado apenas 19 días desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, pero las medidas que anunció han sido tantas -y tan arrasadoras- que a muchos argentinos les cuesta creer que van menos de tres semanas de gobierno “libertario”.
Este miércoles, el flamante mandatario envió al Congreso una “ley ómnibus”, nombre que recibe un paquete legislativo compuesto por una serie de artículos que modifican o derogan una veintena de leyes en áreas variadas como el tributario, el electoral y el penal.
(Puedes leer todo sobre estas medidas aquí)
Estas más de 600 iniciativas que deberá debatir el Legislativo -en sesiones extraordinarias convocadas por Milei hasta el 31 de enero- son la tercera y última pata del aluvión de reformas liberales que propuso el nuevo jefe de Estado desde que asumió el pasado 10 de diciembre.
La semana pasada, Milei generó mucha polémica al anunciar por cadena nacional otro paquete enorme de medidas, pero estos directamente aprobados por el Poder Ejecutivo, sin debate previo en el Congreso.
El “mega decreto” que firmó el 20 de diciembre -horas después de enfrentar la primera, de varias, protestas de organizaciones sociales- modifica o deroga 366 leyes con la intención de desregular diversos sectores de la economía, desde el laboral, comercial e inmobiliario, hasta el de la salud y el deporte.
El polémico “decreto de necesidad y urgencia (DNU)” produjo una serie de “cacerolazos” (protestas de vecinos golpeando cacerolas) en diversos puntos del país y ha generado cuestionamientos sobre su constitucionalidad, tema sobre el que deberá expedirse la Justicia.
Ambos “paquetazos” de normas se suman al fuertísimo ajuste anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a dos días de asumir.
Las “medidas de emergencia” que implementó Caputo como parte de su terapia de choque para sacar a la economía argentina de su estancamiento incluyeron una devaluación repentina del 54% del valor del peso contra el dólar, que inmediatamente repercutió en los precios en los supermercados y comercios.
(Aquí tienes los detalles del "mega decreto" y de las medidas de emergencia)
Con todo, este diciembre -en el que, además, se sumó un inesperado temporal que causó enormes destrozos y pérdidas de vida en zonas de la provincia de Buenos Aires- ha resultado brutal para muchos argentinos, que terminan el año llenos de ansiedad y preocupación.
Pero ¿cuántos de estos anuncios están en línea con lo que prometió Milei durante su campaña, cuando se lo vio en diversas caravanas proselitistas blandiendo una motosierra como símbolo del recorte del gasto público que proponía?
¿Y qué pasó con sus propuestas de dolarizar la economía y “dinamitar” el Banco Central?
La mayoría de las propuestas legislativas que presentó Milei -tanto vía su polémico DNU como con su “ley ómnibus”- van en línea con sus ideas “liberal libertarias”, ya que buscan eliminar muchas de las reglas que restringen la libertad de mercado, su principal ideal.
El drástico recorte del gasto que anunció a través de Caputo también era algo esperado: una de sus principales promesas de campaña era reducir el déficit fiscal (es decir, la deuda del Estado), que considera la madre de todos los problemas económicos de argentina, en especial la inflación, que ya supera el 160% anual.
Pero durante su campaña, Milei aseguró una y otra vez a sus partidarios que el ajuste caería “sobre la casta”, la despectiva forma que tenía de nombrar al sector político.
Una vez que asumió, reemplazó la palabra “casta” por “Estado”, afirmando en su discurso inaugural que el ajuste caería “con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado”.
En efecto, su primera medida como presidente fue promulgar un decreto que recortó a la mitad la cantidad de ministerios, que pasaron de 18 a 9, y el número de secretarías, que se redujo de 106 a 54.
Según Caputo, se recortó “en más del 50% los cargos jerárquicos de la política y el 34% de los cargos políticos totales del Estado nacional”.
También se anunció que se reducirían otros beneficios a los que suelen acceder los políticos, como el uso de asesores, choferes, y teléfonos celulares.
“Cuando llegamos (a la Casa Rosada) mi hermana se puso a revisar. Teníamos 121 autos. Dos choferes por auto, para la secretaría general de la Presidencia. Se sacó todo. Luis Caputo encontró 600 (autos en el Ministerio de Economía). Afuera. Se terminaron los privilegios”, contó Milei el pasado 26 de diciembre durante una entrevista con el canal LN+.
Ese mismo día el presidente firmó otro decreto para achicar el Estado, dando de baja los contratos de unos 7.000 empleados públicos que habían ingresado en el último año.
Según el mandatario, si se contabilizan todos esos ahorros, más el congelamiento por un año de la obra pública y la publicidad estatal, el principal perjudicado por sus recortes es el Estado.
“El 60% del ajuste cae en el sector público y el 40% en el sector privado”, repite en entrevistas con medios locales afines.
Sin embargo, los críticos del libertario resaltan que su “plan motosierra” -como lo han apodado los medios- recae principalmente sobre los trabajadores y no sobre “la casta”.
Por ejemplo, su plan de congelar la obra pública, que dejará a unos 250.000 obreros sin trabajo, según el sindicato de la construcción.
O la propuesta de suspender por un año la llamada “pauta oficial” (los avisos institucionales del gobierno en medios), que generará despidos y podría llevar al cierre de medios pequeños que dependen fuertemente de esos ingresos.
Pero el principal golpe para los trabajadores se está dando por el vertiginoso aumento del dólar oficial, que pasó, de un golpe, de cerca de $400 a más de $800, con un consiguiente traslado a precios que llevó a que la inflación se duplicara este mes, pasando de menos del 13% en noviembre a más del 25% en diciembre, según la mayoría de las consultoras privadas.
El influyente banco de inversión estadounidense, J.P. Morgan incluso estimó que el alza de precios llegará al 60% mensual durante el verano austral.
A esto se suma el anuncio de que, a partir de enero, se reducirán los subsidios a la energía y al transporte, uno de los principales generadores del déficit fiscal.
Hoy estos subsidios representan un enorme porcentaje del precio del combustible y de las tarifas de los servicios públicos y son una ayuda estatal del cual dependen millones de personas.
“Esto no es un ajuste sobre la política, sino sobre los argentinos”, resumió el reconocido periodista radial Marcelo Longobardi.
Por su parte, el economista Diego Giacomini, que fue socio de Milei durante 15 años y escribió cuatro libros con él, antes de romper relaciones, aseguró que no es cierto que el peso del ajuste recae principalmente en el Estado.
“Javier Milei siempre prometió que el plan de ajuste lo iba a pagar la casta, no la gente, (pero) cuando miramos las medidas con los números oficiales del Ministerio de Economía, uno se encuentra que el 67% del ajuste lo está pagando la gente, no la casta”, dijo al diario Perfil.
“Siendo generoso, solamente un 37% tendría chances de no ser pagado por la gente”, señaló Giacomini, director de la consultora económica E2.
El temor de muchos en este país es que el ajuste lleve a un porcentaje importante de la clase media y media baja a estar por debajo de la línea de pobreza, un nivel que ya alcanza casi el 45% de la población, según la última encuesta de la Deuda Social Argentina, realizada por la Universidad Católica Argentina (UCA).
Después de todo, incluso antes de que asumiera el nuevo gobierno, un tercio de los trabajadores registrados ya era pobre por la caída del salario real, un problema que se acrecentará ahora que se aceleró aún más la inflación.
“(Milei) canjeó la motosierra por la licuadora”, acusó en declaraciones a Radio Mitre Carlos Melconian, quien fue candidato a ministro de Economía de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio.
Según el economista, el verdadero recorte del gasto se dará por la licuación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones.
Algunos también sostienen que las medidas del gobierno para reducir el tamaño del Estado tienen una importancia más simbólica que real, ya que representan un ahorro muy pequeño para las arcas públicas.
“Puro humo: el recorte del gabinete de Javier Milei representa el 0,00142% del PBI”, tituló el sitio de periodismo político Letra P, en referencia al ahorro medido en términos del Producto Interno Bruto de Argentina.
Los críticos cuestionan que los anuncios oficiales no incluyan un recorte de sueldos de funcionarios públicos y legisladores.
“Hay plata para los capitalistas y hay ajuste contra los que menos tienen, contrariando justamente lo que dijo Milei que el ajuste lo pagaba la casta”, señaló Eduardo Belliboni, el líder de la organización social Polo Obrero, que el 20 de diciembre convocó a la primera marcha contra el ajuste del gobierno.
“La casta está en el gobierno y el ajuste lo paga el pueblo”, acusó el dirigente “piquetero”.
No obstante, desde el gobierno resaltan que, junto con las medidas de ajuste, se anunció la duplicación de la asistencia que se da a las familias de menores recursos a través de la Asignación Universal por Hijo y se aumentó la tarjeta alimentaria en un 50%.
“Estamos haciendo un esfuerzo enorme”, aseguró Milei.
Pero no solo la licuación salarial afecta los bolsillos de los trabajadores argentinos, que ya perdieron cerca de un cuarto de su poder adquisitivo debido a la constante devaluación del peso y la creciente inflación desde 2017, según las estadísticas oficiales.
La otra forma en la que Milei planea lograr su objetivo de reducir el déficit fiscal en unos 5 puntos del PIB es aumentando algunos impuestos.
Algo que es tan contrario a los ideales libertarios que una de sus frases más conocidas y repetidas antes de que llegara al poder era: “Prefiero cortarme un brazo antes que subir los impuestos” (cita que ahora sus detractores le recuerdan con frecuencia en redes).
Sin embargo, su primer paquete de medidas económicas “de emergencia” aumentó los gravámenes a las importaciones, exportaciones y a la compra de dólares.
Más polémico aún, el mandatario dijo que está dispuesto a volver a imponer un impuesto que él mismo votó a favor de eliminar apenas dos meses antes de ganar la presidencia, cuando aún era diputado nacional.
Se trata de un impuesto a la renta (“a las ganancias”, le dicen los argentinos), que fue derogado en septiembre pasado a instancias del entonces ministro de Economía, Sergio Massa -el rival de Milei en las elecciones presidenciales- y con el voto favorable del libertario.
El 19 de septiembre, antes de votar a favor de derogar el tributo, Milei dio un breve discurso explicando su apoyo: “El Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos y, por lo tanto, los impuestos son un robo y con cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos yo voy a estar de acuerdo”.
Además, agregó que el impuesto a las ganancias “penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo en menos productividad y en menores salarios”.
“Pero como si todo esto fuera poco” -continuó- nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto este impuesto, además, es inmundo y por ende tiene que ser eliminado”, sentenció en ese momento.
Sin embargo, ahora como presidente, Milei ha dicho que está dispuesto a reinstalar este impuesto para ayudar a financiar a los gobiernos provinciales, que dependen de esa recaudación para poder pagar salarios.
Por ello, incluyó el proyecto de ley como tercer punto del temario que envió al Congreso cuando convocó a sesiones extraordinarias a partir del 26 de diciembre.
“A mí no me resulta para nada simpático, pero la realidad es que esto (por la derogación de la ley) generó un desequilibrio enorme en las provincias”, explicó en la entrevista con LN+.
Su vocero, Manuel Adorni, también justificó la reversión durante una de sus conferencias de prensa diarias.
"Milei en su calidad de diputado votó la baja de Ganancias. Jamás dejó de decir en su momento que tenía que ir acompañada por una reducción del gasto, que tenía que hacerla el Ejecutivo”, dijo, en una crítica al gobierno de Alberto Fernández, que, lejos de bajar el gasto, lo subió.
El mandatario señaló, además, que prefiere reinstalar ese impuesto -que es uno de los tributos más progresivos- antes que enviar a las provincias fondos nacionales, ya que esto no le permitiría alcanzar su meta de llegar al equilibrio fiscal en 2024.
“No vamos a modificar nuestra política de déficit cero, es inamovible”, sentenció a Radio Rivadavia.
Milei aseguró que esta reversión -que aún deberá ser enviada al Congreso, que puede aprobarla o rechazarla- será una medida temporal, mientras se recupera la economía del país y aumentan las reservas del Banco Central, hoy en rojo.
Lo mismo dijo sobre todo su plan de ajuste: “Lo que recae en el sector privado es transitorio”, afirmó.
El concepto fue ratificado por su vocero Adorni: “Este es un paquete de emergencia y cualquier corrección al alza será de cortísimo plazo", afirmó.
En tanto, el ministro de Economía Caputo pidió paciencia.
“Pueden confiar en que, una vez que el país arranque, y tengamos superávit y ahorro, eso se lo vamos a devolver a la gente. ¿Cómo? Con menos impuestos, con más oportunidades de trabajo, y eso se va a lograr antes de lo que se cree”, dijo a LN+.
No obstante, muchos -incluso con ideologías afines- se muestran escépticos sobre la posibilidad de que el gobierno termine bajando tributos.
“En Argentina los impuestos transitorios son permanentes”, señaló el economista liberal Roberto Cachanosky en un post en X (exTwitter).
Cachanosky señaló que el mismo impuesto a las ganancias empezó de forma provisoria, y enumeró otros tres que empezaron “como emergencia” y después se mantuvieron, incluyendo las “retenciones” o derechos de exportación que se crearon con la crisis de 2001/2, y hoy acaban de ser aumentados nuevamente por Milei.
Toda la polémica en torno a los tres paquetes de medidas que anunció Milei en sus tres primeras semanas como presidente han dejado de lado algo que, cuando estaba en campaña, era quizás su propuesta más controvertida: la eliminación del peso y su reemplazo por el dólar estadounidense y el consiguiente cierre del Banco Central.
Consultado sobre estas famosas promesas electorales, el ministro de Economía aseguró que siguen en carpeta.
“El presidente siempre hizo campaña con la dolarización y el cierre del Banco Central, no se han perdido esas banderas, no. Mucha gente lo pregunta y siguen siendo las banderas”, aseguró.
No obstante, dijo que estas medidas “no pueden ser el punto de partida”.
“Recibimos a un paciente en terapia intensiva. Primero hay que sacarlo de terapia intensiva… no lo podés mandar a hacer deporte al día siguiente. Estamos en ese proceso, haciendo lo que hay que hacer y lo único que se podía hacer”, describió.
“El punto de partida es controlar este caos”, dijo, asegurando que la dolarización es “el punto de llegada”.
“El presidente no miente, y esto es algo que quiero que quede bien claro: hay que tener un contrato de verdad con la gente”, recalcó Caputo.
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