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Domingo, 18 de agosto de 2019



COLUMNISTAS


La Sala IV

Vilma Ibarra [email protected] | Miércoles 22 septiembre, 2010



Hablando Claro
La Sala IV

Persistentes y altisonantes voces (lo cual no quiere decir en absoluto que sean mayoría sino que se oyen con énfasis) claman diariamente al cielo porque la Sala Constitucional —afirman— ha excedido sus competencias, invade por tanto las atribuciones de los otros poderes, gobierna el país y, consecuentemente, debe recibir un hasta aquí. Hay incluso quienes se han atrevido a plantear que se haga un referéndum para someter a consulta su eventual cierre. Podríamos dejar pasar este despropósito por absurdo y carente del más elemental razonamiento. Pero no es tan simple. Otros países con democracias casi tan antiguas como la nuestra, en algún momento fueron inclinando la balanza a favor de un “poder fuerte” del Ejecutivo que —so pretexto de resolver los endémicos problemas de corrupción, inseguridad, pobreza y desigualdad— terminaron aceptando que se conculcaran las bases mismas del Estado de Derecho y con ello han visto limitada la garantía de sus derechos constitucionales. Y revertir cesiones de derechos es muy difícil.
Ciertamente nuestra democracia es firme y sólida. Por ventura, institucionalmente está mucho más blindada de lo que algunos incluso quisieran. Pero no debemos menospreciar las voces de los que hoy están exigiendo limitar las competencias de la Sala IV sobre todo porque a partir de la coyuntura más reciente, el peligro ha derivado en una inusualmente rápida acción legislativa para que una comisión de padres de la patria intente emitir un proyecto que unifique varias iniciativas anteriores de modificación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que eventualmente pudiera ser aprobada por el plenario legislativo.
¿Cómo se pregunta uno si desde hace años los propios magistrados vienen planteando la necesidad de proceder con una reforma a su ley constitutiva que elimine excesos (como las mismas consultas facultativas convertidas en arma de acción política para la oposición legislativa de turno), deslinde competencias y áreas de gestión para agilizar y mejorar las tareas esenciales de la constitucionalidad, se va a proceder ahora con la precipitación de un rayo?
Es altamente peligroso proceder por esa vía, máxime cuando los mismos magistrados del poder constitucional están advirtiéndonos acerca del peligro que representa para la democracia misma que su pensamiento ideológico y sus interpretaciones de la Constitución estén siendo sometidas a juicio político.
Alto. Las aguas deben volver a su nivel. Los señores diputados deben entender que si bien es cierto es en el pleno legislativo donde habrá de aprobarse finalmente una reforma a la Jurisdicción Constitucional, no son ellos los más idóneos para elaborar una propuesta que puede convertirse en una medicina peor que la enfermedad. Vivimos tiempos sensibles. De mucha crispación y confusión. Requerimos dosis extras de prudencia. Como bien sentenció el politólogo Constantino Urcuyo en un artículo de opinión de lectura obligatoria: “La defensa de la libertad y de la Constitución que la resguarda no descansa en los jueces que la hacen cumplir… (sino)… que debe residir primero en el corazón de las personas, incluida la clase política”. No perdamos de vista el objetivo supremo.

Vilma Ibarra