La trampa del progreso a medias

No es solo que no se obtienen todos los frutos. Es que se dificulta seguir progresando.

Tuve el gusto de escuchar una exposición del Sr. Exvicepresidente Kevin Casas que desde 2019 es Secretario General del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). Gracias a un amigo común recibí el enlace de la charla que impartió el 16 de este mes de agosto en la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia (ECADE) de El Salvador, titulada “Las Raíces y Disparadores del Deterioro Democrático en América Latina”. La recomiendo.

Una afirmación me llamó especialmente la atención. Señaló el Sr. Casas que con el progreso alcanzado por América Latina en las últimas décadas la juventud se ha preparado para la contestación política, pero no para la competencia internacional.

Esta poderosa afirmación nos cae al pelo en nuestro caso.

Nuestro crecimiento desde la pandemia ha dependido en buena medida de la producción de los regímenes especiales de comercio (zonas francas, perfeccionamiento activo y devolutivo de derechos), y de sus exportaciones. Gracias a las nuevas tendencias de preferencia por inversión externa cercana geográficamente y en países amigos (nearshoring y friendshoring) y a los muchos éxitos obtenidos en las últimas 3 décadas con la atracción de inversión directa extranjera (IDE), ésta tuvo el año pasado un gran crecimiento de 81% respecto a 2020, y de 14% respecto a la de 2019, el año previo a la pandemia que había sido la mayor IDE alcanzada por el país. En 2021 Costa Rica sobrepasó a Chile como el país de América Latina con mayor IDE con relación al tamaño de su economía. Por su parte las exportaciones de los regímenes especiales de comercio crecieron en 2020 en medio de la pandemia un 5,7% (las exportaciones del régimen definitivo disminuyeron un 2,2%), en 2021 aumentaron un vertiginoso 29,5% (las del régimen definitivo también crecieron mucho, un 16,2%, pero es un poquito más de la mitad del crecimiento de los regímenes especiales). Hasta julio de 2022 la tasa de crecimiento interanual para las exportaciones de los regímenes especiales es de 14,4% y las del definitivo 5,4%.

Pues bien, la IDE y la generación de empleos formales bien pagados podrían ser mucho mayores si nuestra oferta de profesionales y de técnicos medios y básicos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y de trabajadores con algún dominio del inglés fuese mayor. Contar con jóvenes mejor preparados para la competencia internacional, sería un factor muy importante para acelerar la reactivación de nuestra producción y recuperarnos más rápido del doloroso empobrecimiento que sufren tantas familias.

La afirmación de don Kevin me trajo a la cabeza el tema de la trampa de los ingresos medios.

En diciembre previo a las elecciones de 2018 publiqué para la Academia de Centroamérica el artículo La Trampa de los Ingresos Medios y hace dos años en este periódico el 20 de Julio de 2020 El Gran Reinicio debe permitirnos saltar la trampa de los ingresos medios.

Extraigo de ellos lo siguiente:

Alejandro Foxley es un economista chileno. Como Ministro de Hacienda del Presidente Patricio Aylwin, como Presidente de la Democracia Cristiana de su país y como senador, colaboró intensamente con la muy exitosa transición a la democracia, manteniendo el rumbo de la política económica de mercado.

En 2012 publicó su libro “La Trampa de los Ingresos Medios. El desafío de esta década para América Latina”, en el que señala que “La trampa consiste en la dificultad de sostener por más de una década crecimientos superiores a 5%, acompañados de reducción de las desigualdades y de consolidación y perfeccionamiento de las instituciones democráticas.” Estudia la situación de economías de ingresos medios en América Latina, Asia y Europa del Este y las compara con las que han vencido la trampa.

Las naciones que lo lograron han seguido políticas económicas diversas en sus detalles, pero congruentes con la estabilidad monetaria y fiscal, la apertura al comercio exterior, el respeto al sistema de incentivos y de precios de los mercados y cuentan con instituciones que garantizan la propiedad y la ejecutoriedad de los contratos.

En 2017 Foxley escribió “La Segunda Transición” continuando sus aportes sobre este tema.

En este nuevo libro nos confirma 3 condiciones que han cumplido países exitosos en esa segunda transición como Finlandia, Irlanda y Australia: 1) Una reforma de la educación para hacerla pertinente al desarrollo de las habilidades técnicas, literarias y científicas que demanda el desarrollo; 2) Una reforma del estado para hacerlo eficiente en el uso de recursos y en la satisfacción de las necesidades de ciudadanos y empresas atrayendo a los mejores ciudadanos, no manteniendo una burocracia fosilizada, con efectiva regulación que propicia la iniciativa y la invención privadas, y con capacidad y fuerza para reinventarse continuamente, y 3) Acuerdos entre los principales actores sociales para llevar adelante las transformaciones requeridas.

Esos son retos fundamentales que se satisfacen poco a poco, gradual y progresivamente a través de un tiempo que va mucho más allá de un solo período presidencial. Analizando la frecuencia y duración de los períodos de alto crecimiento económico (más de 5% anual) en países desarrollados y en desarrollo, se ha establecido que en Latinoamérica el inicio de esas rachas de crecimiento no es inferior en su número a las de otras regiones, pero su duración si lo es. Su duración en nuestra zona es hasta un 50% menor al de otras regiones.

¿Estamos en Costa Rica avanzando en esas tres áreas que Foxley indica son necesarias para vencer en democracia la trampa de los ingresos medios?

Desdichadamente no.

Respecto a la formación de nuestra juventud sufrimos la trampa de la educación a medias.

A pesar de legislación aprobada en el período legislativo anterior se sigue contratando a los docentes sin constatar que estén preparados para ejercer su maravillosa profesión, no se da apoyo a los nuevos maestros y profesores al inicio de la práctica del arte de educar, ni se les evalúa.

Respecto a la enseñanza técnica secundaria la Contraloría General de la República señala en su informe de hace pocos días DFOE-CAP-IF-00010-2022 “…se identificó que el 81,1% de las especialidades ofrecidas no contienen un programa explícito para el aprendizaje de las habilidades para el desarrollo humano; no se ha implementado la educación dual; solamente el 17% de las especialidades técnicas que se imparten (9 de 53) han sido ajustadas con la participación del sector productivo. Además, el 48,7% de las especialidades impartidas en los colegios diurnos no se vinculan directa o indirectamente con las necesidades de formación, por lo que el 40,5% de estudiantes graduados entre 2019 y 2021 no han obtenido especialidades vinculadas. En lo referente al nivel de inglés, las personas estudiantes no tienen los niveles de conocimiento requeridos en las habilidades de lectura y escritura de inglés, ya que presentan resultados que se alejan a los niveles establecidos; todos estos resultados constituyen barreras de acceso a mayores grados académicos y a mejores oportunidades en el mercado laboral, lo que compromete sus niveles de ingreso y aumenta el riesgo de pobreza y limita la satisfacción de la necesidad pública”

A nivel universitario la cobertura del país es baja incluso comparada con países latinoamericanos y la proporción de estudiantes en carreras STEM también es muy insuficiente.

La reforma que se aprobó para reencausar el INA no se está ejecutando, y como lo he comentado, con base en estudios de la Academia de Centroamérica, los reglamentos que se prepararon no son adecuados para cumplir con las finalidades de la ley.

Los exámenes de PISA nos indican que nuestros jóvenes de 15 años tenían un retraso en 2018 de año y medio en sus habilidades literarias, matemáticas y científicas respecto a los países de la OCDE, con los que debemos competir en los mercados internacionales.

Como si todas esas limitaciones de nuestra educación fueran poco, con las huelgas de 2018 y 2019, con la covid-19 y el cierre injustificadamente prolongado de nuestra educación pública presencial, el llamado “apagón educativo” por el Estado de la Nación, nuestros estudiantes han perdido un año y medio o más de clases.

En parte esto se debe a la falta de justicia digital en nuestro medio, pues contando con recursos en FONATEL y en el MEP el sistema no ha servido a los estudiantes de familias de bajos ingresos que carecen de conexión con internet o que no tienen computadora en sus hogares.

Todos se tiran la pelota.

MICITT se atrasa en preparar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones hasta finales de 2021, atrasando la puesta al día de las metas de la política pública en este campo.

Recién nos enteramos de que el MEP compró 86.812 computadores con un costo de $58,3 millones mediante FONATEL en 2021, miles de las cuales permanecen sin entregarse, algunas por ser para instituciones educativas que ya habían sido aprovisionadas, otras por no contarse con la información que permita hacerlo.

Anteriormente el MEP fracasó en un procedimiento de compras con la Fundación Omar Dengo porque la Contraloría declaró que contenía incumplimientos legales y técnicos por delegación de funciones.

El IMAS da listas de beneficiarios con información que no permite a las operadoras realizar las conexiones ni localizar a los beneficiarios de computadoras.

El ICE solo realiza una cantidad ínfima de las conexiones por año que le asigna SUTEL.

SUTEL hace largos documentos señalando problemas, pero no los arregla.

El resultado es que cientos de miles de niños y jóvenes y cientos o miles (ni se sabe) de centros de educación no tienen o computadora o conexión de banda adecuada a Internet.

Y no se trata de un problema de recursos.

Si se hubiese cumplido más aceleradamente con los objetivos de FONATEL, cientos de miles de estudiantes más habrían podido tener mucho mejor acceso a formación y adquisición de habilidades ante los cierres de las clases presenciales, provocados por la pandemia.

El impacto de la falta de conectividad afecta muy severamente a las familias más pobres. El 80% de los estudiantes que viven en los hogares de mayor ingreso tiene buena conexión a Internet, mientras que para el resto disminuye a solo el 37%. Para los estudiantes más pobres, que están en el primer quintil de los hogares, el 48% solo puede acceder a Internet por el celular y un 10% no tiene ninguna conexión. Se estima que en 2020 más de la mitad de los estudiantes de escuelas y colegios públicos no pudieron recibir su aprendizaje no presencial mediante tecnologías digitales adecuadas. Solo un 43% lo pudo hacer mediante la tecnología Microsoft Teams que puso a su disposición el MEP.

Mientras la penetración de Internet móvil ha sido extraordinariamente alta en el país, la de Internet fija ha sido lenta, lo cual es una de las causas de la baja velocidad promedio general de conexión que experimentamos. Además, la velocidad de Internet fijo es baja. En América Latina, Chile Uruguay, Panamá y Brasil tienen velocidad media de descarga de Internet fijo que va de 97,28 a 91,03 megabits por segundo (Mbps), mientras la de Costa Rica que ocupa el quinto lugar es un lejano 51,85 Mbps, según datos de marzo pasado. También padecemos una enorme asimetría por una aún más baja velocidad para subida de datos en Internet fijo, que fue de solo 9,68 Mbps, lo que afecta muy negativamente el aprendizaje, el teletrabajo y la atracción de nómadas digitales.

La equidad demanda generar oportunidades de superación a los estudiantes de familias pobres y la eficiencia demanda incrementar la productividad de la economía. Ello amerita una aceleración de la penetración social de la conectividad digital con objetivos muy concretos. No es concebible que no tengamos todos los centros educativos conectados con banda ancha y se debería privilegiar el dotar de acceso a Internet fijo a todos los hogares de familias pobres con estudiantes.

Desde hace 2 años he expresado que la solución es una apropiada coordinación y dirección por parte del Presidente de la República de las tareas encomendadas a FONATEL que son de urgente cumplimiento. No se debe permitir que sigan imperando relaciones confusas, lentas y excesivamente burocráticas entre el MICIT, el MEP, el IMAS y SUTEL. No se resuelven estos temas echándose unos a otros la culpa ni con extensas y dilatadas comunicaciones en las cuales cada entidad se auto justifica. Se requiere que el más alto jerarca ponga orden y que en reuniones de trabajo defina soluciones, determine calendarios para la ejecución de los proyectos y asigne quienes son los responsables en cada área.

La equidad y la eficiencia demandan que se de uso urgente a los recursos de FONATEL y del MEP destinados a resolver este problema.