La ola de detenciones a activistas y a críticos del gobierno de Venezuela que recrudece el conflicto político
Diversas ONGs venezolanas denuncian que estas detenciones están dentro de un “patrón de persecución política".
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"¿Dónde está Rocío?”
Este fue el mensaje y la etiqueta en redes sociales que durante días se desplegaron en Venezuela y cruzaron fronteras. Y se refería a Rocío San Miguel, activista de derechos humanos y conocida crítica del gobierno de Nicolás Maduro.
El pasado viernes fue detenida y no fue hasta el domingo que el fiscal general del Estado, Tarek William Saab, confirmó su aprehensión y la acusó de participar en una supuesta conspiración para atentar contra la vida del presidente venezolano.
Este martes la presentaron ante tribunales bajo los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, pero sin que pudiera comunicarse con su equipo de abogados.
Cuatro días después de su detención, su equipo de abogados supo por fin que se encuentra recluida en el Helicoide, cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Se le imputaron los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, no fue la única detenida el pasado fin de semana dentro de su entorno cercano.
Su hija, dos de sus hermanos, su exmarido y otra expareja de San Miguel también fueron detenidos. Este martes excarcelaron a cuatro de ellos pero con la prohibición de salir del país o declarar a los medios y con la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia.
En cambio, Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, sigue detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Tanto San Miguel como González están incomunicados desde su detención, se desconocen sus condiciones de salud y no han podido contar con defensa privada.
Diversas ONGs venezolanas denuncian que estas detenciones están dentro de un “patrón de persecución política".
Y apuntan que se intensificó en las últimas semanas.
Solo en lo que va de año 36 personas críticas al gobierno fueron detenidas, sin contar las del entorno de San Miguel.
Todo en el marco de un año en el que, aunque aún sin fecha, se espera que se celebren elecciones presidenciales.
Y también en medio de un tira y afloja de acuerdos y conversaciones sostenidas en Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición para que los comicios se celebren de manera libre y justa.
Un escenario que, para los grupos de derechos humanos es, más que de avance, de retrocesos como lo demuestra la inhabilitación de la candidata opositora, María Corina Machado.
Estados Unidos relajó sanciones para luego volver a endurecerlas como reflejo del vaivén político.
El caso de San Miguel
El viernes 9 de febrero San Miguel estaba en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, cuando la detuvieron. Por ahora se desconoce también por qué organismo de seguridad.
El domingo 11, en horas de la tarde en Venezuela, el fiscal general Saab, denunciado por la oposición como un aliado de Maduro, confirmó la detención de la activista.
El motivo era que está “presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios”, escribió Saab en su cuenta de X (antes Twitter).
También por su vinculación con el ataque a varias unidades militares en el país.
Saab dijo que el procedimiento era acorde a lo establecido por “la Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos”.
San Miguel cuenta con una medida cautelar de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012.
Precisamente este organismo condenó “la desaparición forzada de la defensora”, calificación que usan al no haber informado de su lugar de detención, y pidió al Estado venezolano “informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia.”
La Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también exigió su “inmediata liberación”.
“En este caso particular el fiscal (Saab) está siendo copartícipe de una desaparición forzosa. Esto no había ocurrido nunca antes”, dice a BBC Mundo Óscar Murillo, director de la ONG Provea.
La operación "Brazalete Blanco"
El caso de Rocío San Miguel se vincula, según las fuentes del gobierno, a la operación “Brazalete Blanco”, una supuesta conspiración perpetrada en Táchira, estado al oeste de Venezuela fronterizo con Colombia.
La primera vez que se escuchó de esta trama fue en enero cuando Nicolás Maduro habló al respecto en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.
Dijo que el objetivo era atentar contra su vida, además de contra la del gobernador de Táchira, Freddy Bernal, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Luego, tanto el fiscal Saab como Padrino López apuntaron que hubo varias tramas contra el gobierno desde 2023 hasta ahora, por lo que lo consideran una “conspiración continuada”.
También en enero se informó que en la operación “Brazalete Blanco” formaron parte 33 militares, según datos de Defensa.
Además se emitieron varias órdenes de captura, entre ellas, contra Sebastiana Barráez, periodista de la fuente militar, y Tamara Suju, abogada y defensora de Derechos Humanos, aunque ambas están fuera del país.
“El gobierno arreció la represión contra diferentes actores. Ya tenemos 36 detenidos, entre civiles y militares y 22 con orden de aprehensión en lo que va de año”, apunta Murillo.
Eso, señala Murillo, sin contar la detención de San Miguel y su grupo familiar, lo que suma 41 personas.
Año electoral
“Hay una espiral de abusos que no termina y parece agravarse con el tiempo. Parece que el gobierno quiere distraer en este momento a la opinión pública ante la incertidumbre que conlleva el panorama electoral”, opina Murillo.
Porque, aunque aún sin fecha ni cronograma electoral claro, este año deben celebrarse elecciones presidenciales.
Y una hipótesis, según apunta el director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Eduardo Trujillo Ariza, es que “al estar en año electoral hay un aumento de la conflictividad política en Venezuela”.
Sostiene que se ha intensificado “la persecución por razones políticas en Venezuela y hay un patrón de esto.”
Prueba de ello son los recientes ataques a sedes de partidos políticos de la oposición o “la detención de voceros de algunos partidos, pertenecientes a la agrupación de María Corina Machado”, como señala Murillo.
Machado fue elegida en unas elecciones primarias para ser representante de la oposición ante una convocatoria presidencial. Sin embargo, la justicia venezolana la inhabilitó.
A la vez, varios miembros del partido de Machado, Vente Venezuela, se encuentran entre los acusados de haber conspirado contra Maduro en la operación “Brazalete Blanco” y al menos tres de ellos fueron detenidos.
Machado dijo que esto es una campaña para intimidarla y reprimir cualquier oposición a Maduro, quien ha estado en el poder desde 2013.
Tras confirmarse la inhabilitación de Machado a finales de enero, el gobierno de Estados Unidos empezó a reimponer sanciones económicas sobre Venezuela después de haberlas relajado a comienzos de 2023 tras el enésimo acercamiento entre oposición y gobierno en el Acuerdo de Barbados.
“Cerrar el espacio cívico”
Murillo y Trujillo Ariza sostienen que no es solo un aumento de la persecución a gente del entorno de la política, sino que, tal y como se ve con el caso de San Miguel, abarca el espacio público que sea disidente a Maduro.
"Nos habla de una política de cerrar el espacio cívico, lo que es el avance de una ley que busca controlar y criminalizar la labor de las ONG", apunta Murillo.
El director de Provea se refiere a un proyecto de ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONGs presentado en enero ante la Asamblea Nacional.
Diosdado Cabello, uno de los principales voceros del oficialismo, dijo que las ONGS "conspiran".
"Son utilizadas por parte de EE.UU. como un mecanismo de financiamiento de actividades para la subversión, desestabilización y persecución contra los gobiernos que no les son afines”, dijo Cabello.
La detención de San Miguel marca un hito en el país.
"Parece un caso aleccionador y el llamado para que cualquier persona que realiza este tipo de actividades (de defensa de los derechos humanos) no las siga haciendo, aunque sean legítimas", opina Trujillo Ariza.
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