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Poco sospechaban los Hernández García* que el trayecto que tantas veces habían hecho en el último año esta vez acabaría en deportación.
Su hija de 10 años, Sara, se despertó en medio de la noche el pasado 4 de febrero mareada y con un agudo dolor. Apenas hacía un año que había sido operada de un tumor cerebral, por lo que los padres, María y Juan, decidieron llevarla al médico.
Agarraron todo lo indispensable para el viaje de su casa en Río Grande City y el hospital en Houston en donde la niña seguía el tratamiento para el cáncer, ambos en el estado de Texas, EE.UU.
Pero, sobre todo, no se olvidaron de las cartas firmadas por los médicos y abogados que justificaban el desplazamiento y solían mostrar en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza que debían pasar.
En cinco ocasiones anteriores la documentación había sido suficiente para que los agentes del puesto de Sarita les dieran luz verde y poder continuar con el trayecto, aseguran. No aquella vez.
Tras ser retenidos durante 24 horas, ambos progenitores -indocumentados, a pesar de llevar 10 años en Texas- y cinco de sus hijos, ciudadanos estadounidenses por nacimiento, fueron dejados del lado mexicano de la frontera.
"Les dieron dos opciones imposibles entre las que elegir: que los menores se quedaran bajo custodia del Estado y quizá no volverlos a ver, o que fueran expulsados del país todos juntos", le dice a BBC Mundo Rochelle Garza, presidenta de Texas Civil Rights Project, la organización que les brinda asesoría legal gratuita.
"Todo padre y madre debemos tener el derecho de cuidar de nuestros hijos, y todo niño debe de tener acceso a la atención médica que se necesita para sobrevivir", reivindica la madre, María, en un video enviado desde México y al que tuvo acceso este medio. "Es por eso que estamos luchando", dice.
Y también para poder reunirse con el mayor de los hijos, Fernando, de 17 años, quien el día que empezó la pesadilla de la familia se encontraba fuera del estado y sigue hoy en EE.UU.
"Nosotros construimos nuestra vida en Texas por más de una década, trabajando muy duro para criar a nuestros hijos y sacarlos adelante. Y ellos nacieron y crecieron en Estados Unidos", dice María mirando a cámara, con la voz entrecortada.
"Esta familia no tenía antecedentes criminales, pagaban sus impuestos, mandaban a los niños a la escuela, estaban muy conectados con la comunidad", le explica Garza a BBC Mundo. "Los vecinos, cuando se enteraron del tumor cerebral de Sara, hasta hicieron una recolecta para ayudarles a pagar la cirugía".
El suyo es un ejemplo más -dice- que desmonta la retórica en torno a las deportaciones de la administración Trump, que se apoya en la seguridad nacional como justificación e insiste en que solo está expulsando "delincuentes".
"Sin embargo, en este caso han deportado a unos menores que incluso son ciudadanos estadounidenses", subraya. Aunque la ciudadanía por nacimiento es un derecho al que el presidente trata de poner fin, un intento hoy bloqueado por los tribunales.
Sea como fuere, Texas Civil Rights Project considera irregular de principio a fin la operación que terminó con los Hernández García al otro lado de la frontera.
Denuncian, por un lado, el trato al que fueron sometidos durante el arresto y posterior traslado a un centro de detención migratorio, después de que los agentes "ignoraran" los documentos legales y las justificaciones médicas.
En base al relato de la madre, la organización explica que fueron separados por sexos y tratados "como perros", los menores "registrados de manera innecesariamente invasiva, bajo insultos racistas y degradantes".
"Incluso intentaron confiscarles los medicamentos de Sara y el monitor cardíaco del hermano mayor, de 15 años, que sufre una afección coronaria", prosigue Garza.
Por ello, la organización que encabeza presentó el lunes una queja por violación de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
BBC Mundo solicitó su versión de los hechos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas inglesas), agencia dependiente del DHS, pero sigue esperando respuesta.
Sin embargo, la portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas inglesas) Hilton Beckham le dijo al diario The Independent que dichas alegaciones son "falsas e irresponsables".
"CBP cumple con estrictos estándares legales y humanitarios, con instalaciones de procesamiento, incluidas las del Sector del Valle del Río Grande, que están bajo monitoreo interno y externo continuo para garantizar atención médica y nutrición adecuadas, controles de bienestar y condiciones humanas", dijo Beckham en un comunicado enviado al medio.
"La salud y el bienestar de las personas bajo custodia siguen siendo una prioridad absoluta, y siempre se garantiza el acceso a la atención médica necesaria", añadió.
Por otra parte, Texas Civil Rights Project pone el énfasis en el procedimiento por el que fueron sacados del país y han lanzado una petición pública para enviar al Congreso y pedir la reunificación familiar.
"Debieron haberles dado la oportunidad de reclamar su caso frente a un juez de inmigración y nunca expulsarlos así", reclama.
Se refiere a que la familia no calificaba para una deportación expedita o acelerada, a pesar de que el gobierno expandiera en enero el alcance de este procedimiento.
Antes destinado a personas detenidas a una distancia máxima de 100 millas de la frontera y que llevaran menos de dos semanas en EE.UU., órden ejecutiva mediante, es hoy aplicable en todo el territorio nacional y a inmigrantes que no puedan probar que llevan más de dos años residiendo en el país.
Los Hernández García llevaban, sin embargo, más de una década en el sur de Texas cuando -tal como aseguran- les hicieron escoger entre ser deportados en familia o la posibilidad de no volver a ver a sus hijos.
Y es que, a falta de una autorización que deje claro quién se hará cargo de unos menores en ausencia de los padres o un tutor nombrado previamente por un tribunal, estos suelen ser remitidos al sistema público de acogida. Y recuperar la custodia no es tarea sencilla.
Varios abogados de migración no relacionados con este caso consultados por BBC Mundo aseguran que, desde que Donald Trump regresara a la Casa Blanca en enero, atienden a cada vez más clientes que terminaron firmando un acuerdo de deportación.
"En muchas ocasiones es lo primero que los agentes del ICE tratan de conseguir, porque facilita la tarea", dice Kate Lincoln-Goldfinch, quien ejerce en la zona central de Texas.
"Les dicen, por ejemplo: 'Vas a pasar detenido seis meses, un año. Pero si firmas este papel, todo acabará antes'. Así que la gente accede a ser deportada. Pasa a diario", asegura.
Por ello, expertos y asociaciones recomiendan a la comunidad inmigrante y a los hogares con situaciones migratorias mixtas -con al menos uno de sus miembros indocumentado (el 5% de todos los hogares del país, según el centro de investigación Pew)- buscar asesoría legal e informarse sobre sus derechos.
También preparar un plan para emergencias que incluya el cuidado infantil, algo que cada vez más familias están dejando listo.
"Lamentablemente, la historia de los Hernández García no es única", reconoce Garza.
"Durante el primer mandato de Trump (2017-2021) fuimos testigos de devastadoras separaciones familiares y sus consecuencias para los niños, y ahora estamos viendo el resurgir de algunas de aquellas tácticas", advierte.
De hecho, separar a menores de sus padres en la frontera como parte de una política de "tolerancia cero" ante la inmigración indocumentada fue una de las mayores controversias a las que tuvo que hacer frente el republicano en su primera etapa en la Casa Blanca.
Los audios e imágenes de decenas de niños llorando encerrados en lo que parecían jaulas difundidos por los medios generaron tal nivel de rechazo por parte de los demócratas como desde las filas mismas del Partido Republicano, así como de representantes de sectores sociales, económicos y religiosos, que en junio de 2018 Trump se vio obligado a dar marcha atrás.
Aun así, más de 4.600 niños fueron arrancados de sus familiares y las organizaciones del ramo estiman que el 30% siguen hoy en "paradero desconocido".
En aquel tiempo, al frente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaba Tom Homan, a quien el pasado noviembre Trump eligió como el "zar de la frontera" y le encargó "la mayor deportación de la historia del país".
Preguntado en el programa 60 minutes de la cadena CBS por cómo abordaría esta vez la cuestión de los hogares con situaciones migratorias mixtas, contestó tajante: "Hay una manera. Las familias pueden ser deportadas juntas".
En esa línea, el pasado 7 de marzo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que dos centros de detención del sur de Texas volverían a albergar a familias.
"Esta Administración no va a ignorar el Estado de derecho. La mejor opción para los extranjeros ilegales es la autodeportación", dijo la portavoz del Departamento, Tricia McLaughlin, a través de un comunicado.
Los Hernández García fueron expulsados de EE.UU. juntos y sin pasar por dichos centros.
Hoy esperan en México la oportunidad de volver.
"Exigimos a los oficiales elegidos de los Estados Unidos que por favor nos ayuden a regresar para que nuestra niña siga teniendo el servicio médico que ella necesita", dice María en su video.
Y es que Sara, quien por la inflamación cerebral que aún padece y le dificulta hablar y mantiene su lado derecho paralizado, requiere de terapias de rehabilitación y fármacos para las convulsiones a los que no está teniendo acceso, asegura.
Mientras su hermano mayor tampoco ha podido acceder a la medicación y tratamiento para su afección cardíaca.
"Les dejo a ustedes la vida de mis hijos", termina su video María.
*Nombres ficticios elegidos por los protagonistas para proteger su identidad.
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