Natalia Díaz

Natalia Díaz

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Jueves 28 Septiembre, 2017

La justicia costarricense

Con ocasión del tema que está consumiendo la atención nacional por sus efectos en la confiabilidad del sistema político y los estragos de la corrupción en el aparato estatal, presento los siguientes apuntes para la consideración del país.

Pocas veces han sido salpicados de enorme desconfianza, como ahora, todos los poderes de la República. El caso de los créditos para la importación del cemento chino, a través de un importador costarricense, nos acerca a la posibilidad de influencias en las decisiones en que participan miembros de los tres Poderes. El hecho por sí mismo es gravísimo, pero cuando hay personeros de todo el Estado costarricense y de entidades bancarias públicas y privadas, el tema sobrepasa toda dimensión.



Volvamos los ojos —por ahora— al Poder Judicial. Costa Rica apostó desde los albores de su Independencia, recientemente celebrada con orgullo, por convertir al Poder Judicial en el garante y ejecutor de una sociedad democrática, con un Estado apegado al Derecho en el cual puedan desenvolverse libremente sus habitantes. Es la fuerza de la ley y no la ley de la fuerza, lo que guía el quehacer de nuestra vida democrática. Por ello, no es de extrañar, pero sí de resaltar, que nuestro país es el que a nivel latinoamericano, más invierte en el campo judicial, proporcionalmente. Esta decisión país —como también lo es en el campo educativo—, marca la pauta en el nivel de exigencia que debemos tener para con las actuaciones de nuestras autoridades judiciales, por lo que estas significan en el sistema de vida republicana y democrática de los que vivimos en esta patria.

Evidentemente no son ángeles los que imparten justicia, pero es tan sagrado lo que ahí tratan y deciden, que sus actuaciones no pueden tener ningún aliento de duda. Esto se aplica igual, desde el más modesto funcionario hasta el más alto cargo, y especialmente a los responsables de la función jurisdiccional.

A lo largo de los años ha habido hechos que han puesto a prueba a notables figuras de este Poder, sin embargo cualquier daño a su credibilidad es al final un golpe a la democracia misma. Hoy no es la excepción.

La crisis en que se ven involucrados los distintos poderes de la República en estos momentos, nos insta a plantearnos sin rodeos, los resultados de los procesos de reformas implementadas a lo largo del siglo pasado y del presente, tanto en el orden administrativo, como en lo jurisdiccional, en la formación del recurso humano.

También es momento de revisar los grandes objetivos que ahora orientan el quehacer de este gigantesco aparato estatal, como lo son la justicia pronta y su cumplimiento, la tutela de los derechos de los usuarios en las diferentes disciplinas jurisdiccionales y las nuevas aristas del género, de la salud y del ambiente. Evaluar los resultados de la gestión jurisdiccional desde todos los ámbitos, es un imperativo. Bien sabemos de los Informes Anuales y su revisión correspondiente, pero la expectativa de la población al respecto es otra cosa. Si bien es cierto se han consolidado los procesos de escogencia de los funcionarios judiciales, es lo cierto que cada vez se vuelve más cuestionable el viejo mecanismo escogido por nuestro legislador para nombrar a los más altos representantes del Poder Judicial. Hoy la publicidad lo ha mejorado; la existencia de una Comisión Legislativa encargada de estudiar las ofertas y conocer a los oferentes, ha permitido acercarse con propiedad a los personeros para su escogencia; pero la posibilidad de que se pueda hacer caso omiso al Informe de Comisión y con acuerdo político se alcance otra designación, es siempre tema de mucho cuestionamiento.

Los tiempos han cambiado, los temas también y todas las materias han sufrido enormes modificaciones. Pero en orden a las grandes dudas que arrastramos los costarricenses respecto al quehacer impoluto de las autoridades del Poder Judicial, nos cuestionamos todo, desde el quehacer diario de tan enorme aparato del Estado, hasta los mecanismos de nombramiento de las más altas autoridades, así como la existencia o no de formas centralistas de decidir en el Poder Judicial.

Es necesario reflexionar, a la luz de las enormes preocupaciones que tiene la ciudadanía con el comportamiento de nuestros jueces y en especial, de nuestros señores magistrados. Este país merece un alto en el camino sobre el tema del Poder Judicial, pero de cara al mismo, y no solo en las sagradas salas de la justicia. Se trata de revisar además de su Ley Orgánica, su estructura cargada de formas, pero también, si quienes mandan ahí, llegan por virtudes profesionales, experiencia y conocimiento especializado y también por su trayectoria de personas de bien, de intachable conducta pública y privada, realizada a través de nuevos procesos de escogencia, en donde el manoseo político haya desaparecido. Habrá que valorar si como país nos hemos acercado a una judicialización de la política o si al contrario nos hemos movido a una politización de la justicia, lo cual en cualquiera de los casos tiene implicaciones cuyo costo comenzamos a pagar.