Natalia Díaz

Natalia Díaz

Enviar
Jueves 21 Septiembre, 2017

La desigualdad como generador de pobreza

El Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” tiene en su segundo objetivo fundamental, combatir la pobreza y la desigualdad. En buena teoría, ha pretendido reducir el número de familias ubicadas bajo el límite de pobreza, especialmente la calificada como extrema. De forma paralela a esta temática, se encuentra la variable de la desigualdad, como factor que nos acelera o revierte los índices de pobreza.

El último Informe del Estado de la Nación (pág.39), al respecto y de manera simple y puntual, relata lo siguiente: “La más grave expresión de esta desigualdad social, es la pobreza, pues los hogares (y personas) que la sufren están en el extremo inferior de la distribución del ingreso, y carecen de recursos suficientes para satisfacer un conjunto de necesidades que son básicas para vivir dignamente”.

En 1997 el país contaba con una quinta parte de su población en pobreza (20%), y en 2014 lo fue de un 22,4% (con un 6,7% de pobreza extrema equivalente a 94.810 hogares y 344.924 personas), para un gran total de 318.810 hogares y 1.170.634 personas en estado de pobreza. Siguiendo el mencionado Informe, este nos señala que la mayor pobreza se encuentra en las zonas rurales, sea del 30,3%, frente a un 19,5% en las zonas urbanas. Un comportamiento semejante muestra la pobreza extrema.



Los datos anteriores nos ponen en guardia, a efecto de tomar acciones de inmediato para lograr una reinserción social digna y provechosa en lo individual, familiar y comunal.

Con base en los datos anteriores encontramos, sin mayor esfuerzo, que las políticas que han llevado a la desigualdad, también han impactado en el incremento de los índices de pobreza y por ende de pobreza extrema del país. Esto tiene sus efectos prácticos. Nos indica el Informe del Estado de la Nación, que las políticas de ayuda estatal vienen a ser una fuente progresiva para frenar la desigualdad. Nuestro país tiene importantes programas que van desde el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), hasta Fonabe, y las pensiones del régimen no contributivo, entre otros. Pero estos no son suficientes, ni siquiera son significativos. Lo que sí tiene efectos reales sobre la desigualdad, son los salarios para los trabajadores no calificados que se desenvuelven tanto en el sector privado como en el público, así como los ingresos de los trabajadores independientes no calificados. Aquí sí hay un efecto notable en los índices de pobreza que maneja el país.

Finalmente, es importante destacar que el país viene arrastrando una profunda deuda social con la pobreza existente en las zonas rurales. Ya el último Informe del Estado de la Nación nos advierte que la pobreza en esas zonas es mayor que en las zonas urbanas, aunque aquí representa mayor población. Esto nos obliga como país a desarrollar estrategias muy concretas que con el concurso de las municipalidades (Artículo 4,h del Código Municipal), de empresas agrícolas, ganaderas y aun semindustriales, propicien mayores fuentes de trabajo que enfrenten con eficacia la escasez de trabajo para los trabajadores no calificados en esas zonas. Deben buscarse acciones puntuales con programas de apoyo al emprendedurismo, a la microempresa, con el soporte de la Banca para el Desarrollo y las acciones de capacitación del INA en actividades no tradicionales adaptadas a las diferentes regiones del país.

En cuanto a las zonas urbanas, existe un mayor acceso a los programas estatales de ayuda a familias en pobreza y con ello se han ido amortiguando los efectos de una pobreza de alrededor del 20%. Sin embargo, la cantidad de afectados por ello es mayor, lo que amerita acciones muy agresivas para generar empleo urbano. Incrementar el apoyo a los trabajadores independientes que se desempeñan en la economía informal, facilitando su incorporación a la formalidad con reducción de tramitomanía burocrática, y apoyo a las mipymes, es la ruta correcta. Así podrá amortiguarse el crecimiento de la desigualdad social. También es imprescindible un esfuerzo conjunto del Gobierno con el sector empresarial, generar confianza a la inversión para articular de manera sostenida, con apoyo de las entidades públicas competentes, programas efectivos en materia de mayor apertura de fuentes de trabajo en los sectores formales de nuestra economía. Es lamentable que nos acercamos al final del cuatrienio y nada de ello se vislumbra en el camino.