Rodolfo Piza

Rodolfo Piza

Enviar
Miércoles 30 Marzo, 2016

 De aplicarse efectivamente las sanciones previstas en nuestras leyes, muchos facinerosos se sentirían realmente intimidados de actuar contra ellas

Justicia inexorable contra violencia inmisericorde

Una mezcla de incomprensión, preocupación y rabia sentimos todos los costarricenses de bien, al conocer la noticia de la agresión brutal y la muerte a puñaladas de un muchacho de 21 años allá en Playas del Coco; cometida por una turba enardecida y sin control que, en ausencia de la protección de la policía y de la Ley, impuso su voluntad de odio y homicidio inmisericordes. Como en el viejo Oeste.
Vaya para la familia de Alejo y la de todos los que han enfrentado situaciones equivalentes, nuestra solidaridad en su profundo dolor y nuestro compromiso de luchar por disminuir esa barbarie.


El año pasado (2015), más de 550 personas encontraron también su muerte a manos de asesinos. En el último año, el nivel de homicidios alcanzó la cifra más alta de nuestra historia. El nivel (porcentaje) de criminalidad en San José fue superior al de la Ciudad de México y tres veces superior al de la ciudad de Nueva York (hace 25 años era exactamente al revés). De hecho, existen más probabilidades de ser asesinados en algunas de nuestras ciudades que en las ciudades más inseguras de los Estados Unidos.
No en vano la inseguridad ciudadana y la criminalidad compiten con el desempleo por el primer lugar entre las preocupaciones de nuestros compatriotas, según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), de finales de 2015.
Frente a esos hechos: 1) los costarricenses no queremos venganza, pero sí justicia; 2) que se entienda que "los derechos valen lo que cuesta infringirlos" y que, por tanto, en materia de delitos violentos es necesario garantizar la persecución de los culpables, la aplicación de la Ley y la sanción más grave que nuestro sistema pueda imponer; 3) que por encima de la gravedad de la pena, debe garantizarse la inexorabilidad de la justicia. Así lo pedía Cesare Beccaria, en “De los delitos y las penas”, desde hace más de 250 años.
Esto último es lo que más falla en nuestro país. De aplicarse efectivamente las sanciones previstas en nuestras leyes, muchos facinerosos se sentirían realmente intimidados de actuar contra ellas. El problema práctico es una legislación frondosa y alambicada que permite la impunidad y un Estado dispendioso que, sin embargo, se olvidó de lo esencial (mientras los gastos ordinarios aumentaron en ¢300 mil millones en el presupuesto de 2016, el presupuesto del Ministerio de Seguridad disminuyó en más de ¢18 mil millones: tremendo contrasentido).
El principal deber de una sociedad es garantizar la vigencia de los derechos humanos y, entre todos ellos, la vida en primer lugar. Por eso, podemos y debemos: a) recortar gastos en muchas cosas, menos en seguridad ciudadana; b) concentrarnos en los delitos dolosos más graves (contra la vida, la integridad, la libertad, por ejemplo); c) ser muy estrictos con ellos; y, d) sancionarlos efectivamente.
La gravedad de los delitos y la prioridad en su atención, deberían estar en función del valor de los bienes protegidos (la vida, la integridad, la libertad, la salud), como he señalado varias veces. En Costa Rica, eso anda patas para arriba y para arreglarlo se requiere mayor firmeza en la penalización de los delitos cometidos con violencia sobre las personas y por asegurar una justicia efectiva e inexorable.
 

Rodolfo E. Piza Rocafort