Inversión en infraestructura era más alta a inicios de 1990 que ahora

El elevado déficit fiscal y el endeudamiento del Estado -que está por encima del 60% del PIB – están haciendo que Costa Rica invierta cada vez menos en infraestructura pública.

De hecho, el país gastaba más dinero a inicios de la década de los 90 del siglo pasado que ahora, según reveló anoche el Estado de La Nación 2022.

Lea más: Rezago en infraestructura de 30 años quedó muy lejos de resolverse en gobierno de Carlos Alvarado, según expertos

Y es que entre el 2009 y el 2021, la inversión en infraestructura pública en Costa Rica pasó de representar el 5,1% del PIB a 2,6% del PIB, a la vez que para el próximo año, el rubro de intereses de la deuda aumentó en un 15%, mientras que el presupuesto del MOPT apenas crecerá 1,2% y el del MEP decrece 1,6%.

La mala racha en cuanto a la inversión pública arrancó en la última década, pero se vislumbra una tendencia a la baja, especialmente desde la crisis 2008-2009.

“En términos generales, esto significa que la inversión en infraestructura pública no parece estar siendo considerada como un instrumento de política fiscal para promover el crecimiento económico”, explicó Pamela Jiménez, investigadora y coordinadora del capítulo Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas del Informe.

Lea más: Elevado pago de deuda e intereses para 2023 contraerá inversión en educación, área social, salud y seguridad

Por otra parte, el análisis señala que mientras en el 2010 los recursos internos y del presupuesto nacional financiaban el 93% de la inversión en capital en Costa Rica, en 2021 solo financiaron el 42%.

Otro modelo ha sido la concesión, que representó el 20% del financiamiento entre el 2015 y 2017.

Ante esta situación, la alternativa principal ha sido el endeudamiento interno y externo, que desde el 2018 financia el 50% de la obra pública en el país.

Se trata de una mala estrategia, ya que es como una bola de nieve que no para de crecer.

El frágil estado de las finanzas públicas y la necesidad de pagar elevados intereses y deuda, harán que la inversión en educación, salud, seguridad y el área social baje para el otro año, afectando los servicios que reciben los costarricenses.

En total, la mitad del presupuesto del 2023 por encima de los ¢12 billones, se destinará a pagar el servicio de la deuda y sus intereses, lo que equivale a ¢5,7 billones. En este caso, hay un aumento de un 15% en relación con el año en curso.

Por otra parte, 17 instituciones tendrán una rebaja en su plan de gastos, incluido el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y hasta Cultura.

“Una serie de circunstancias están delimitando el presupuesto, entre ellos el contexto económico mundial, la pandemia, el incremento en los precios del petróleo y de los bienes básicos, los efectos de la guerra en Europa y las tensiones con China, además tenemos un crecimiento importante en el pago de intereses de la deuda”, explicó Nogui Acosta, ministro de Hacienda para referirse al presupuesto del otro año, el cual, es muy limitado.

Por otra parte, el Estado de la Nación señaló que un contexto de desarrollo productivo desigual, la infraestructura pública podría ser un estabilizador clave para la creación de oportunidades laborales y empresariales.

Sin embargo, el estudio muestra que no existe una relación directa entre la inversión física pública per cápita y la competitividad de la infraestructura cantonal en el país.

Finalmente, el Informe concluye que la inversión hecha en infraestructura física pública durante el periodo analizado (2014-2021) no es suficiente para atender el rezago acumulado en las últimas décadas.