Roberto Dobles

Roberto Dobles

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Lunes 23 Octubre, 2017

Infraestructura de transportes: desventaja y adversidad para unos y ventaja y fortuna para otros (I)

La magnitud y la calidad de la infraestructura de transportes (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, metros, tranvías, etc.), que dependen en gran medida de la riqueza que genera cada país y de la eficacia de sus políticas, puede ser una seria adversidad o una fortuna para el desarrollo y el bienestar nacional.

En Costa Rica, la insuficiente y deficiente infraestructura de transportes es una gran adversidad y una gran desventaja competitiva. De acuerdo con el último Informe sobre la Competitividad 2017–2018 de los países en el mundo elaborado por el Foro Económico Mundial, Costa Rica aparece en la posición 110 en el mundo con respecto a la calidad de la infraestructura entre los 137 países que fueron evaluados.

En carreteras el país se ubica en la posición 123, los ferrocarriles son casi inexistentes, con excepción del pequeño tren obsoleto e ineficiente que ni siquiera está electrificado (usa locomotoras viejas de diésel, los vagones de pasajeros son comprados de segunda mano y las vías están en un estado de fuerte deterioro). Además, recientemente se informó que “el Incofer planea invertir $52 millones en la compra de ocho unidades autopropulsadas por diésel y con capacidad para 400 pasajeros”. Y los metros, los tranvías y otros medios modernos de transporte simplemente no existen.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya había señalado el año pasado la gran desventaja que tiene el país debido a la creciente subinversión en infraestructura y había indicado que esta situación es un elemento crítico que inhibe la capacidad nacional de desarrollo.

Y no solamente es insuficiente y está colapsada, sino que la infraestructura existente es muy frágil y vulnerable ante las inclemencias del clima. Fue construida en su gran mayoría hace décadas con tecnologías deconstrucción y diseños hoy en día superados.

La situación se agrava cuando constatamos el escaso y precario mantenimiento que se le da. Como lo señaló recientemente el coordinador del Programa de Infraestructura de Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, “van muchos años de abandono de la red vial”, y cuando hay daños “se procede a reparar, pero nunca se hacen esfuerzos por mitigar la vulnerabilidad”, por lo que se requiere “darles mayor resistencia a las obras”.

Este especialista también ha indicado que “el acostumbrado modelo de arreglar las carreteras para solventar los problemas inmediatos, en vez de hacer una rehabilitación profunda, pasó una alta factura a la infraestructura vial como consecuencia de la tormenta tropical Nate”

Además de insuficiente, frágil y altamente vulnerable, la infraestructura nacional de transportes es también energéticamente voraz e intensiva en emisiones de gases contaminantes.

Sus impactos van mucho más allá del efecto negativo en el desarrollo y en la competitividad (horas perdidas en interminables presas prácticamente a todas horas del día, mayor importación y consumo de gasolina y diésel, etc.), mayor contaminación y mayores impactos en la salud de las personas.

Por su gran fragilidad y vulnerabilidad (debido a su obsoleto diseño y antigua construcción), en la estación lluviosa ocurren continuamente todo tipo de daños (huecos por doquier, derrumbes, hundimientos y deslaves de todo tipo, puentes falseados o destruidos, etc.), lo que requiere una altísima inversión todos los años en reparaciones deficientes y remiendos, la mayoría de ellos malos, parciales y débiles.

Y si hay un huracán o una tormenta tropical que afecta el territorio nacional, el nivel de destrucción aumenta exponencialmente. Un ejemplo de esto fue la tormenta tropical Nate que nos afectó este mes. El nivel de daños de esta tormenta fue de grandes dimensiones.

En palabras del Ministro del MOPT, “la magnitud de los daños que ha provocado la tormenta tropical Nate en toda la infraestructura vial del país es de proporciones titánicas”. En seis provincias del territorio nacional, esta tormenta desapareció tramos de carreteras, socavó, falseó y destruyó una gran cantidad de puentes, colapsó y dañó alcantarillas y provocó derrumbes y deslizamientos por doquier.

Pasada la tormenta, ahora el Gobierno señala que la crisis fiscal, que ha venido impactando seriamente el desarrollo de la infraestructura nacional de transportes, ahora va a impactar también la reconstrucción. Como lo ha indicado el Ministro de la Presidencia, “apenas hay dinero en las arcas estatales para atender los primeros impactos de las lluvias en la infraestructura pública” y “lo que sí es cierto es que hay dificultades fiscales y que esas dificultades fiscales tendrán impacto sobre una situación como la que estamos viviendo”.

La gran carencia de recursos que tiene el país es una de las principales razones que causan esta seria situación, cuyo colapso se agrava año con año. El creciente déficit fiscal y el creciente endeudamiento público empeoran aún más la situación. Para 2018, el Gobierno financiará el 44% del presupuesto con más deuda, lo cual es muy grave.

Todo ha llevado a que el principal componente y el principal disparador del presupuesto del gobierno central sea el servicio de la creciente deuda. Para 2018, el 32% del presupuesto será para pagar el servicio de la deuda pública. Para efectos de comparación, los recursos totales asignados al Ministerio de Obras Públicas (MOPT) representan un 5,1% del presupuesto para ese año.

Es claro que con esta situación el país no puede desarrollar una infraestructura de clase mundial. Y no podemos tampoco seguir desarrollando la raquítica e insuficiente infraestructura de transportes que hemos venido creando, la cual es además muy vulnerable a los eventos climáticos. El poco mantenimiento que se le da a esta raquítica infraestructura no hace más que agravar la situación.

No podemos esperar que de esta forma el país se desarrolle, prospere y se impulse hacia el futuro.

Solo la reparación y la reducción de la creciente vulnerabilidad ante eventos climáticos de la infraestructura nacional van a requerir una inversión gigantesca, la cual no podrá realizarse con la gran carencia de recursos que tenemos.

Se espera que las tormentas, huracanes y otros eventos climáticos aumenten en frecuencia y en intensidad como consecuencia del cambio climático. Como lo señala un prestigioso oceanógrafo del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR) recientemente, “es realista pensar que tormentas y huracanes van a ser más frecuentes e intensos”, lo cual es coincidente con lo que los científicos internacionales han venido indicando.

Y a la inversión para reparar y reducir la vulnerabilidad de la infraestructura actual hay que agregarle la nueva y necesaria inversión para desarrollar la verdadera infraestructura moderna con la capacidad requerida que el país necesita para su desarrollo y competitividad (carreteras, pasos elevados o subterráneos en las calles de las ciudades, ferrocarriles, metros, tranvías, etc.).

La gran carencia de recursos que tenemos, la gran cantidad de recursos que se requieren continuamente le han impedido al país desarrollar la infraestructura multimodal amplia, moderna, robusta y eficiente que necesita para potenciar su desarrollo.

Los constantes aumentos en los costos de la electricidad, que ya de por sí son elevados y que tienen una contribución fiscal muy baja, se están convirtiendo en un obstáculo cada vez mayor para el desarrollo del país y para la deseada masificación del transporte público y privado basado en la movilidad eléctrica.

El sector eléctrico también tiene un alto endeudamiento que, entre otras cosas, está pesando fuertemente sobre las tarifas eléctricas. Recientemente se publicó que “el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) registró una pérdida contable de ¢65.596 millones al segundo trimestre del año. El resultado se deriva principalmente del pago de préstamos con los cuales financió obras y menos ingreso por venta de electricidad. El pago ligado a estas obligaciones alcanzó los ¢85.231 millones a junio pasado (en junio de 2016 pagó ¢60.693 millones); una diferencia de ¢24.538 millones”.

La solicitud de aumento desproporcionado de un 19% en las tarifas eléctricas que hizo el ICE a la ARESEP a finales del mes pasado es un claro caso de las consecuencias negativas de las políticas basadas en dogmas sin sustento técnico y económico.

Muchos países exitosos en lo económico, lo social y lo ambiental y en la transición energética, como Noruega, han resuelto el problema de la carencia de recursos en el tiempo con una política de pleno aprovechamiento de toda su riqueza nacional para apoyar la prosperidad, incluyendo el desarrollo amplio, continuo y moderno de una infraestructura multimodal de transportes de clase mundial.

Pero aquí, los dogmas sin sustento técnico de las políticas actuales prefieren no buscar el aprovechamiento de la gran riqueza potencial que ha sido identificada en varias zonas del país. En su lugar, se elige continuar la gran carencia de recursos y el creciente, caro e insuficiente endeudamiento por todo lado, el cual provocará una crisis económica y social de gran magnitud.

Si no hay cambio en estas políticas dogmáticas, continuaremos observando el deterioro nacional, incluyendo el deterioro continuo de la obsoleta, raquítica e insuficiente infraestructura actual y la falta de desarrollo de la infraestructura multimodal de transportes de clase mundial que el país necesita.