Improvisación energética
Juan Manuel Villasuso jmvilla@racsa.co.cr | Martes 01 julio, 2008
Improvisación energética
Juan Manuel Villasuso
Vivimos con gran intensidad la tercera crisis del petróleo. En enero de 2004 el precio spot de la canasta de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se cotizaba aproximadamente en $30 el barril. Esa cotización aumentó a $40 en enero de 2005, y se elevó a $60 12 meses más tarde. Era evidente que el mercado de hidrocarburos estaba en alza y que no era un fenómeno coyuntural.
La Agencia Internacional de Energía señaló en 2004 que “los aumentos en los precios del petróleo se deben a una combinación de la fuerte demanda (de países como China y la India), los problemas de seguridad en los productores de Oriente Medio y las dificultades para aumentar la oferta”. Eran factores que no cambiarían en el corto plazo.
En su informe de 2006 el mismo organismo internacional fue mucho más contundente al expresar: “la amenaza a la seguridad energética mundial es real y creciente” y “se acentuará la vulnerabilidad de los países importadores ante el shock de los precios”.
La evidencia era clara. Los datos lo mostraban y los análisis lo confirmaban. En mayo de 2006, cuando asumió la actual administración, el precio del petróleo alcanzaba los $65 y no había duda de que se presentaría una situación difícil por el incremento de la factura de combustibles.
Ante esa realidad, era de esperar que el gobierno asumiera una actitud responsable para enfrentar el peligro. Las instituciones del sector, en particular los ministerios del Ambiente y Energía y de Planificación eran los llamados a fijar el rumbo, a definir una estrategia de país que permitiera encarar el problema de la mejor manera y con el menor costo económico y social posible.
Sin embargo, eso no sucedió. En el Plan Nacional de Desarrollo presentado en enero de 2007, solo hay unas breves y muy generales alusiones al tema energético al señalar, que la política energética debe: “reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar mejor las fuentes de energía renovable del país y llegar a producir el 100% de la electricidad a partir de fuentes de energía renovables”.
Luego añade, en las metas sectoriales, que se deben “restablecer los niveles de confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro de energía, reduciendo el uso de hidrocarburos en la producción de energía eléctrica” y hace una escueta mención a “potenciar el desarrollo de la industria nacional de biocombustibles”.
Eso es todo por parte del Ministerio de Planificación. Y en cuanto al MINAE, la página de Internet de la Secretaría de Planificación Subsectorial de Energía de Costa Rica nos refiere a un Plan Nacional de Energía publicado en 2003 que no se sabe si es para el periodo 2002-2006 o se extiende hasta 2016, porque una cosa dice en la portada y otra al abrir el documento. Además, tiene más de diagnóstico que de visión estratégica y está totalmente desactualizado.
(http://www.dse.go.cr/es/03Publicaciones/01PoliticaEnerg/menu.htm#Public1.
Así las cosas, el planteamiento hecho en los últimos días que propone eliminar impuestos al diésel y cargarlos a la gasolina y aumentar el gravamen de ruedo a algunos vehículos, presentado como la fórmula gubernamental para encarar la crisis energética, resulta deplorable y evidencia una enorme improvisación en un tema muy serio y complejo que afecta profundamente la economía nacional y familiar de los costarricenses y que exige un enfoque integral y no ocurrencias fiscalistas de última hora.
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