ICE tendría respaldo de nuevo presidente para construir carreteras y puentes

Sin importar quién gane la segunda ronda electoral el 1° de abril, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tendría el respaldo presidencial para construir carreteras y puentes o cualquier otra obra pública.

La idea de Carlos Alvarado, candidato del PAC y su homólogo Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, es aprovechar la experiencia del Instituto de seis décadas, para acabar con el grave rezago en infraestructura que hoy vive el país.

No obstante, su apoyo no sería un cheque en blanco. La idea es que el ICE concurse en procesos de licitación, o bien, en alianzas público privadas, que garanticen que la oferta sea la más barata y conveniente para Costa Rica.

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“El país no puede darse el lujo de desaprovechar seis décadas de experiencia del ICE en esta materia. El Instituto ha probado que es capaz de hacer obras civiles y eso debe ser usado por los gobiernos”, dijo Fabricio.

Y es que el ICE es una de las empresas constructoras más grandes de Centroamérica, en proyectos como Reventazón y Pirrís que requirieron una inversión superior a los $1.500 millones.

“Debemos aprovechar ese talento y esa capacidad para superar el rezago en infraestructura que experimenta el país, en sinergia con el sector privado; sin embargo, pienso que el modelo de concesiones tiene grandes ventajas, sobre todo en un momento fiscal como el que se vive actualmente Costa Rica”, agregó Carlos.

Anteriormente, el sector privado y la Cámara de Construcción manifestaron su oposición a un proyecto de ley que se discute en el Congreso, para que el ICE sea escogido a dedo en los grandes proyectos de infraestructura, debido al temor de que se escoja esta opción, sin importar los elevados costos del Instituto.

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Y es que varias plantas hidroeléctricas desarrolladas por el ICE tuvieron un costo muy superior al proyectado inicialmente.

Mientras tanto, la búsqueda de soluciones al problema de infraestructura es vital, sobre todo si se considera que el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís dejará sin avanzar importantes proyectos viales, como la ampliación de las rutas 27 y 32, además de la vía a San Ramón.

También saldrá sin impulsar un tren urbano, que mejoraría tanto la calidad de vida de los trabajadores del Área Metropolitana, así como la productividad, al ahorrar hasta unas 50 millones de horas al año en el transporte diario.

El evidente rezago en infraestructura ha hecho que Costa Rica se ubique en el puesto 123 en cuanto a la calidad de las carreteras, según el Índice de Competitividad Global 2017-2018; asimismo, es el segundo entre los peores del continente latinoamericano, solo superado por Paraguay.

Visión compartida
El ICE podría ayudar al país a superar el grave rezago en infraestructura, consideran los candidatos presidenciales, siempre y cuando, sea más barato que construir con la empresa privada.

Carlos Alvarado
Candidato
PAC
Aprovecharíamos el conocimiento y la capacidad demostrada por el ICE para incentivar infraestructura pública y transporte eléctrico.
Además, fortaleceríamos las sinergias con el sector privado para el desarrollo de proyectos que son imprescindibles, pero haciendo prevalecer la defensa del bien público.
El Instituto ha demostrado ser una de las empresas constructoras más fuertes de Centroamérica en el desarrollado de infraestructura. Debemos aprovechar ese talento y esa capacidad para superar el rezago que experimenta el país, en sinergia con el sector privado.
El modelo de concesiones también tiene grandes ventajas, sobre todo en un momento fiscal como el que se vive actualmente.

Fabricio Alvarado
Candidato
Restauración Nacional
El país no puede darse el lujo de desaprovechar seis décadas de experiencia del ICE en esta materia.
El Instituto ha probado que es capaz de hacer obras civiles y eso debe ser usado por los gobiernos, ya sea para desarrollar carreteras o puentes.
No sé si el ICE podría ser escogido a dedo y no por medio de una licitación, ya que eso es algo que se está discutiendo en la Asamblea y cualquiera que sea el esquema que se utilice, se debe garantizar que el Gobierno no pague más caro que si lo hiciera con la empresa privada. La herramienta es válida solo si sale más barata la obra.