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Proyecto de ley agilizaría construcción de obra pública

Jeffry Garza [email protected] | Lunes 07 agosto, 2017 05:03 pm

Según el Estado de la Nación, los proyecto de mayor envergadura tardan entre 400 y 700 días para obtener la viabilidad. Todo ese es tiempo que desperdiciamos y en el que se detiene el desarrollo económico y social del país”, mencionó Solís. Archivo/La República


Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana, presentó a la corriente legislativa el proyecto de ley A.C.E.L.E.R.A.R (Agilizar la Construcción por el Estado, Limitando Embudos, Requisitos y Análisis Redundantes).

Este tiene el objetivo de agilizar la construcción de obra pública, al eliminar las duplicidades durante los trámites para obtener la viabilidad ambiental.

Organismos como el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tienen una amplia burocracia especializada en hacer estudios de impacto ambiental acordes con la legislación costarricense.

Sin embargo,  la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) duplica los análisis, evaluando lo que ya revisaron los entes que ejecutan, de acuerdo con Solís.

“(…) Lamentablemente, persisten embudos que dificultan, atrasan y encarecen las inversiones. De todos esos obstáculos, el tiempo que se pierde para conseguir la viabilidad ambiental es el peor”, agregó.

El cambio que propone A.C.E.L.E.R.A.R es que la viabilidad ambiental se otorgue de manera automática con la sola presentación del estudio de impacto ambiental por el ente ejecutor.

Dicha modificación operaría en caso de que la obra pública se construya en una área no impactada y que se lleve a cabo por la administración o por contrato.

Asimismo, se aplicaría en una área impactada sin importar la vía legal que se utilice (administración, contratación, concesión, fideicomiso o empresa conjunta).

El proyecto libera de la responsabilidad solidaria a la Setena, pero la concentra en las instituciones y en los autores de los estudios de impacto ambiental.

El legislador enfatizó que tanto el marco legal ambiental del país como su régimen sancionatorio, no sufrirían cambios, por lo que la iniciativa no afectaría la protección del ambiente.


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