Hacienda vs. Contraloría: “No es posible revelar como deuda algo que no se ha reconocido como tal”

La magnitud de la deuda pública divide otra vez a la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, en este caso con la disputa de si deben registrarse unos ¢440 mil millones más en las cifras oficiales.

Esta es el monto estimado que debe incluirse, como mínimo, por pagos pendientes a la Caja Costarricense de Seguro Social y diferencias contables, según la Contraloría.

Sin embargo, Hacienda hoy explicó que está siguiendo los procedimientos desarrollados por el Fondo Monetario Internacional para compilar estadísticas del endeudamiento público, mientras que ya existían planes de acción para otros temas que se señalan.

Para empezar, la Contraloría cuestiona las cifras de deuda pública por ser diferentes a las proporcionadas por otras fuentes, sin saber cuál es la correcta, según Hacienda.

“El informe de la Contraloría concilia las cifras reportadas por el sector público, contrastando esa información con otras fuentes, sin comprobar cuál es correcta, y sin ahondar en la definición de si debe o no incluirse como deuda, señalando la posibilidad de que lo reportado por la Dirección de Crédito Público sea lo correcto”, explica el comunicado de Hacienda.

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Como ejemplo, hay al menos ¢190 mil millones que se sumarían por deuda del Estado con la Caja por encima de la registrada en los estados financieros del Poder Ejecutivo, según la Contraloría.

Esto no es algo que se está escondiendo, puesto que la Contraloría conoce los esfuerzos para conciliar las cifras, mientras que algunas se están determinando en procesos judiciales.

Durante este proceso, se revelan las estadísticas como pasivos contingentes para el Gobierno, y hasta que se determine la validez, pasan a registrarse como pasivos.

Otro caso sería el endeudamiento con Fodesaf, lo cual corresponde a ejercicios económicos ya fenecidos, por lo que no es posible desde un punto de vista jurídico presupuestario proceder con lo requerido.

“No es posible revelar como deuda algo que este Ministerio no ha reconocido como tal”, dice el comunicado.

En cuanto a los ¢130 mil millones debido a diferencias contables a la hora de estimar el endeudamiento del Gobierno Central, aclaran que para este registro con base de devengo ya está en proceso la implementación de las normas internacionales con plazo al 2023, tal como se estableció en la reforma fiscal.

“Estas observaciones ya fueron presentadas a la Contraloría de forma oral, escrita y finalmente, en el proceso recursivo sobre este Informe, a la espera de que algunas de las sugerencias realizadas por este Ministerio sean atendidas por ese órgano contralor, y en particular atiendan al plan de trabajo del Ministerio”, agrega Hacienda.

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La disputa es sobre la deuda que incluye los saldos del Gobierno Central, más los gobiernos locales, las instituciones y empresas públicas no financieras; esta alcanzó un 71% del PIB en 2018, respecto al 38% que mostraba una década antes.

Sin embargo, esto subiría en al menos 1,27% del PIB para el 2018 por las diferencias que señala la auditoría de la Contraloría.