Magnitud de la deuda pública divide otra vez a Contraloría y a ministra de Hacienda

El endeudamiento del sector público sería, al menos, de ¢440 mil millones mayor al dato reportado al cierre del 2018, al incluir pagos pendientes a la Caja Costarricense de Seguro Social y diferencias contables, según el criterio de la Controlaría.

Esta deuda incluye los saldos del Gobierno Central, más los gobiernos locales, las instituciones y empresas públicas no financieras; esta alcanzó un 71% del PIB en 2018, respecto al 38% que mostraba una década antes.

Sin embargo, esto subiría en al menos 1,27% del PIB para el 2018 por las diferencias que encontró la auditoría de la Contraloría con las cifras del Ministerio de Hacienda.

“Las cifras de las estadísticas de endeudamiento no incorporan la totalidad del endeudamiento interno y externo o bien, la información presenta inconsistencias que afectan la confiabilidad de los datos”, concluye el reporte.

Esto está siendo disputado por Hacienda y el informe se encuentra recurrido en este momento.

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Al menos unos ¢190 mil millones se sumarían por deuda del Estado con la Caja por encima de la registrada en los estados financieros del Poder Ejecutivo.

En este caso, se debe a que la cifra oficial solo reconoce lo pendiente de dos convenios suscritos entre las instituciones, debido a que los demás rubros que incluye el estado de cuenta de la Caja corresponden a estimaciones, las cuales no han sido validadas, según Crédito Público.

Estos actualmente están siendo analizados por Hacienda y la Caja para conciliar y determinar la cifra del endeudamiento del Estado.

Además, la Contraloría identificó al menos ¢130 mil millones debido a diferencias contables a la hora de estimar el endeudamiento del Gobierno Central.

El endeudamiento debe incorporar el saldo del principal y los intereses acumulados a una fecha dada, aunque estos no se hayan tenido que pagar todavía, según las normas.

Sin embargo, Hacienda no está incluyendo montos devengados como las primas y descuentos de deuda interna y de los intereses devengados de los títulos de deuda externa y préstamos con organismos internacionales, considera la Contraloría.

Otros ¢121 mil millones de fideicomisos de tres instituciones públicas, incluyendo la UCR, no fueron incluidos en la información reportada por la Dirección de Crédito Público.

En este caso, no existe normativa clara emitida por parte de Crédito Público para solicitarle la información a las instituciones, por lo que hace falta claridad en la solicitud de la información que debe ser remitida y posteriormente analizada.

Todo esto tendría posibles implicaciones para la aplicación de la regla fiscal, que se estima en parte con el nivel de deuda del Gobierno Central.

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Por eso, la Contraloría emite disposiciones de acatamiento obligatorio a Melvin Quirós, director de Crédito Público, y Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, como registrar las estadísticas del endeudamiento interno y externo con base base devengado.

Finalmente, hay también otras dudas que tiene la Contraloría, como una diferencia de ¢22 mil millones entre lo que reportaron una muestra de instituciones, así como el tratamiento presupuestario de operaciones de canjes.