Hace 73 años…

Hace 73 años terminaba el Gobierno de Facto de la Junta Fundadora de la Segunda República. El 7 de noviembre de 1949, terminaba también sus sesiones la Asamblea Nacional Constituyente, aprobando la actual Constitución Política y dando inicio el Gobierno de Otilio Ulate.

El Golpe de Estado, impuesto de hecho, a Otilio Ulate el 1 de mayo de 1948, con el llamado Pacto Ulate Figueres, con el cual José Figueres no le entregó de manera inmediata la Presidencia a Ulate, pasada la Guerra Civil, de marzo y abril, que era el compromiso por el cual se había ido a la lucha armada, para hacer respetar el resultado de las elecciones de 1948, que a nivel presidencial habían sido anuladas por el Congreso, como era potestativo del Congreso al conocer el resultado electoral que le presentó el Tribunal Nacional Electoral.

Con frecuencia me preguntan qué hubiera pasado si la nulidad de las elecciones hubiera sido hecha efectiva por los diputados, y los partidos que participaron en las elecciones, y no se hubiera acudido o realizado la guerra civil.

Si se aceptaba la anulación de las elecciones procedía una ronda de negociaciones, entre los diputados y sus partidos, para determinar, entre los candidatos presidenciales, por parte de los diputados cuál escoger para ejercer la Presidencia. Si aun así no se llegaba a un acuerdo, el Congreso podía elegir los Designados a la Presidencia, como lo hacía, y de ellos llamar a ejercer a alguno la Presidencia de la República, como sucedió en la elección de 1913-1914, cuando de esa manera salió electo Presidente de la República el Lic. Alfredo González Flores.

Si eso hubiera sucedido no hubiera habido Guerra Civil en ese momento, aunque el país y el ambiente político estaba sumamente crispado, el ambiente anticomunista mundial de la Guerra Fría, estaba incrementándose y calentándose, el macartismo asomaba sus orejas en Estados Unidos y cobraba forma en la década del 50, con repercusiones a la América Latina, y la mayoría parlamentaria comunista y calderonista, hubiera sido un factor de justificación para “acabar con el peligro comunista”, que ya se hacía “sentir”, y porque en tales circunstancias no se hubiera eliminado el Ejército, que pudo haber jugado su papel en ese sentido, por lo que quizá la guerra civil, o un golpe de Estado militarista, se hubiera realizado posteriormente… pero eso es ficción histórica, porque no sucedió…

La verdad histórica es que hubo una guerra civil para garantizar el triunfo electoral de Ulate, que Otilio Ulate Blanco inició su Gobierno, que Figueres cumplió con entregarle la Presidencia que le había sido burlada, que Figueres ejerció su primer Gobierno, no constitucionalmente, durante los años de 1948-1949, que este Gobierno convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual Constitución Política, que bajo la Junta de Gobierno se abolió el Ejército como institución permanente, que Figueres respetó y amplió las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, aprobados en la Administración de Calderón Guardia, e impulsó una serie de Decretos Leyes, que contribuyeron a moldear la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX hasta hoy.

La Revolución más importante hecha por Figueres no fue la insurrección armada que realizó contra un Ejército institucional débil y contra una fuerza armada puesta por los comunistas también débil, por su falta de apoyo gubernativo.

De todas las batallas de la guerra civil de 1948 Figueres prácticamente no perdió una sola. En todas fue avanzando hasta llegar a Cartago, ante lo cual, para evitar lo que iba a ser una Batalla sangrienta, la de San José, se impuso la racionalidad política para buscar el cese del fuego y el pacto que le puso fin a la Guerra, la Conversación de Ochomogo, el llamado Pacto de Ochomogo, materializado en el Pacto de la Embajada de México, y el Gobierno transitorio del Lic. Santos León Herrera, quien le entregó el gobierno a Figueres el 8 de mayo de 1948.

Así la Revolución más importante de Figueres fueron todos los Decretos Leyes que impulsó bajo su Gobierno de Facto, el respeto a las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, y la aprobación de la Constitución Política, en su Gobierno.

Hoy 9 de noviembre recordamos, entonces, estos eventos históricos, y el ejercicio de una práctica democrática de 73 años de manera continua.

El punto es si esta Democracia política y constitucional que tenemos requiere, o necesita, una reformulación para los próximos 75 años, por lo menos, en paralelo con la duración de la actual Constitución Política, que ha sufrido más de 50 reformas constitucionales que afectan más de 90 artículos, y tiene en trámite legislativo una cantidad de Proyectos de Ley orientados a seguir reformando la Constitución, con igual afectación de artículos. ¿Por qué no abordar de una vez por todas la convocatoria de una Asamblea Constituyente para una gran Reforma del Estado y de la Administración Pública?

Ciertamente no hay dirigentes políticos que produzcan confianza en esta convocatoria, que el ambiente político nacional no se perciba más democrático liberal, que no tiene visos de cambiar en el entorno inmediato, y que el actual Presidente de la República carezca de la visión histórica, que a él mismo podría convenirle de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que no haya líderes en los partidos políticos nacionales, en todo su espectro político, que tengan esa visión de futuro, que tuvo Figueres en sus dos años de gobierno, de 1948-1949. Esos líderes visionarios prácticamente desaparecieron del panorama político costarricense, por ello han surgido los líderes, candidatos y presidentes ocasionales, ad hoc con partidos políticos taxis, Uber…

Por ello es más importante convocar, al menos a la discusión nacional, sobre la necesidad o no de una Asamblea Nacional Constituyente.

Los dirigentes políticos Walter Coto Molina y Alex Solís Fallas han elaborado dos proyectos de Constitución Política que pueden servir para iniciar esta discusión nacional.

La integración de una Comisión Nacional que abra la discusión, ojalá, de manera oficial, sobre la necesidad o no de una Asamblea Nacional Constituyente y una Nueva Constitución Política, podría generar una gran reflexión sobre el Estado costarricense, sobre su necesaria restructuración institucional, enriquecería muchísimo el quehacer político nacional ubicando los huecos institucionales, las fallas hoy existentes y las posibilidades de mejorarlo. ¿Por qué tenerle miedo a esta discusión?

Si valoramos los últimos procesos electorales en América Latina encontramos que en Chile, Colombia y Brasil han ganado fuerzas políticas que son un reflejo del espectro político de esos países de manera amplia, porque buscan un acuerdo nacional de gobernabilidad de solución de los problemas económicos, sociales y políticos que son comunes a todo el conglomerado nacional. ¿Por qué no actuar así en Costa Rica, quitándose los harapos de los prejuicios políticos, en búsqueda del mayor bienestar y la mayor felicidad posible del pueblo costarricense?