Guatemala; falta el pacto social

Guatemala; falta el pacto social

El anuncio, el pasado 15 de septiembre, del presidente Jimmy Morales de que no se celebrarían oficialmente los 196 años de independencia porque el Gobierno no tiene la capacidad de controlar la violencia que pudiera estallar, no debería extrañar a los que siguen la política guatemalteca. Por más acuerdos de paz, firmados en 1994, dando fin a la guerra civil más violenta y más prolongada en la historia centroamericana, no han logrado ponerse de acuerdo los ciudadanos; falta un pacto social.

Durante mucha de la historia, los hacendados, con la ayuda de la Iglesia católica y los militares (la doctrina de estos, sin ninguna interrupción desciende de la época colonial y el ejército de ocupación española) gobernaban con mano dura. Los indígenas se percibían como una clase inferior y el trato a ellos a veces ha sido más subhumano que cualquier otra cosa.

Parte del problema ha tenido sus raíces en la incapacidad de los “castellanos” y los ladinos de comprender la esencia de lo que es la democracia. Los partidos políticos en Guatemala son personalistas; nacen cuando una persona de las clases pudientes quiere correr para presidente y desaparecen cuando lo logra o cuando desiste. Se eligen presidentes y diputados pero la idea de implementar programas de mediano o largo plazo que sirvan para reducir la delincuencia, dotar a toda la población de agua potable, dar a los niños una educación compatible con las expectativas del mundo en el siglo XXI, y ofrecer los rudimentos de atención a la salud de los que viven en las aldeas es algo que está más allá de la comprensión de ellos.

Las plazas públicas de los políticos en campaña en el altiplano consisten en un par de discursos y el regalo de víveres en una bolsa con la foto del candidato presidencial.

Entre los acuerdos de paz se estableció bajo el auspicio de las Naciones Unidas (ONU) una institución llamada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con poderes ilimitados de investigar todo lo que tenga que ver con las finanzas públicas. Cuando la CICIG quiso investigar cómo es que Jimmy Morales, una persona que se dedicó profesionalmente a ser “cómico” en la televisión, financió la campaña que lo llevó al poder, el Presidente quiso expulsar del territorio nacional al director del ente investigador —el exmagistrado colombiano Iván Velásquez. La ONU se negó a removerlo.

En apoyo a Jimmy, la Asamblea Legislativa, por abrumadoras mayorías, aprobó legislación que establece que el financiamiento ilícito de campañas no es delito. ¡Seguramente muchos de ellos tienen algo que esconder!

La gran mayoría del Gobierno pasado de Otto Pérez, incluyendo el mismo expresidente, está en la cárcel por delitos que no tienen que ver con el financiamiento de campañas. Pero esto ha creado un clima de mucho escepticismo frente a los que están en el poder. Quizás tenía razón Morales, el pueblo quería abuchearlo; no deseaba cantar el Himno el día que se celebra la creación de su nación.

cdenton@cidgallup.com