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Tras alegar que se apega a los más recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer hoy que el gobierno de Rodrigo Chaves tendrá prohibido difundir mensajes que exalten sus atributos o logros durante el proceso electoral que arranca en octubre y termina en febrero o abril, dependiendo si hay segunda ronda.
La prohibición incluye difusión de la imagen de sus jerarcas durante el proceso electoral y aplica no solo con la publicidad convencional, sino también con posteos en redes sociales, sin importar si son pagados o no.
La decisión, según el TSE, protege el derecho de la ciudadanía a una competencia electoral equitativa.
En la fundamentación de su decisión, los magistrados electorales recordaron que el constituyente de 1949 se preocupó por incluir cláusulas que aseguran que ninguna de las fuerzas políticas en contienda obtuviera ventajas indebidas del aparato público.
“El numeral 142 del Código Electoral persigue ese fin: impide que, durante el período de campaña, ‘las instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y los concejos municipales’ divulguen —por cualquier medio de comunicación— información sobre los logros del gobierno”, indicó el TSE.
Hasta la fecha, el TSE había interpretado que las instituciones públicas enlistadas en el numeral 142 del Código Electoral sí podían divulgar —durante el período de campaña— la obra pública realizada y los logros gubernamentales en sus plataformas digitales, siempre que no mediara pago, pues, según su lectura, lo prohibido era la pauta publicitaria pagada.
Sin embargo, esa interpretación no se corresponde con el estándar que recientemente ha fijado la Corte IDH. En los casos Capriles vs. Venezuela y Mantilla vs. Nicaragua, se indica que las plataformas y redes sociales de las instituciones públicas deben controlarse, puesto que “podrían convertirse en ventanas de exposición de la opción oficialista o de la candidatura que apoya el gobierno en funciones”.
