Gobierno abre la puerta para legalización de Uber
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Al pretender un impuesto del 13% para todos los usuarios de Uber, el gobierno abre la puerta a la legalización de la plataforma de movilidad colaborativa.


Sería ilógico que la Policía de Tránsito persiguiera a los choferes de la empresa para imponerles una multa de hasta ¢2 millones, mientras que el Ministerio de Hacienda cobra tributos sobre los servicios brindados por la empresa, advierten varias organizaciones de consumidores consultadas por LA REPÚBLICA.


En ese sentido, piden al gobierno sentarse a conversar de una vez por todas sobre la regularización de este tipo de servicios a través de aplicaciones.


“Uber no puede ser legal únicamente para cobrarle impuestos, eso es claro. O es legal o es ilegal, pero no puede estar a derecho solo para algunas cosas. Si el gobierno pretende cobrar el IVA de 13% a la movilidad colaborativa, no tendrá otro camino que normalizar la situación de la empresa como un negocio válido y cobrar los impuestos como se debe”, dijo Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres.


El gravamen, que pretende el Estado para Uber, se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se discute en el Congreso, y que ya superó el debate en la comisión especial, por lo que en principio, contaría con el respaldo de los diputados.


La iniciativa en cuestión sustituiría el impuesto de ventas actual por el IVA, lo que le permitiría cobrar impuestos a servicios que hoy están exentos como Uber, Netflix y Spotify, además de gravar asesorías profesionales de arquitectos, abogados, periodistas, doctores e ingenieros y otros servicios como gimnasios o clases particulares.


“Aquí lo primero es que el gobierno defina de una vez por todas, cuál es la situación de Uber en Costa Rica, antes de meter impuestos de manera voraz como lo está haciendo. Sería un ridículo total que Hacienda le cobre impuestos a la plataforma y en las calles la Policía de Tránsito haga multas a los choferes que dan el servicio”, indicó Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica.


Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda insiste en que toda actividad lucrativa que se realice en suelo nacional debe apegarse a la ley; por eso, no solo pretende el IVA, sino también empezar a cobrarle renta a la compañía.


Por otra parte, la administración tributaria asevera que “la legalización de las actividades de la empresa Uber en el país no es competencia de Hacienda”.


“Toda empresa que brinde servicios en el país debe cumplir con sus obligaciones tributarias, sin distingo. Actualmente la administración tributaria realiza todas las gestiones posibles para cobrar los impuestos correspondientes por los servicios que brinda la empresa Uber en el país, incluido el pago de la renta y eventualmente el IVA”, dijo Carlos Vargas, director general de Tributación.


Sobre este tema se trató de obtener una opinión de la empresa Uber, pero se abstuvieron.


Durante la campaña política, varios candidatos presidenciales, entre los que estuvo el presidente electo Carlos Alvarado, se manifestaron a favor de conversar sobre la legalidad del servicio, ya que “no se puede detener el avance de la tecnología”.

Para agosto del año pasado, había más de 17 mil choferes de Uber en el país, mientras que unas 500 mil personas se habían registrado para el uso de la aplicación.


Uber tiene más de dos años de operación en el país.

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Fuente Uber



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