Garnier se aferra y Liberman guarda silencio

Resta importancia a amenazas de la oposición de entrabar el Congreso

Garnier se aferra y Liberman guarda silencio

Presidenta Chinchilla ampliará criterios por los cuales Vicepresidente y Ministro de Educación no deben renunciar

Leonardo Garnier, ministro de Educación, no cederá a las presiones de la oposición y no renunciará a su cargo por el informe emitido por la Procuraduría de la Etica, tras la carta que firmó a favor de la empresa Procesos.

Por otra parte, Luis Liberman, vicepresidente de la República, guarda silencio sobre los cuestionamientos en su contra.

El jerarca de Educación niega que la misiva que redactó fuera una recomendación, y defiende que solo fue una referencia por un trabajo contratado, la cual cumple con las directrices contempladas en la ley.

Por el contrario, aduce que el informe fue malinterpretado por la Procuraduría y por ende no existe una razón sólida para dejar su cargo.

“No me parece que corresponda ni siquiera pedir disculpas por algo que era mi deber hacer. El informe es simplemente un informe y no una sentencia o una resolución. Mi carta no tiene ningún elemento de recomendación, solo de referencias”, manifestó Garnier.

No obstante, el Ministro fue enfático en que solo analizará dejar su cargo, en el momento en que su negativa a dimitir interfiera con el cumplimiento de las metas que la presidenta Laura Chinchilla prometió realizar, lo cual a su juicio aún no ocurre.

Desde el jueves pasado, la oposición tiene paralizada la agenda de la Asamblea Legislativa y no pretende ponerla a caminar hasta que la mandataria emita sanciones contra los cuatro funcionarios que firmaron una carta en aras de que la compañía Procesos ganara un asesoría para la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Además de Garnier y Liberman, se trata de Amparo Pacheco, directora de Asignaciones Familiares, y Gladys González, asesora del Viceministerio de Educación.

Debido a la parálisis legislativa no se han aprobado los proyectos de Eurobonos y Transparencia Fiscal, los cuales contaban con la viabilidad política para ser aprobados en primer debate en el Congreso.

Esas iniciativas forman parte de las medidas alternas que la actual administración impulsa tras la caída de la reforma tributaria.

La permanencia de esos cuatro funcionarios públicos es defendida por Chinchilla, quien aduce que no existen razones de peso para prescindir de sus servicios.

Será en el transcurso de esta semana cuando la Presidenta aclarará de forma más extensa, las razones que tuvo para omitir el informe de la Procuraduría, en el cual se le recomienda sancionar a esos funcionarios por supuestamente haber faltado a sus principios éticos.

En el informe, del cual este medio tiene una copia, la Procuraduría recomendó a la gobernante tomar medidas correctivas.

Acciones que habían podido ir, desde emitir una sanción, girar una suspensión, hasta separar a los funcionarios de sus cargos.

Junto a las cartas emitidas por esos cuatro funcionarios públicos, la Procuraduría también analizó, una quinta, firmada por Adrián Chinchilla, hermano de la Presidenta.

Sin embargo, como no ejerce ningún cargo público, lo excluyó del informe, el cual es confidencial.

El contrato que se investiga se dio en agosto de 2011, cuando la firma Procesos obtuvo una contratación directa en Recope por ¢18 millones, para dar asesorías a la junta directiva de esta institución sobre la modernización de la refinería de Limón.

Natasha Cambronero

ncambronero@larepublica.net