Frente Amplio sobre eliminar inmunidad de Rodrigo Chaves: “Nadie está por encima de la ley”

A siete meses de las elecciones presidenciales, el Frente Amplio expresó su respaldo al levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, quien enfrenta una acusación penal por el supuesto delito de concusión. 

La jefa de fracción de ese partido, Rocío Alfaro, aseguró que la solicitud enviada por la Corte Plena a la Asamblea Legislativa representa “un excelente mensaje a la ciudadanía”, al reafirmar que “nadie está por encima de la ley”

“Recibimos con satisfacción el aviso de que la Corte Plena hará llegar a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantamiento de la inmunidad del señor presidente de la República (…). De parte del Frente Amplio, votaremos afirmativamente la petición y esperamos que sea por una amplia mayoría o incluso por unanimidad, porque la paz de Costa Rica merece esto: procedimientos claros, transparentes y una rendición de cuentas adecuada por quienes gobiernan”, declaró Alfaro.

El pronunciamiento se da un día después de que 15 magistrados de la Corte Plena acogieran una solicitud de la Fiscalía General y pidieran a los diputados eliminar el fuero del mandatario para que enfrente cargos penales. La acusación también incluye al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

La Corte Plena tomó esta decisión histórica tras analizar una causa en la que se investiga una presunta contratación hecha a la medida para beneficiar con más de $400.000 a la empresa RMC La Productora S.A., que brindó servicios de comunicación y análisis a Casa Presidencial. 

Según la acusación, el presidente Chaves y Rodríguez habrían inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente a Federico Cruz Saravanja, asesor y amigo cercano del presidente. 

El beneficio —valorado en $32.000— se habría concretado a través de un contrato de consultoría con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el fin de facilitarle la compra de una vivienda.

El delito de concusión, por el que Chaves es señalado, castiga con penas de entre dos y ocho años de prisión a quienes, abusando de su cargo, obliguen o induzcan a otros a entregar bienes o beneficios indebidos.

Ahora, el expediente pasa a manos del Congreso, que deberá integrar una comisión especial para revisar la solicitud y, posteriormente, decidir en el plenario con al menos 38 votos si se le retira la inmunidad al presidente. Será la primera vez que la Asamblea enfrente una petición de este tipo contra un mandatario en ejercicio.