Fondo de Avales requiere de ajustes para funcionar, según Cámara de Turismo

El Fondo de Avales, un proyecto presentado por el Gobierno para dar garantías a las empresas turísticas para que accedan a financiamiento, requiere de importantes cambios para funcionar en la práctica.

Así lo plantea la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), que agrupa a todas las cámaras dedicadas a este sector de la economía.

“Tal y como está redactado, no funcionaría en la práctica y más bien, acarrearía costos sociales, económicos y políticos que serán una carga mayor para el sistema financiero nacional, el Banco Central y el Gobierno”, expresó Rubén Acón, presidente de Canatur.

El proyecto debe aclarar que el Fondo no solo es para financiar, sino también para reestructurar créditos vigentes, para personas o empresas afectadas por la Covid-19, primordialmente en sectores estratégicos afectados como el turismo y transportes, que atraviesan por un problema de liquidez temporal a raíz de la crisis, y no de solvencia, argumentó la Cámara.

Para demostrar sus problemas de liquidez o solvencia, dichas empresas o personas deberán demostrar que antes de la pandemia tenían una satisfactoria calificación en la Central de Información de Deudores de la SUGEF, con base en su morosidad histórica y capacidad de pago de ese momento.

Otra sugerencia es que debe aclararse en el texto que los avales del Fondo vienen a complementar las garantías existentes, no a sustituirlas.

Asimismo, debe asegurarse compromiso de los intermediarios de mejorar las condiciones de plazo, cuota, tasas de interés y costos en general de los créditos vigentes, siempre y cuando las empresas beneficiarias mantengan nivel de empleo en el momento en que reciben el beneficio del aval.

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Los empresarios turísticos también critican que la conformación del consejo rector del Fondo está muy recargada en funcionarios públicos (tres ministerios) y sólo tiene dos miembros externos que son nombrados por el mismo Poder Ejecutivo.

“Esto le da un gran riesgo de politización al Fondo, el cual debe tener un consejo rector con miembros profesionales con total independencia, y con reconocida experiencia en materia bancaria y financiera. Nuestra solicitud es que los miembros externos deben ser propuestos por la UCCAEP”, agregó Acón.

Para que el Fondo funcione y atraiga a las entidades financieras, se avala hasta un máximo equivalente a la pérdida esperada por grupo de riesgo homogéneo propuesto por cada intermediario, pero no debería ser castigando en demasía para cubrir solo el 70% de la pérdida, como está actualmente en el texto.

“Recuérdese que los intermediarios están asumiendo ya el riesgo de toda la cartera de crédito que está en riesgo y que el Fondo solo viene a paliar parte de dicho riesgo, que es una pérdida esperada teórica”, argumentó el presidente de Canatur.

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En este sentido, proponer un aval del 60% o 70% de las operaciones individuales atrasadas, es quitarle efectividad y atractivo al Fondo, según el análisis de Canatur, ya que, en tiempos normales, se estila avalar hasta el 80% del saldo de las operaciones de crédito después de cierta cantidad de meses de atraso. Incluso así lo establece la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.

Por último, la propuesta de que el Fondo se constituya en colones o que los recursos deben aportarse al Fondo por tractos en cinco años, es llevar a la mesa una figura que en la práctica no funcionaría.

En cambio, Canatur propone que los $300 millones del crédito con el BCIE deben ingresar íntegros al patrimonio del fideicomiso desde el inicio y con estos recursos, adquirir certificados de depósito de los bancos del Estado, a cambio de promover créditos para capital de trabajo o inversiones, con lo cual habría un primer impacto de recursos frescos de hasta $ 550 millones por el multiplicador bancario del sistema.