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Jueves, 2 de mayo de 2024



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Para el 2023 U públicas se repartirán ¢564 mil millones

Fiscalizar FEES no implica violentar la autonomía universitaria según diputados

Con propuesta de Rodrigo Chaves, la Contraloría podría sancionar a los centros de enseñanza por no cumplir con metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 24 octubre, 2022


“Creo que el Estado tiene derecho a exigir una serie de parámetros para las universidades, sin que eso implique que hay una violación a la autonomía universitaria”, dijo Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista. Cortesía/La República.
“Creo que el Estado tiene derecho a exigir una serie de parámetros para las universidades, sin que eso implique que hay una violación a la autonomía universitaria”, dijo Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista. Cortesía/La República.


Verificar el cumplimiento de las metas de la educación superior con indicadores medibles es una propuesta que cuenta con buen ambiente en la Asamblea Legislativa, no solo porque se trata de una práctica de transparencia y buena gestión de los recursos públicos, sino también porque no violentaría de ninguna manera la autonomía universitaria.

Lea más: Rodrigo Arias: Las Universidades Públicas son autónomas en la gestión de los recursos económicos

Liberación Nacional, Unidad, Nueva República y el partido Liberal Progresista concuerdan en que es necesario fiscalizar el gasto público que hacen las universidades y que ascenderá para el 2023 a ¢564 mil millones.

Y es que hasta el momento, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no implica variables de cumplimiento de ningún tipo y por ello, las U estatales trabajan completamente a la libre.

“Creo que el Estado tiene derecho a exigir una serie de parámetros para las universidades, ya que están haciendo uso de fondos públicos que provienen de los impuestos que pagan los costarricenses, por lo que veo con buenos ojos la propuesta del gobierno, sin que eso implique que hay una violación a la autonomía universitaria”, dijo Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista.

Lea más: Daniela Rojas: Gasto de universidades debe priorizar la inversión y las becas, y no el gasto corriente y salarios privilegiados

A inicios de mes, el presidente Chaves presentó un proyecto para tener un mejor control del gasto público de las universidades.

La iniciativa, establece que las U públicas estarán obligadas a presentar informes de cumplimiento de metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo a la Contraloría, a la vez, que sus gastos tendrán que estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo.

Por otra parte, el FEES ya no sería administrado por los centros de enseñanza, sino por el Banco Central, que otorgaría el dinero mes a mes. Lo que no se ejecute volverá a caja única del Estado.

El plan prohíbe la creación de más pluses salariales para cualquier funcionario de las U públicas.

“Desde nuestra fracción velaremos para que exista una mejora en los controles priorizando el buen uso de recursos públicos y su distribución. Los recursos del FEES deben destinarse para los estudiantes, en este sentido priorizar la inversión, el gasto de capital y las becas, más allá de gasto corriente y salarios privilegiados”, agregó Daniela Rojas del PUSC.

La idea del gobierno de Chaves sería copiar el modelo de los países desarrollados que establece una fiscalización sobre el número de estudiantes admitidos y graduados; el costo por estudiante por carrera; el costo de los proyectos de investigación e impactos obtenidos y esperados y otros indicadores de productividad y eficiencia.


Mayor control


Una mayor fiscalización sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es lo que propone el presidente Rodrigo Chaves, quien presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley.
Esos son los principales puntos de la propuesta:

• El FEES será administrado por el Banco Central
• Cada mes las U Públicas deberán solicitar el dinero para sus gastos
• Cualquier excedente al finalizar el ejercicio económico pasará a caja única del Estado
• Se crea el Consejo de Coordinación de la Educación Superior con participación de Hacienda, el MEP y las universidades.
• Este órgano velará porque el plan de desarrollo de la educación superior sea congruente con el Plan Nacional de Desarrollo
• La propuesta de cada una de las universidades tendrá metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo
• Se prohíbe destinar fondos públicos a la creación de nuevos pluses
• Las Universidades Públicas deberán presentar al año a la Contraloría un informe financiero de la ejecución de los recursos
• En informe tendrán que incluir los logros alcanzados, métricas de rendimiento y otros resultados


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