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Proyecto de Rodrigo Chaves para regular el FEES es un "adefesio político", Rector de la UCR

Walter Herrera wherrera@larepublica.net | Miércoles 12 octubre, 2022 06:30 p. m.


Rodrigo Chaves fees
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica. Archivo/La República


Con el objetivo de garantizar el uso adecuado del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el presidente Rodrigo Chaves propuso a través de un proyecto de ley, que el Banco Central de Costa Rica sea quien administre dichos recursos.

Sin embargo, esta idea la catalogó como un "adefesio político" el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez.

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“Es un adefecio político de amenaza para al Estado Social de Derecho; peligrosísimo para el funcionamiento de las universidades, que no pueden jamás, bajo ninguna circunstancia, depender de los intereses de gobiernos de turno”, dijo el rector a Semanario Universidad.

El rector de la UCR también manifestó su descontento ante lo planteado por el Ejecutivo: “No es ninguna insinuación, lo dice claramente. Que nosotros antojadizamente nos seleccionamos nuestros salarios (…) Eso no funciona así, lo que demuestra un tremendo desconocimiento del quehacer universitario”.

El proyecto de Chaves propone que las universidades públicas realicen sus solicitudes de fondos, de acuerdo con su programación de gasto, de manera que, cualquier excedente que quede al finalizar el ejercicio económico pase al Gobierno.

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Además, estarán obligadas a presentar un informe financiero anual de la ejecución del Fondo.

“Los presupuestos de cada institución son aprobados por la Contraloría General de la República (CGR) y al finalizar cada año, esto es una tarea anual, se remite un informe sobre la liquidación presupuestaria y corresponde además a la Asamblea Legislativa como máximo órgano representativo del país, fiscalizar aspectos adicionales a la ejecución de estos recursos en las universidades públicas. No es tarea del Poder Ejecutivo”, agregó Gutiérrez.

Las U públicas se repartirán ¢564 mil millones para el 2023, según un acuerdo entre el gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) con el incremento del 1% por concepto de costo de vida con relación al monto establecido este año.


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