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Miércoles, 22 de enero de 2020



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Nueva propuesta garantizaría mayor agilidad y transparencia

Excesivo reglamento motivó a diputados a frenar Ley de Contrataciones

En el 2018 instituciones públicas hicieron compras por unos ¢4,5 billones

Esteban Arrieta [email protected] | Martes 17 diciembre, 2019

El nuevo plan obligaría a todas las instituciones a hacer sus contrataciones a través de un solo sistema, confirmó Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación Nacional. Cortesía/La República.
El nuevo plan obligaría a todas las instituciones a hacer sus contrataciones a través de un solo sistema, confirmó Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación Nacional. Cortesía/La República.


Lograr negociaciones del Estado más ágiles y transparentes motivó a los diputados ayer a presentar un nuevo texto de trabajo para la Ley de Contrataciones.

Al mismo tiempo, desecharon la propuesta que hizo la Contraloría General al considerar que esta se convertiría en un obstáculo más para el desarrollo, pues “es reglamentista y no toma en cuenta diversas particularidades”.

En todo caso, el nuevo texto de trabajo sí mantiene el espíritu inicial del órgano fiscalizador, que es lograr una mayor transparencia y agilidad, confirmó Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación Nacional.

“Lo que buscamos con este texto sustitutivo es recoger una serie de observaciones que se han venido generando en la comisión, con el fin de hacer más ágiles y transparentes los procesos (….). Después de 25 años de la actual Ley de Contratación Administrativa, consideramos que se requiere actualizar la normativa, pero hagámoslo pensando siempre en mejorar”, dijo Delgado.

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El nuevo plan obligaría a todas las instituciones a hacer sus contrataciones a través de un solo sistema, con el objetivo de garantizar eficiencia y descartar cualquier caso de corrupción.

Por otra parte, se pretende evitar que las instituciones que hoy cuentan con un régimen especial, como es el caso del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), se vean afectadas.

No obstante, todavía quedan temas pendientes, como sería el caso de quién sería el organismo rector del sistema, así como el establecimiento de nuevos umbrales para procedimientos más ágiles y de menor cuantía; o bien, para casos de emergencia.

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El año pasado las instituciones públicas -excluyendo la compra de gasolina por parte de Recope – hicieron compras por un valor superior a los ¢4,5 billones.

“He votado a favor del nuevo texto porque se introducen cambios que ayudarían a afinar una ley de contrataciones modernas, aunque aún quedan temas pendientes que necesitamos resolver, como es el caso de establecer procesos ágiles para las dependencias estatales que así lo requieran”, dijo José María Villalta, diputado del Frente Amplio.

La iniciativa se discute en la Comisión Especial de Contrataciones desde finales de octubre, y desde que comenzó su trámite ha sido cuestionada por los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Seguros y el Incofer, entre otras instituciones.

Preocupados

El proyecto inicial que presentó la Contraloría no contaba con el respaldo de diversos actores públicos.

Elizabeth Briceño

Presidenta

Instituto Costarricense de Ferrocarriles

En el caso del Incofer, hay que recordar primeramente que tiene una propia ley para garantizar agilidad en sus procesos de contratación.

Ahora bien, en torno a la propuesta de la Contraloría, nos parece es muy reglamentista, mientras que el esquema de apelación complicaría el aspecto operativo.

Gabriela Trejos

Departamento Legal

Ministerio de Obras Públicas

La propuesta de la Contraloría estaría recortando prácticamente a la mitad los montos máximos para hacer licitaciones abreviadas.

Esto implicaría que una gran cantidad de proyectos que hoy realizamos por esta vía no se podrían hacer, trasladando todas las contrataciones a procesos de licitaciones mayores, llevándonos a cumplir más requisitos.


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